Leíamos ayer en Redacción Rosario: "En octubre de 2014, Redacción Rosario reveló la investigación judicial sobre el aporte con que, entre otras empresas, la compañía de transporte público de pasajeros Monticas SA contribuyó a la campaña proselitista del socialismo en 2007.
Al momento de ser realizados los aportes, el presidente del Partido Socialista era Hermes Binner; el tesorero, Miguel Lifschitz; el responsable económico-financiero, Omar Saab y el responsable político, José Leon Garibay, hoy nada menos que ministro de Infraestructura y Transporte de Lifschitz."
En su momento allá por el 2014 en esta entrada nos ocupábamos de los aportes empresarios a la campaña del socialismo que las autoridades del partido no pudieron explicar, por lo que fueron objetados sus balances por la justicia electoral.
Entre esos aportantes figuraban empresas concesionarias de servicios públicos y beneficiarias de permisos estatales, como la operadora del puerto de Rosario, y Monticas; la empresa protagonista de la tragedia de la ruta 33 de estos días.
Con lógica de hierro, el artículo relaciona la falta de controles del gobierno provincial a la empresa, con el hecho de que sus dueños fueron aportantes a las campañas del socialismo. Sin descartar la validez del argumento, la política del socialismo al respecto es igual con todas las empresas concesionarias: escasos o casi nulos controles de las concesiones de transporte de pasajeros dentro del territorio provincial, que son su estricta responsabilidad.
Sin embargo y con puntualidad religiosa, los gobiernos de Binner, Bonfatti y Lifschitz (que tuvieron como responsable del área a Boggiano, lobbista de las empresas) les concedieron desde el 2007 para acá por lo menos dos aumentos anuales de tarifas; pese a la existencia de subsidios nacionales durante el kirchnerismo.
Tal como se señala en la nota de Redacción Rosario, en el caso particular de Monticas abundaron los reclamos de los usuarios por las malas condiciones del servicio, el estado de las unidades y las frecuencias; e incluso de los propios trabajadores de la empresa por el incumplimiento de los turnos de descanso de los choferes, aspectos todos que debía controlar el gobierno provincial, y no lo hizo.
La justicia deberá determinar las responsabilidades concretas del accidente que provocó otra tragedia que se terminó cobrando vidas humanas, y el gobierno de Lifschitz salió a sobreactuar ahora lo que no hizo antes, rescindiendo la concesión a la empresa; con el fervoroso apoyo del periodismo militante santafesino, alguno de ellos hoy funcionario, la mayoría cobrando su sueldo del presupuesto provincial, como si fueran empleados públicos, vía pauta publicitaria.
Es inevitable la comparación de la reacción de ese mismo periodismo, de los funcionarios y dirigentes del socialismo y de sus aliados políticos (como Victoria Donde) cuando la tragedia de Once: sin esperar veredicto judicial alguno, todos salieron a descargar las culpas de la tragedia sobre Cristina, De Vido y el gobierno; y aun hoy lo siguen haciendo.
Pero al parecer en el caso Monticas la teoría de la responsabilidad política por este tipo de hechos no funciona, y la culpa sería exclusivamente de la empresa, sin que el gobierno provincial tenga algo que ver al respecto.
Son los riesgos de practicar el "muertismo", es decir hacer política con las tragedias: es como escupir al cielo y quedarse parado en el mismo lugar.
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