¿Se acuerdan que cuando Macri lanzó el
blanqueo de capitales lo “disfrazó” con el pago de los juicios pendientes a los
jubilados?
A punto tal que del
blanqueo en sí casi ni se hablaba, y que hicieron un acto donde el presidente
les explicaba a un grupo de jubilados como iban a “saldar la deuda histórica”
que el país tenía con ellos, a partir del éxito del blanqueo.
Mientras tanto, en
el proyecto que se mandó al Congreso el “programa de reparación histórica a los
jubilados” se iba a financiar con recursos bien concretos: los activos del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES; para lo cual se
propiciaba derogar la Ley 27.181 sancionada en el gobierno de Cristina,
prohibía vender las acciones que el organismo tiene en distintas empresas privadas,
sin autorización especial del Congreso con mayoría agravada.
Merced a su acuerdo
con la “oposición responsable” (Massa, Bossio y Pichetto) Macri logró que el
proyecto avanzara en el Congreso y fuera sancionado como Ley 27.260, cuyo
artículo 28 y concordantes autorizaban a usar los recursos del FGS para pagar los
juicios, los acuerdos conciliatorios y el reajuste de los haberes a una porción
ínfima de los jubilados, los de mayores ingresos de todo el sistema. El
artículo 35 de la ley barrió con el “cepo” legal impuesto a la venta de las
acciones del Fondo.
Ayer amanecimos con
títulos catástrofe de los diarios que daban cuenta de que un juez
“condicionaba” el pago a los jubilados y el reajuste de sus haberes, al hacerle
lugar una cautelar promovida por un ex
funcionario de la ANSES de Alfonsín y Kirchner tendiente a evitar que se usen
los recursos del Fondo de Garantía a esos fines, poniendo en peligro la reserva
legal y financiera del sistema previsional, necesaria para el caso de que los
recursos ordinarios del mismo no alcanzaran para atender el pago regular de las
jubilaciones y pensiones.
Una preocupación razonable cuando la recaudación
viene cayendo en términos reales (perdiendo por goleada frente a la inflación y
la baja en el nivel de actividad), y crece el desempleo, cayendo en
consecuencia las contribuciones a la seguridad social (aportes personales de
los trabajadores y contribuciones patronales); de un modo que ya se hizo
notorio en el escaso aumento arrojado
por la fórmula de la ley de movilidad, como veíamos acá.
Como bien dice elpropio juez al resolver la cautelar, si lo que al gobierno le
preocupa es cumplir con el “programa de reparación histórica”, puede echar mano
a esos fines a los recursos del presupuesto, que ya contempla partidas para el
pago de los juicios.
Pero lo curioso es
que nadie -ni el juez ni los medios que titularon con expresiones catastróficas
la noticia- se hayan acordado de los fondos del blanqueo, para vincularlos con
éste tema.
Porque aunque desde
el anuncio inicial de Macri (recordemos: el blanqueo era para juntar plata para
pagarles a los jubilados) a la posterior discusión en el Congreso y aprobación
de la ley la cosa fue perdiendo voltaje, lo cierto es que aunque sea perdido y
al costadito, lo dejaron sentado.
En efecto, el
artículo 51 de la Ley 27.260 dispone en su segundo párrafo que “El producido del gravamen establecido en el artículo 41 se
destinará a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organismo
descentralizado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (MTEySS), para atender al Programa Nacional de Reparación Histórica para
Jubilados y Pensionados, y no deberá ser considerado a los fines del cálculo de
la movilidad dispuesta por la ley 26.417.”.
Así que a no
alarmarse por la cautelar judicial; muchachos; porque tienen al alcance de la
mano la solución al problema para poder cumplir con “el programa de reparación
histórica: usan lo recaudado por el impuesto especial a los que blanqueen, y listo. De hecho, Abad sigue haciendo propaganda a favor de blanqueo justamente con ese argumento.
Si es el exitazo que pronosticaron cuando lo
lanzaron, no deberían tener problemas: les tiene que alcanzar y sobrar.
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