ERAN OTROS TIEMPOS

A partir del escándalo porque Macri se perdonó a sí mismo y a su familia una deuda con el Estado por 70.000 millones de pesos (proyectados a 2033, cuando terminarían de pagarla) por su paso por el Correo Argentino, hagamos un poco de historia al respecto, a ver como manejaron el tema “los que se robaron todo”.

Durante el gobierno de Menem se llamó a licitación para privatizar el correo, y la concesión le fue adjudicada a Correo Argentino S.A. (Sociedad en Formación) por el Decreto 840/97. La sociedad estaba formada por Itron S.A., Sideco Americana S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

Sideco Americana S.A. era la accionista mayoritaria de la nueva sociedad, con el 69,23 % de las acciones al momento de la privatización; y era por entonces controlada por SOCMA (Sociedades Macri), dueña del 95,5 % de sus acciones. Hoy SOCMA conserva todavía el 59,61 % de las acciones de Sideco; así como ésta mantiene el 74,23 % de las acciones de Correo Argentino S.A, que está desde el 2001 en concurso preventivo de acreedores.

La principal obligación a cargo de la concesionaria de acuerdo con el contrato era pagarle al Estado un canon semestral, por el cual Macri y sus socios ofertaron en 1997 $ 51.600.000 (equivalentes por entonces a igual número de dólares, porque estaba vigente la convertibilidad), durante los 30 años de vigencia de la concesión.

Tras los reiterados incumplimiento de la concesionaria controlada por los Macri del contrato de concesión del correo (solo pagaron normalmente los dos primeros semestres el canon), Néstor Kirchner lo rescindió mediante el Decreto 1075 del 20 de noviembre del 2003. Luego y por DNU (decreto de necesidad y urgencia) 721 del 14 de junio del 2004 creó el Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima (CORASSA); que es la sociedad que actualmente tiene a su cargo la explotación del servicio de correos, con su capital 100 % en manos del Estado nacional.

Vistos desde hoy con el anuncio de la quita del 98,87 % de la deuda que les reclamaba el Estado argentino, resulta interesante transcribir algunos de los fundamentos del decreto de rescisión firmado por Kirchner (las negritas son siempre nuestras): “Que en efecto, de los antecedentes administrativos existentes surge que, a poco de iniciada su gestión, la concesionaria comenzó sistemáticamente sistemáticamente a cuestionar y condicionar su obligación de pagar el canon con diversas argumentaciones y manifestaciones que fueron modificándose y ampliándose en el tiempo. ” (o sea que desde el inicio mismo del contrato, los Macri se manifestaron reacios a cumplir con su propia oferta en la licitación, y no querían pagar el canon)

Dice también el decreto: “Que en este orden de ideas, CORREO ARGENTINO S.A. solicitó inicialmente la habilitación de un procedimiento de compensación de créditos, aunque de menor cuantía, derivados de servicios prestados al Estado Nacional; exigencia que luego modificó, condicionando el pago del canon a la satisfacción de dichos créditos. ” (es decir que primero querían restar de lo que tenían que pagar del canon lo que el Estado les debía por el servicio de correos que prestaban, y luego directamente no pagarlo, mientras no les pagaran a ellos; sin importar si los montos eran iguales o no)

El decreto menciona la deuda que por entonces y mucho antes, los Macri ya habían acumulado con el Estado: “Que en dichos autos el Estado Nacional se presentó a verificar su crédito, que al año 2001 ascendía a la suma de pesos doscientos noventa y seis millones doscientos cinco mil trecientos setenta y seis con cuarenta y nueve centavos ($ 296.205.376,49). ” (y) : “Que además del crédito verificado al que se alude en el considerando anterior, se ha generado una deuda postconcursal en concepto de canon, que alcanza a la suma de pesos doscientos seis millones cuatrocientos mil ($ 206.400.000) de capital nominal. ” (refiere a que en el 2001 Correo Argentino S.A. se presentó en convocatoria de acreedores, y en ese momento el Estado fue a verificar créditos por casi 503 millones de pesos, que representaban entonces otros tantos de dólares)

También nos dice que incluso antes de la llegada del kirchnerismo al poder, el grupo Macri intentó renegociar el contrato, para no cumplir las obligaciones que había asumido al presentarse a la licitación: “Que cabe consignar que en el ámbito de la renegociación prevista por el referido Decreto N° 1534/02, la Concesionaria formuló con fecha 9 de diciembre de 2002 una denominada "propuesta de renegociación", por la que se pretendió un virtual allanamiento por parte del Estado Nacional a las reclamaciones incoadas en juicio, la reducción del canon a un porcentual variable anual y la sustantiva modificación de la cobertura geográfica del servicio ” (o sea que el Estado le diera la razón en todos sus reclamos, y le rebajaran el canon)

Y lo más interesante es esto último: “Que debe puntualizarse también que en la presentación del 11 de setiembre de 2003, Correo Argentino S.A. agrega a sus reclamaciones anteriores la novedosa pretensión de considerar cancelada la deuda nominal postconcursal en concepto de canon de pesos doscientos seis millones cuatrocientos mil ($ 206.400.000) mediante el depósito de pesos veintiséis millones seiscientos ochenta mil ochocientos sesenta y uno con diecinueve centavos ($ 26.680.861,19). ”

O esa que ya entonces el grupo Macri le ofreció al Estado pagarle la deuda que había contraído por no pagar el canon durante años y luego de que el Correo entrara en convocatoria de acreedores (razón por la cual el Estado ni pudo nunca cobrar su acreencia desde entonces), con una quita del monto que le reclamaban del 87,08 %. Cualquier parecido con lo que terminó sucediendo ahora, sería pura casualidad.

El acuerdo firmado ahora por el gobierno de Macri -ruinoso para los intereses públicos- se concluyó además por parte del Estado a través de un funcionario de rango inferior y designado transitoriamente; y sin la intervención de la Procuración del Tesoro no obstante que se daba claramente el supuesto contemplado en el artículo 6 de la Ley 12.954 (1947), en cuanto a que "...la magnitud de los intereses estatales en juego requieran la atención de las autoridades superiores del cuerpo....". (de Abogados del Estado, aclaramos)

O sea que en el 2003 el Estado hizo lo que debía hacerse en defensa del interés público: rechazar esa propuesta vergonzosa; mientras que ahora el mismo Estado y con un grosero, notorio y evidente conflicto de intereses de por medio, aceptó una quita mayor, exactamente del 98,82 %; todo lo cual torna bizantina a la discusión sobre el monto de la deuda a la que nos quieren llevar, para justificar lo injustificable  

Claro que por entonces (2003) había otro gobierno, y otro presidente. Cambiamos.