COMO SIEMPRE, CRISTINA LOS VIO VENIR

Nos enteramos el domingo en el programa de Navarro de la privatización de ARSAT decidida por Macri a favor de una empresa yanqui, que tendrá a cargo la explotación del ARSAT 3: acá en El Destape los detalles. Y con las prevenciones del caso por la fuente, en ésta nota de La Política Online hay bastante información.

Tal como se ha venido diciendo desde entonces, la medida es una grosera violación de la Ley 27.208, cuyos artículos más importantes transcribimos:

Artículo 8: "Establécese que el capital social de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT estará representado en un cincuenta y uno por ciento (51%) por acciones Clase ‘A’, encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación."

Artículo 10: "Cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las Telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078 ‘Argentina Digital’, que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, requerirá autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación."

Artículo 14: "Las autorizaciones exigidas por los artículos 8° y 10 así como cualquier modificación de la reserva establecida en el artículo 11, requerirán del voto de los dos tercios (2/3) de los miembros del Honorable Congreso de la Nación." (las negritas son nuestras)

La ley tuvo su origen en un proyecto enviado por Cristina al final de su gobierno, por el cual se aprueba el "Plan de Desarrollo Satelital Argentino" hasta el 2030; y fue sancionada pocos días antes del balotaje de la elección presidencial.

El impulso no fue casual, porque Cristina los veía venir: con la puja abierta por el 4G y el cuádruple play, y la ofensiva de Clarín para expandir sus negocios en el campo de las comunicaciones, era obvio que iban a ir por la empresa estatal de satélites y por su manejo, sea colonizándola desde afuera, o desguazándola en su propio beneficio.

La misma lógica tuvo lo que sería la Ley 27.181, que impuso un "cepo" legal a la privatización de empresas estatales, o a la venta de participaciones accionarias del Estado en empresas privadas, como ocurre con Papel Prensa y las compañías en las que la ANSES tiene participación a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Como es sabido, la ley fue derogada por la Ley 27.260, que aprobó el blanqueo de capitales. 

Pero aunque la Ley 27.208 no corrió igual suerte y siguiendo el mismo modus operandi que emplearon para desguazar a la ley de medios, el gobierno se la pasó por ya saben donde, en éste caso sin siquiera mediar un DNU o algo por el estilo, para privatizar el desarrollo satelital del país; mientras nos tenían a todos entretenidos con De Vido, sus fueros y su expulsión de la Cámara de Diputados. ¿El negocio póstumo de Aguad en beneficio del Grupo Clarín y sus socios, antes de que el Ministerio de Comunicaciones pasara a mejor vida?

De Vido, dijimos, y eso nos recuerda que la Ley 26.092 (2006) que dispuso la creación de ARSAT S.A.y dio origen al plan satelital argentino, estableció que el 98 % de las acciones de la nueva empresa (de propiedad exclusiva del Estado nacional) estaría en manos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que conducía precisamente él.

Es decir que por ejemplo Lino Barañao (cuyo ministerio sería creado varios años después, en el gobierno de Cristina) nada tuvo que ver con el desarrollo del programa ARSAT, ni los satélites que pusimos en el espacio: además de los científicos, ingenieros y trabajadores argentinos  que los diseñaron y construyeron, y de Néstor y Cristina que les dieron recursos y respaldo político para hacer su tarea, buena parte del mérito enorme de ese orgullo nacional le corresponde a Julio De vido, el hoy acusado de "inhabilidad moral".   

A propósito del recrudecimiento de la ofensiva judicial contra el kirchnerismo, hace apenas una semana decíamos acá (enlace): "...es posible que el recrudecimiento de la ofensiva tenga que ver no sólo con las elecciones, sino con otra cosa, como por ejemplo elefantes de más negocios de Macri y sus funcionarios, que estarán pasando por detrás mientras nos entretienen. Algo que hoy no podemos saber, pero de lo que -más tarde o más temprano- nos enteraremos...". Muy errados no estábamos.

Cuando se discutió en Diputados la Ley 27.208 (cuya vigencia recuerdan todos estos días por el bochorno de la privatización decidida por Macri) la oposición (incluyendo al actual oficialismo, pero no sólo éste) se levantó y no la votó, por lo que el mérito de haberla sancionado le corresponde exclusivamente al kirchnerismo.

Ahora tienen la oportunidad de redimirse, contribuyendo a frenar el negociado. A menos que estén de acuerdo con él; y no consideren productivo que -como dijo alguno alguna vez- "el país gaste en lanzar una heladera al espacio".