domingo, 17 de septiembre de 2017

LOS JÓVENES MANOS DE TIJERAS CON MAL DE PARKINSON


Leíamos en El Cronista el informe de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) sobre la Cuenta de Inversión del año pasado de la Administración Pública Nacional, información muy relevante ahora que se empezará a discutir el presupuesto 2018, porque permite medir la distancia entre lo que el gobierno dice que hará, y lo que efectivamente hace.

A continuación van algunos comentarios (las negritas son nuestras):

En el primer año del gobierno de Mauricio Macri, el tamaño del sector público nacional no financiero alcanzó su máximo histórico, 29,2% del PBI, después de sobrepasar el máximo alcanzado en 2015, de 28%, según calculó ASAP, en base a la Cuenta de Inversión que recién se publicó hace dos semanas atrás.(Es decir que luego de haber dicho que heredaban del kirchnerismo un Estado elefantiásico lejos de achicarlo lo agrandaron, o en realidad, aumentaron el tamaño de su participación en la economía, que no es necesariamente lo mismo)

El mayor peso del gasto de la administración pública nacional estuvo ligado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (37,37%), de la mano de las jubilaciones y prestaciones sociales, y a los servicios de deuda pública (14,38%), que aumentaron 180,04% respecto de 2015, en el año en que se negoció con los holdouts.(O sea que el gasto en seguridad social siguió siendo el que más pesa en las cuentas fiscales, y lo que se pudo “ahorrar” allí por el cierre de la moratoria jubilatoria se fue en la “reparación histórica”, con efectos distributivos bien diversos, claro está. Pero además lo que hizo la diferencia es el explosivo crecimiento del endeudamiento, y el consecuente pago de los servicios de la deuda)

De hecho, y aunque cayeron más del 30%, los servicios sociales concentraron el 56,12% del gasto, y los servicios económicos (subsidios), 18,22%. En tanto, los intereses de la deuda, 14,4%, después de casi triplicarse.(Los servicios sociales -comparados contra la inflación producida- tuvieron una brusca caída en términos reales, otro tanto pasó con los subsidios como consecuencia de los tarifazos, que no desaparecieron sino cambiaron de destinatarios: de los usuarios a las petroleras y generadoras de electricidad)

Como contrapartida, se redujo el gasto en las empresas públicas al 2% del PBI (con Enarsa, 34,95% y Aysa, 14,31% a la cabeza) y de las universidades, al 0,9% del PBI.(La baja de los subsidios se tradujo en un aumento de las tarifas, y menor inyección de fondos a empresas del Estado prestatarias de servicios como AYSSA; y hubo menos fondos para las universidades nacionales, razón por la cual atravesaron el año llenas de conflictos salariales y reclamos por podas al presupuesto)

Del lado de los componentes que registraron una baja, se anotaron globalmente el gasto en personal, seguridad social y gasto de capital.(El aumento de la participación del gasto público en el PBI no implica que no haya habido ajuste, en el marco de una drástica variación de los precios relativos; y ese ajuste lo pagaron en términos reales las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, los salarios de los trabajadores estatales y la inversión pública en infraestructura, que cayeron)

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