¿ACORDÁS, HERMANO?

Todavía no se conoce la letra chica de los acuerdos que alcanzó el gobierno con los gobernadores por la reforma tributaria, ni con la dirigencia de la CGT por la reforma laboral; pero todos gastan a cuenta de que los acuerdos se cerraron, lo que no es un dato político menor.

Hay quienes vienen sosteniendo que ambos -gobernadores y dirigentes sindicales cegetistas- se ven poco menos que obligados a buscar alguna forma de acuerdo, porque deben “preservar sus estructuras” y tienen responsabilidades institucionales que cumplir; pero lo cierto es que hasta acá no han hecho más que acordar, que significó que siempre tuvieran que ceder a las pretensiones del gobierno, obteniendo poco o nada a cambio y en no pocas veces, ni siquiera eso se cumplió por parte de Macri: vayan los bonos de fin de año pactados en 2016, o el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas, como simples botones de muestra.

Los gobernadores (dicen) deben acordar porque necesitan pagar sueldos y hacer alguna que otra obra, pero en el acuerdo aceptarían resignar recursos a futuro, a través de una baja progresiva en Ingresos Brutos, que representa el 75 % de los ingresos tributarios propios, en promedio.

Habrían obtenido que el impuesto especial que se pague por el revalúo fiscal (aplicación del ajuste por inflación en los balances de las empresas para el pago de Ganancias) sea coparticipable, para que no pase lo mismo que ocurrió con el impuesto especial por el blanqueo, que se lo quedó íntegro la nación. Sin embargo, esa misma medida y otros cambios en Ganancias que contiene el proyecto significan licuar la carga fiscal del impuesto para las empresas en el futuro, con la consiguiente merma en la coparticipación.

La promesa de la nación de financiar el déficit de las cajas previsionales no transferidas ya fue hecha en el blanqueo de capitales, y no fue cumplida porque el gobierno de Macri la condiciona a la “armonización” de los sistemas jubilatorios, lo que no es otra cosa que una rebaja de las jubilaciones provinciales. Nadie puede pensar que el presidente desista de esa ida, cuando acaba de decir que “la ANSES no aguanta más”, solo considerando lo que gasta en los jubilados nacionales, y por eso pide cambiar la fórmula de movilidad.

¿Quién soportará entonces el costo de financiar los déficits jubilatorios provinciales, si la meta de ajuste fiscal y merma del déficit planteada por el gobierno se basa justamente en eliminar la fórmula de movilidad, y achicar el gasto previsional?

El acuerdo con la CGT tampoco se conoce en detalle como para saber que logró salvar y que terminó entregando el triunvirato en las negociaciones, pero hay algo claro: concedió de entrada al discurso oficial de que los salarios son un costo que hay que bajar, y los reclamos de los trabajadores una “industria mafiosa” que pone en riesgo a las empresas, y a los puestos de trabajo.

En esas condiciones de debilidad (abonadas por claudicaciones mayúsculas como la de los petroleros en Vaca Muerta, o la UOM en Tierra del Fuego) no es de extrañar que el gobierno avanzara mucho más allá de lo que -dicen- venía negociando con la CGT en torno al blanqueo laboral y la situación de las obras sociales, para ir por institutos fundamentales de la ley de contrato de trabajo y el derecho laboral.

Pero en ambos casos, lo que sí está claro son las premisas políticas bajo las cuáles se concertaron los acuerdos: la absoluta convicción de las contrapartes del vgobierno en la invencibilidad electoral del macrismo de cara al 2019, la percepción de un ciclo político largo que durará por lo menos hasta el 2023, y la necesidad de acomodarse a esa circunstancia.

Una idea que tanto el sindicalismo como la mayoría de los gobernadores ya plantearon en el 2015, cuando leyeron el triunfo electoral de Macri en el balotaje com un cambio de época, y que han reforzado con mayor razón luego de los resultados de las elecciones de medio término.

La premisa central del plan del gobierno (el plan del gobierno para ser más precisos) es otorgar todo tipo de franquicias y beneficios al capital, en la creencia de que así se lograrán el crecimiento primero y el desarrollo después, por derrame. Por convicción en las premisas del neoliberalismo, por intereses concretos que representa o por la suma de ambos, su único plan es ese: bajar impuestos (o sea, recomponer rentabilidad empresaria a costa de los recursos del Estado) y flexibilizar condiciones de trabajo y bajar salarios (o sea, aumentar plusvalía del capital)

Y tanto los gobernadores (o la mayor pare de ellos) como los dirigentes de la CGT, lo digan o no, lo sepan o no, lo asuman o no, convalidan en los hechos la idea del “derrame”: en el caso de las provincias asumiendo que la resignación de ingresos propios y coparticipables (porque de eso se trata en definitiva la “baja de la presión impositiva” puesta como objetivo) supuestamente se recuperará en el futuro con crecimiento económico que derramará en inversiones, empleo, consumo y mejor recaudación.

La realidad, por el contrario, es que todos los indicadores económicos sugieren lo contrario: crecen los desequilibrios estructurales, la fuga de capitales, el déficit comercial y el de cuenta corriente, sigue cayendo el consumo, no se termina de bajar la inflación y se potencia la bicicleta financiera.; y nada indica que eso cambie en lo inmediato, con los duros datos. Por el contrario, las bajas salariales y los tarifazos seguirán recortando poder adquisitivo y consumo, y eso hará caer la recaudación.

En ese modelo no hay lugar para la industria (aunque le regalen la flexibilización de la fuerza de trabajo y la rebaja de las cargas patronales a la seguridad social), ni tampoco para la creación de empleo digno, de calidad y bien remunerado; aunque los trabajadores y sus organizaciones resignen derechos. La experiencia histórica argentina y comparada, reciente y más lejana en el tiempo indica exactamente lo contrario, y no se conocen ejemplos en contrario.

Suponer que bajar impuestos y resignar salarios provocará un shock inversor que potencie el crecimiento por parte de nuestra burguesía criolla rentista, evasora, fugadora y parasitaria es un error mayúsculo, que el gobierno no comete: ellos sí atienden a sus verdaderos intereses, y por eso no pueden sostener un debate a fondo y en serio de su programa; razón por la cual apuran los tiempos parlamentarios de las reforma, que se debatirá antes de que llegue Cristina al Senado, y luego de que se haya ido Héctor Recalde de Diputados. Claro que esto último es exclusiva culpa nuestra, por haberlo excluido de las listas de “Unidad Ciudadana” cuando arreciaba la ofensiva de Macri contra “la mafia de la industria de los juicios laborales”.

Como dice Coqui Capitanich acá en ésta nota que levanta Artemio, lo que le falta a la oposición, antes que unidad y volumen, es vocación opositora. Y como también dijo él, lo que hizo el PRO como opositores es lo que tenemos que hacer nosotros: oponernos sistemáticamente a todo lo que planteen, porque ya sabemos adonde conduce.

Cuando buena parte del electorado decidió que el kirchnerismo ya había cumplido su ciclo no apeló al “kirchnerismo con buenos modales y sin corrupción” que proponía Massa, sino a quienes habían sido los más consecuentes opositores a las políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina: Macri, el PRO y sus aliados de “Cambiemos”.

Cuando una buena parte del electorado se canse de Macri y de sus políticas querrá votar opositores, no oficialistas disfrazados; y esos opositores deberán poder acreditar haberlo sido desde el primer momento, y en forma clara y contundente. Eso lo dejaron muy en claro las últimas elecciones, donde los “opositores amigables” -sin excepción- hicieron sapo.

Claro que los cambios del humor electoral tampoco se producen “por derrame”, sino que hay que acompañarlos y producirlos: en una frase concebida para tiempos políticos de excepcionalidad, decía Cooke que los regímenes no caen, sino que hay que voltearlos.

Traducida en clave democrática, la alternancia o la continuidad de los modelos políticos son consecuencias del voto popular, consecuencia a su vez de la praxis política de los actores del sistema (nunca tan oportuno recordar eso como hoy, Día del Militante); y es tan cierto que las últimas elecciones no fueron definidas por la economía, como que nada indica que vaya a ser siempre así en el futuro.