En un par de oportunidades nos hemos ocupado acá del manejo que hacen los gobiernos del socialismo de los fondos de la coparticipación federal que están afectados a educación, ciencia y cultura por la Ley 26.075 de financiamiento educativo; en la parte que les corresponde proporcionalmente a las municipalidades y comunas.
En ésta entrada mostrábamos como el gobierno de Bonfatti trataba esos recursos como si fueran de la provincia y no les correspondieran a las municipalidades y comunas; y en ésta otra veíamos el reclamo de un grupo de intendentes y presidentes comunales contra una serie de decretos provinciales por los que esos recursos eran incorporados al presupuesto provincial para ser distribuidos discrecionalmente entre las diferentes localidades santafesinas, cuando debían ser transferidos automáticamente en base a los índices de distribución de la coparticipación.
El decreto cuyas imágenes ilustran el post podría ir más lejos aun: lo que está haciendo Lifschitz a través de él es tomar 300 millones de pesos de esos fondos, y usarlos para financiar la emisión de pagarés o letras del Tesoro, para documentar deudas a corto plazo de la provincia.
Si esas deudas son con terceros (por ejemplo proveedores o contratistas) estaríamos en presencia de una lisa y llana malversación de fondos, porque se les estaría dando un destino distinto al que tienen legalmente asignados.
Si los destinatarios de esos pagarés son las municipalidades y comunas significaría que la provincia (que en estos momentos tiene superávit en sus cuentas por los fondos adicionales que le llegan de nación por el fallo de la Corte) se está financiando a costa de los recursos genuinos de las comunidades locales, y en desmedro de lo que éstas pueden aportar a la educación y la cultura.
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