Posiblemente por el tiempo transcurrido y porque los medios tratan de que el tema quede olvidado lo hayamos perdido de vista, pero el tarifazo de la luz tuvo un proceso similar al del gas con presentaciones judiciales en contra en todo el país, e incluso antes, porque la resolución de Aranguren que lo habilitó fue de enero de éste año.
Las presentaciones judiciales todavía no se resolvieron definitivamente, al menos con un fallo de la Corte que siente un criterio definitivo, pero sin embargo ya le dio un guiño al gobierno para avanzar con el aumento con el caso que falló la jueza Forns de San Martín.
Durante todo este tiempo y hablando de los aumentos de tarifas, se alabó la “capacidad” del gobierno de “rectificar errores” y dar marcha atrás con los aumentos, obviando que en la mayoría de los casos no le quedó más remedio porque había fallos judiciales que lo obligaban a hacerlo.
También se no dijo que Macri y Aranguren habían aprendido la lección, y de ahora en más iban a respetar las formas, como por ejemplo llamar a audiencia pública para aumentar las tarifas.
Sin embargo no sería tan así, al menos a juzgar por lo que se puede ver en el Boletín Oficial de hoy, en el que está publicada la resolución 384 de la Secretaría de Energía de la nación, que fija los precios de la energía en el mercado mayorista para el período comprendido entre el 1º de noviembre y el 30 de abril del año que viene.
Los precios que se fijan son los que queda autorizada CAMMESA a cobrarles a las distribuidoras (por ejemplo acá la EPE), y son exactamente los mismos que había fijado Aranguren en su Resolución 6 del mes de enero de éste año, hasta el último centavo.
En los considerandos de la resolución no existe la más mínima mención a presentación judicial alguna contra el tarifazo de la electricidad, ni a la necesidad o no de hacer audiencias públicas.
Por el contrario, señala que el precio de la energía debe ser fijado por el mercado conforme a la Ley 24.065 que rige el mercado eléctrico, y debe tenderse a disminuir progresivamente los subsidios del Estado para que las tarifas reflejen estrictamente los costos de producción, que no da la más mínima pista sobre como se conforman: recordemos por ejemplo que más de un 30 % de la generación de energía se hace utilizando gas, con lo cual un aumento incide sobre el otro.
Es decir que la resolución de hoy “copia y pega” la de Aranguren de enero, y aquélla usaba exactamente los mismos argumentos que el gobierno usó en el caso del gas para aumentarles sideralmente el precio del gas en boca de pozo a las petroleras. O sea que de “capacidad de rectificación” o de “reconocer los errores”, poco y nada. Porfiado el hombre, como todo buen vasco.
Lo mismo que la EPE acá, que durante todo el proceso jamás dejó de trasladarles a los usuarios ese nuevo precio mayorista de la energía, sin darle ni cinco de pelota a los amparos y cautelares tanto de jueces provinciales como federales, que frenaban el aumento.
Esperemos que ahora (considerando que los precios a los que compra la electricidad seguirían siendo los mismos de enero) no nos vengan con un nuevo aumento, porque resulta sospechoso que justo ahora deciden sacar un decreto para que previo a los aumentos de las tarifas de la EPE se haga audiencia pública. La imagen de apertura está sacada de acá.
Bonus track: por si fuera poco lo de la luz, hoy también en el Boletín Oficial está publicada la Resolución 395 del Ministerio de Transporte, que establece las nuevas pautas para la liquidación de los subsidios al transporte automotor. No sea cosa que nos enteremos después que, como dijimos acá, hay otro tarifazo encubierto.
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