NO ES NECESARIO DEFENDERSE CON LOS MISMOS ARGUMENTOS CON LOS QUE TE ATACAN

Comentando los rajes en el INCAA decíamos acá los otros días que en el mundo de la cultura muchos "...Suponen que "la cultura" (su metier) es básicamente el mecenazgo estatal -complementario al privado- a sus emprendimientos, y lo dan por sentado porque no lo creen un territorio de disputa política

Quizás porque la "nueva derecha" (es decir ésta que gobierna, o sea la misma de siempre) tiene la astucia de contentarlos dejándolos jugar allí como si fuera un pelotero, en un juego de doble conveniencia: a ellos les permite dar la imagen de "transgresores" rebeldes que corren los límites, y a la derecha en el poder la de "pluralismo" que necesita para disfrazarse de tolerante. 

Pero de pronto, cuando pasan cosas como las del INCAA (donde el raje del director parece ser el preludio de un brutal manotazo a su caja), descubren que el populismo que tanto odian les destinaba generosos recursos para hacer lo suyo; mientras que los gobiernos "republicanos" suelen considerarlo un gasto superfluo, a mano del tijeretazo del ajuste perpetuo, en cualquier momento."

Y algo de ese despiste se puede detectar con algunas líneas discursivas con las que se quiere resistir la avanzada del gobierno sobre el INCAA y el cine nacional, tales como el poco feliz latiguillo "el cine argentino se autofinancia", o "no les quita recursos a la educación, salud u obra pública". En primer lugar porque si uno mira los números del presupuesto del INCAA (ver cuadro de abajo) eso no es estrictamente cierto:

Si se mira la cosa desde el punto de vista de los recursos totales, hay aportes del Tesoro (o sea el Estado, el INCAA es un "ente público no estatal") para los gastos del organismo (recuadro verde) que superan a los que se recaudan por el gravamen que se cobra sobre las entradas de cine (recuadro celeste).

Y si se la mira desde el punto de vista de los recursos ordinarios, habituales y corrientes del INCAA, el 64 % surge del gravamen creado por los artículos 94 y 97 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (recuadro marrón), que pagan los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual (radios AM y FM, televisión de aire y operadores de cable) de gestión comercial, sobre sus ingresos por facturación de publicidad. Sin comprender eso no se entiende el fenomenal crecimiento de la industria cinematográfica en el país en los últimos años, pues era evidente que solo con los recursos de la Ley del Cine (17.741, modificada en 1994) no alcanzaba. 

Es decir que buena parte de los recursos destinados al fomento del cine nacional y la producción audiovisual surgen de otro sector que no es el cine, pero como consecuencia de una decisión del Estado, traducida en una política pública consagrada por ley del Congreso, precedida de un amplio debate y discusión; pero que no resultó gratis: mas de cuatro años trajinando por los tribunales para lograr que la ley se aplicara, con el fuego graneado en contra de los medios afectados por ella; y borrada de un plumazo por DNU en sus cláusulas contra la concentración de los medios, apenas asumido Macri.

Es tan obvio que ahora vienen por esos fondos (para sacarles de encima el gravamen a las cableras, comenzando por Cablevisión, la "nave insignia" que Clarín logro conservar desguazando la LSCA), como que para defender el fomento al cine nacional no se pueden asimilar los argumentos del enemigo: a nosotros nos parece correcto que el Estado subsidie la producción audiovisual, dotándola de recursos ciertos y suficientes para que despliegue todo su potencial; por razones que van desde la defensa de nuestra identidad cultural, hasta la generación y sostenimento de puestos de trabajo.

Y los que se benefician con esas políticas deben ser los primeros en comprenderlo cabalmente y asumirlo, para dar las batallas que haya que dar, desde el lugar correcto. Sin complejos ni intentos (disimulados o no) de despegarse de otras luchas, pretendiendo para sí un status especial: subyace en el slogan la idea de que aquéllas actividades que no se autofinancien (como la educación, la salud, la ciencia o la tecnolog{ia, por ejemplo), sí pueden ser ajustadas o recortadas.

Al cine nacional se lo defiende con mejores argumentos no teniendo vergüenza de decir que percibe subsidios estatales, o recursos que, de no mediar la intervención del Estado, regulando y promoviendo, no percibiría: el peligro que corren esos recursos ahora que el Estado está gobernado por los CEO's y la lógica del mercado nos exime de abundar en mayores consideraciones al respecto.

De no comprenderse debidamente estas cuestiones, consignas tales como "El cine se autofinancia" (como si eso garantizara indemnidad ante el ajuste) tienen un tufillo parecido a "Vinimos con la SUBE", o a la denigración presidencial del choripán y el colectivo.