ACÁ TE AVISAMOS

Decíamos los otros días acá que “Fue una promesa de campaña en el 2015, y abundan las menciones al respecto en los spots de la publicidad oficial del gobierno: estarían llevando adelante "el plan de infraestructura más ambicioso de la historia"; y la obra pública sería uno de los pilares de la reactivación económica.

A su vez, como han planteado metas de reducción del déficit fiscal a razón de un punto del PBI por año, la apuesta era ir reemplazando progresivamente la inversión del Estado en obras de infraestructura por la privada; a través del esquema de "participación pública privada". Es decir, el sistema aprobado por la Ley 27.328 y su decreto reglamentario 118 de éste año, que fueron analizados en detalle varias veces en éste blog: por ejemplo acá, acá, acá y acá.

Sin embargo, pese a que la ley y el decreto establecen leoninas concesiones y privilegios de todo tipo para las empresas e inversores privados que se acojan a ellos, a nueve meses de lanzado es un completo fracaso: vemos acá en La Política Online que en todo ese tiempo no se ha presentado ni un solo proyecto de obra de infraestructura amparado en el sistema. 

Entre otras razones, porque los "inversores" no aportarían fondos adicionales, sino que buscarían financiarse en el mercado interno con nuestro propio ahorro, lo cual se les torna muy dificultoso por el altísimo nivel de las tasas, alentado y favorecido por el Banco Central. Por eso que hablen de "riesgo cambiario" o "incertidumbre sobre los esquemas tarifarios como hacen acá, es un completo bolazo: el régimen los protege de todo eso. 

Ahora bien, de lo expuesto se infiere que de seguir así las cosas, o el gobierno desiste de cumplir con sus metas de bajar el déficit fiscal con esta herramienta (traspasar el peso de la inversión en infraestructura al sector privado), o sacrifica el "más ambicioso plan de obras públicas de la historia", para cumplir con las metas.”.

Y a juzgar por lo que cuentan en ésta nota de El Cronista, muy errados no andábamos: hay preocupación entre los empresarios de la construcción porque los primeros borradores que circulan del presupuesto nacional para el año que viene marcan un ajuste en la inversión en obra pública.

Como se preveía, pasadas las elecciones, llegará la realidad, el gobierno desacelerará el ritmo de las obras y proyecta un presupuesto en el que las que están en curso tendrán asignados los mismos fondos nominales que tienen éste año; por lo que descontándoles la incidencia de la inflación arrancan un 20 % abajo interanual, en términos reales: ¿ajuste por inflación, que le dicen?.

El argumento de Dujovne ante las previsibles quejas del sector es que la parte faltante para compensar la poda de partidas para obras en el presupuesto lo cubrirá la inversión privada, a través del régimen PPP (Participación Pública Privada); lo cual es un soberano bolazo.

No solo porque tal régimen ha sido hasta acá un completo fracaso (no hay un solo proyecto que se esté ejecutando conforme a él, a casi 10 meses de lanzado), sino porque aunque llegaran inversiones con ese esquema, lo serán para otros proyectos a licitar, y no para los que ya están en marcha; que como bien apuntan los empresarios del sector se verán retrasados por falta de fondos: ¿y el “plan de infraestructura más ambicioso de la historia”, y el “haciendo lo que hay que hacer”, y Candela, y la moto?

¿Se cumplirá finalmente el vaticinio hasta acá fallido de algunos, y al podarle partidas a la obra pública terminará siendo Macri -hijo dilecto de la patria contratista- un traidor a su clase?

Lo cierto es que si la "participación pública privada" funciona como hasta ahora (es decir, no funciona), el gobierno habrá apagado uno de los motores en los que vino sustentando hasta acá el rebote estadístico de los números de la economía, tras el desastroso 2016.