PROYECTO PARA UN MERCADO CIEGO

Por A.C.

Informan los medios que ingresará al Congreso un proyecto de  reforma de la ley de mercado de capitales (Ley 26.831), sancionada en el año 2012.

Antes de esa fecha, el mercado de capitales en Argentina estaba regulado por la Ley 17.811. De acuerdo a esa vieja ley, el sistema de supervisión, control y sanción de los intermediarios como las sociedades y agentes de bolsa, quedaba reservada a los propios mercados de valores, ya que regía un sistema de autorregulación del mercado a cargo de sus propios componentes. 

Por lo tanto, no había control ni sanciones, porque el mercado se controlaba a sí mismo. Ante la ilegalidad de ciertas operaciones que efectuaban algunos actores del mercado y sobre las que no había control alguno, todo culminaba con la masiva estafa de los ahorristas o inversores, como lo saben bien en nuestra región quienes perdieron todo a manos de Bolsafe Valores y sus responsables visibles y ocultos.

Para evitar este tipo de maniobras y transparentar realmente el mercado de capitales, el anterior Gobierno Nacional impulsó la sanción de la Ley 26.831, y con esa normativa quedó sin efecto el anterior y vetusto sistema de autorregulación del mercado, estableciéndose la fiscalización estatal permanente de la operatoria bursátil a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Paralelamente, y para la misma época, con el fin de aumentar la capacidad operativa en la investigación de delitos complejos en materia económica, a instancias de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Por ésta causa, también se explica la ofensiva que sufre actualmente la Procuradora para ser separada de su cargo.

El actual presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, dice sobre la Ley 26.831 sancionada en el año 2012 que “La ley no fue mala. Provocó cambios positivos como la desmutualización, pero sí tiene algunos artículos que hace falta modificar, como el 20° o el 19°, que permiten avanzar sobre las empresas sin sumario previo. “

Y los artículos 19 y 20, son justamente los que establecen las facultades de la CNV, el organismo que justamente preside Ayerra.

Entre estas atribuciones de la CNV se encuentran algunas que al parecer, le resultan excesivas al Sr. Ayerra, como la facultad de declarar irregulares actos contrarios a la ley o fiscalizar y sancionar a los sujetos que actúan en el mercado violando la normativa. También le resulta excesivo al actual titular de la CNV, promover la defensa de los intereses de los pequeños inversores, o actuar en materia de prevención de lavado de dinero y fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a lavado con intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

También le parece un exceso, o según sus palabras “avanzar sobre las empresas”, hacer uso de sus facultades, es decir solicitar informes a las entidades bursátiles, o realizar investigaciones e inspecciones ante denuncias o ante la observación de irregularidades. 

Claro que si la CNV retomara éstas actividades abandonadas desde el inicio del gobierno de Macri, podría comprobar -por ejemplo- que se vulneran intereses de tenedores de títulos, o de accionistas minoritarios, y entonces la CNV tendría que designar veedores con facultad de veto sobre las resoluciones irregulares que toman algunas empresas, o separar a sus directivos del cargo hasta regularizar las deficiencias encontradas, o requerir a los jueces que ordenen allanamientos, denunciando los delitos y constituyéndose como querellante. 

Como éstas actividades incomodarían a ciertos actores del mercado, el actual presidente de la CNV nunca las ejerció, y se expresa esperanzado en la reforma de la ley, para que éstas facultades sean recortadas y no se encuentre en la obligación legal de tener que ejercerlas, obligación legal que en la actualidad incumple.

De sancionarse el proyecto de ley que propicia el gobierno macrista, volverá a instaurarse el absurdo sistema de autoregulación del mercado, es decir se abandona al mercado en manos de los grupos más concentrados, con las consecuencias previsibles en cuanto a defraudaciones y control monopólico de la oferta.

Por eso el Sr. Ayerra resalta, como surge de sus declaraciones, que desde la CNV ya se trabaja reinstaurando el procedimiento de "book building", que consiste en direccionar gran parte del cupo de las operaciones hacia determinado o determinados compradores de títulos o acciones. Se preacuerda la compra con determinados inversores antes de comenzar la licitación, lo que imposibilita al resto de los inversores, sobre todo a los pequeños, adquirir esos títulos o acciones que se ponen “a la venta”. El negocio más interesante, las acciones o títulos con mayores rendimientos, quedan para unos pocos grandes, y para el resto, solo quedan las acciones basura o inversiones de gran volatilidad.

En  el año 2011 a través de la Resolución 597/11, la CNV implementó una serie de modificaciones en el mecanismo que se utiliza en la colocación inicial (primaria) de los títulos del sector privado (acciones y obligaciones negociables, entre otros), para evitar la posibilidad de que se produzcan manipulaciones en dichas operaciones, como inevitablemente ocurre utilizando el sistema"book building". 

La medida apuntaba a transparentar las colocaciones de instrumentos de privados y a incrementar la participación del público en las mismas, y como afirmaba el entonces presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, "un esquema donde las colocaciones se hagan a través de subastas o licitaciones públicas, utilizando sistemas informáticos, conlleva una mayor publicidad y conocimiento por parte del público inversor".

Así se eliminaba en la práctica el siempre sospechoso procedimiento de "book building", en el que la asignación de las ofertas podía quedar en manos de sólo algunos grandes inversores, con los que ya se había acordado antes de lanzar la oferta.

Pero hoy el Sr. Ayerra desde la CNV reinstaura el procedimiento de "book building", es decir que un funcionario estatal al que todos le pagamos un muy elevado salario, trabaja desde el Estado como broker o agente de las grandes sociedades de bolsa, para garantizarles una alta rentabilidad en negocios privados,  tarea que difícilmente no origine algún reconocimiento.

Y además, hay otra motivación que les resulta imposible ocultar: las acciones de propiedad del Estado en importantes empresas como  Techint o Grupo Clarín. Posiblemente, solo posiblemente, en su momento, y a través del sistema "book building”, esas acciones se pongan a la venta, y mediante acuerdo previo, sean los propios compradores quienes fijen el precio de compra.  

No es muy difícil imaginar quienes serán los compradores de esas acciones.