TELÉFONO PARA EL CONGRESO

En la nota que fue tapa ayer en Página 12 (completa acá) Fernando Krakowiak contaba las peripecias de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento; licitada durante el gobierno de Cristina pero que estuvo a punto de caerse porque el consorcio ganador (que integran entre otros IECSA, la empresa que Macri ¿le vendió? a su primo Angelo Calcaterra) no aportó el financiamiento para el proyecto, como lo exigían los pliegos del llamado.

Contaba allí Krakowiak que Macri por el Decreto 797 decidió seguir adelante con la obra modificando los términos de la licitación de modo de favorecer ¿a su primo, a sí mismo?, de modo que se dispensa la obligación de conseguir financiamiento en los términos originales, y se acepta en cambio financiamiento del BNDES de Brasil, a cambio de que los insumos para la obra provengan de empresas de ese país.

Y lo más importante es que de ese modo se acepta un reclamo del consorcio ganador para elevar el monto del contrato, con una diferencia respecto a lo estimado por el Estado que oscila en los 750 millones de dólares, de un total de 3000 aproximadamente que insumiría la obra.

Pero la cosa no termina ahí: el Decreto 797 dictado por Macri en juniio pasado fue un DNU (verlo completo acá)  que ampliaba en 76.000 millones de pesos el presupuesto votado por el Congreso (emitiendo deuda por ese importe para financiar el mayor gasto) y autorizaba obras para sucesivos ejercicios por casi 98.674 millones de pesos.

De esas obras, el 71,94 % serán ejecutadas en la Capital Federal, y del total de obras, el soterramiento del Sarmiento representa el 45,60 %, con un monto estimado de 45.000 millones de pesos:

Como todo DNU el 797 debió ser enviado al Congreso para su ratificación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3) de la Constitución, y conforme al trámite de la Ley 26.122; dentro de los diez días de dictado.

Cuando Macri lo envió la Comisión Bicameral Permanente que analiza los DNU (donde el massismo tiene los votos para inclinar los dictámenes) votó por rechazarlo, correspondiendo que lo traten ambas Cámaras por separado y decidan si lo ratifican o lo derogan; bastando con que una de las dos lo apruebe, para que quede firme.

Hasta ahora ni Diputados ni el Senado le dieron "expreso tratamiento" en "forma inmediata", conforme lo mandan la Constitución y la Ley 26.122.

El DNU es una obra maestra del modo de gestionar del macrismo, que tiene todos los condimentos: amplía el presupuesto sin intervención del Congreso, emite deuda por una cifra importante, trampea metiendo en la bolsa el aumento de partidas de la ANSES para -supuestamente- pagarles a los jubilados uno de los tranos de aumento de la ley de movilidad previsional, favorece groseramente a la CABA en la asignación de recursos para obras.

Y como si todo eso fuera poco, convalida sobreprecios por 750 millones de dólares en una obra adjudicada a la empresa del primo presidencial, que no pocos sostienen que en realidad sigue siendo propiedad del propio Macri; corrupción y capitalismo de amigos (o parientes), es decir todas esas cosas que la gestión de "Cambiemos" promete desterrar.

Si el voto negativo al DNU del massismo en la Bicameral y los senadores del FPV (parte de la "oposición constructiva") no fue humo para la gilada tienen en sus manos la herramienta legal para impedir que el colosal negociado se consume; acordando con el kirchnerismo sendos pedidos de sesiones especiales en cada Cámara para tratar el dictamen de rechazo del DNU y dejarlo sin efecto, o derogando la parte que refiere a la obra de soterramiento del Sarmiento. 

A menos que prefieran seguir formando parte de la escribanía de Macri, como con el arreglo con los buitresm el blanqueo, la "reparación histórica", el presupuesto y la "participación pública-privada" en los contratos del Estado.