Cuando estalló el escándalo de
Odebrecht se tiraron de cabeza en busca de los kirchneristas salpicados, pero el único que apareció con nombre y apellido fue Arribas; que negó todo en la justicia, y boludeó al Congreso diciendo cualquiera.
La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera lo
exculparon en tiempo récord, y con base en esos informes lo sobreseyó la justicia. Pero un arrepentido
brasileño (que se acogió allá a la “delación premiada”) lo enterró más, diciendo que le había pagado 10 coimas, por un total de 850.000 dólares.
Macri (que impulsó en el Congreso la ley del arrepentido para los delitos de corrupción) lo desacreditó, y dijo que no hay que creerle. Pero por las dudas su gobierno
negocia con el abogado de Odebrecht (para la cual Meirelles pagó las coimas), que es Guido Tawil, el mismo de Siemens; que coimeó en tiempos de Menem y De La Rúa para el contrato de Siemens por los DNI: un experto en la materia sin dudas.
El gobierno pasa por encima de la justicia, y negocia con los abogados de Odebrecht un arreglo sobre la base de un
esquema que en la Argentina no existe: que la empresa diga a quienes coimeó, a cambio de conservar los negocios que tiene con el Estado (que habría obtenido pagando coimas), pagar una
multa y sanseacabó. Si se pudiera, el
beneficiario sería Mindlin, el que le compró la empresa IECSA a Calcaterra, o sea Macri; y si se le rescinden los contratos a Odebrecht, más aun: quedaría sola para ejecutar una obra que ahora financiará el Tesoro nacional (y no los bancos, como en el pliego original de la licitación), por 45.000 millones de pesos, casi 3000 palos verdes.
La negociación la
llevan adelante Laura Alonso (a la que le modificaron la reglamentación de la OA a su medida porque no tenía título de abogada), y el nuevo Procurador del Tesoro, que es el abogado de Socma, la anterior
dueña de IECSA (que todavía tiene prendadas sus acciones), la socia de Odebrecht en el Sarmiento. El día después del primer contacto de los ejecutivos de Odebrecht con los funcionarios del gobierno, se borran varios archivos de sus registros informáticos referidos a la obra del soterramiento del Sarmiento.
El fiscal Delgado
(que tiene la causa) le ofrece acogerse a la ley argentina del arrepentido que
está vigente. El mismo fiscal
que investigaba a Macri por los Panamá paper´s, causa desestimada por Canicoba
Corral y no apelada por Moldes, solo sostenida por la apelación de la Procelac, que depende de Gils Carbó.
Razón por la cual
(entre otras, tantas como causas por corrupción tiene Macri y sus funcionarios) el gobierno opera para cargarse a Gils Carbó, la jefa de los
fiscales, que es autónoma de acuerdo con la Constitución, e inamovible en su puesto de acuerdo a la ley.
En el medio, metió
por la ventana y por decreto de Macri un juez en la Cámara Nacional de Casación
Penal, el máximo tribunal penal del país, y no cualquiera: el tipo inmediatamente antes era
ministro de Vidal en la PBA.
Mientras toma por
asalto (con ayuda de la justicia) el Consejo de la Magistratura, afanándose
dos bancas (y eligiendo opositores a su gusto), para poder nombrar y destituir jueces a
gusto. Gracias a un juez que dice que
para ser miembro del Consejo de la Magistratura hay que ser abogado, cosa que
ni la Constitución ni la ley establecen, pero que a él le parece que debería estar.
Es el mismo jues que
dejó a Highton en su puesto en la Corte, para que pudiera firmar el 2 x 1, y falló ahora a
pedido de Fargossi, ex consejero de la Magistratura y hombre de Angelicci.
Carrió se alegró
cuando lo exculparon a Arribas porque “triunfó la justicia”, en base a los
informes truchos de la OA y la UIF, que le sirvieron al juez Canicoba Corral (denunciado ahora por recibir sobres de la ex SIDE, o sea de Arribas) para sobreseerlo en tiempo récord. Cuando se le quemó
la coartada por las declaraciones de Meirelles se hizo bien la boluda, y se
preguntó por qué en el gobierno lo protegen a De Vido.
Carrió denuncia coimas a políticos, pero su partido prefirió pagar una multa de cuatro millones de pesos ante que dar a conocer la nómina de los aportantes privados de campaña a sus últimas cuatro campañas electorales; y denuncia espionaje ilegal en su contra, y le pide al presidente que la cuide, o sea que le saque a los espías de la AFI de encima, y que apriete jueces y fiscales para que no la investiguen.
Carrió denuncia coimas a políticos, pero su partido prefirió pagar una multa de cuatro millones de pesos ante que dar a conocer la nómina de los aportantes privados de campaña a sus últimas cuatro campañas electorales; y denuncia espionaje ilegal en su contra, y le pide al presidente que la cuide, o sea que le saque a los espías de la AFI de encima, y que apriete jueces y fiscales para que no la investiguen.
Afirma que no va a
dejar de investigar la corrupción...kirchnerista: denuncia un presunto
vaciamiento del Fondo de Garantía de ANSES por parte de los que lo
administraron entre 2010 y 2015, o sea cuando se quintuplicó en su valor.
No ahora, cuando
efectivamente se está vaciando y hay causas judiciales que lo investigan, cosa
posible gracias a la ley del blanqueo de capitales que este gobierno impulsó, y
ella por supuesto votó. Ella, que cuando se
creó el Fondo estatizando los activos de las AFJP se encadenó al obelisco...
en defensa de las AFJP.
Muy rico todo
Carrio está desquiciada. Impresentable la loca!
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