LA DEFENSA DEL MODELO

A esta altura del partido y con casi la mitad del mandato de Macri transcurrido (con todo lo que eso implica en materia de política laboral) deja de sorprender la tibieza con la que ha reaccionado la dirigencia de la CGT frente a los anuncios de cambios en las leyes del trabajo; que amenazan derechos básicos y elementales de los trabajadores.

Los que hasta hace apenas dos años no vacilaron en hacer cinco paros generales por una demanda de segunda o tercera generación como el impuesto a las Ganancias (del cual hoy ya ni siquiera hablan, ni siquiera ante la posibilidad de que a los empresarios sí se lo rebajen), hoy parecen pedir clemencia al gobierno frente a cambios muchos más profundos y un nuevo “cepo” al salario en las paritarias que se vienen; como en los dos años anteriores.

Puestos a imaginar las causas de semejante defección, la mayoría piensa de inmediato en acuerdos vinculados al manejo de los fondos de las obras sociales (que por otra parte el gobierno viene cumpliendo tarde y en cuentagotas), y pocos mencionan otro aspecto relevante: la presunta garantía de sostener sin cambios el modelo sindical.

De hecho en las pocas expresiones públicas al respecto de la dirigencia de la CGT (hace poco Schmid, por ejemplo) cuando hablan de las cuestiones “no negociables” mencionan la ley de contrato de trabajo como marco jurídico que consagra el piso de derechos laborales, la ultra actividad de los convenios colectivos (es decir que mientras se negocia un nuevo convenio sigan vigentes las cláusulas del viejo) y el modelo sindical.

La incolumnidad de la ley de contrato de trabajo está puesta en tela de juicio por el propio proyecto de reforma laboral que anda circulando, que tocaría varios de sus artículos clave como el 66 (el del “ius variandi” del empleador para introducir cambios) o el 30, que establece la solidaridad empresarial por el cumplimiento de las obligaciones laborales en caso de tercerización o subcontratación; entre otros amenazados. Y la de los convenios por acuerdos sectoriales como el de los petroleros en Vaca Muerta, o las automotrices.

¿De qué se habla en ese contexto cuando se habla de garantizar que no existirán cambios en “el modelo sindical”, que parece ser más importante para la dirigencia sindical que las propias leyes laborales?

En su discurso del lunes en el CCK Macri sorprendió criticando la excesiva cantidad de sindicatos que existen en el país, anunciando que tomaría medidas al respecto, como si el Estado pudiera hacer mucho: recordemos que es el artículo 14 Bis de la Constitución (caro a los liberales en tanto fue incorporado en la reforma de 1957 propiciada por la Libertadora) el que garantiza a los trabajadores “...organización sindical libre y democrática, reconocida por una simple inscripción en un registro especial...”.

Frente a ese sistema se alza el de la personería gremial asignada a un único sindicato por rama de la producción, actividad, oficio o profesión (este último el caso menos frecuente en el sindicalismo argentino, como el de Camioneros); que viene del peronismo y que le garantiza al sindicato con personería derechos de los que las demás organizaciones carecen: a participar en la negociación colectiva y a administrar obras sociales, entre los más relevantes (Ley 23.551, artículo 31 incisos c) y f)), pero no los únicos.

Un sistema que desde la asunción de Macri para acá viene siendo cuestionado por distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia, que le han reconocido a los sindicatos con simple inscripción (es decir sin personería gremial) el derecho a elegir delegados que quedarán protegidos por la tutela sindical, y a realizar huelgas y demás medidas de acción directa. Habría que ver si la Corte sostiene en el futuro esa doctrina en estos tiempos de “actitud colaborativa” con el gobierno, como se vio con sus fallos contra “la industria del juicio laboral”; máxime luego de la queja presidencial sobre el excesivo número de sindicatos que hay en el país.

No es ningún secreto que los años del kirchnerismo estuvieron marcados por los conflictos intersindicales (por competencias de afiliación, por ejemplo) y que en ese rubro destacó claramente Moyano, “chupando” afiliados a otros gremios, tanto como que la generación de sindicatos alternativos fue la respuesta que muchos trabajadores encontraron a la falta de democracia interna de las organizaciones.

Precisamente la democratización de las organizaciones sindicales es una de las principales asignatura pendientes de nuestra democracia, porque goza de mala prensa: en los inicios de la transición post dictadura y a través de la llamada “ley Mucci”, Alfonsín utilizó esa bandera para lo que en realidad era un intento desembozado por quebrar la “columna vertebral” de un peronismo al que acababa de derrotar en las urnas. El final es conocido: el ensayó fracasó y contribuyó a fortalecer la figura de Ubaldini no solo hacia el sindicalismo, sino hacia el conjunto del dispositivo peronista.

Incluso en las primeras elecciones sindicales posteriores en la mayoría de las organizaciones los trabajadores ratificaron a las conducciones tradicionales de extracción peronista, por una razón muy sencilla: eran las más representativas, porque asumían la dirección del conflicto cuando los primeros efectos negativos del Plan Austral y la “economía de guerra” lanzada por Alfonsín ya se hacían sentir en los bolsillos. La enseñanza sería entonces que los dirigentes sindicales que son representativos porque defienden los intereses de sus afiliados poco tienen que temer de la democratización sindical.

El año pasado, cuando la CGT amenazaba con paros y un plan de lucha, el gobierno de Macri ensayó una “mini ley Mucci”: a través de resoluciones del Ministerio de Trabajo a cargo de Jorge Triacca amagó con exigirles a los sindicatos el estricto cumplimiento del cupo femenino en las listas, y que no se impusieran requisitos demasiado rigurosos para la formación de listas en las elecciones sindicales (la Ley 23.551 dice que no se pueden pedir avales por más del 3 % del padrón de afiliados).

Cuando la amenaza de paro se disipó, los aires democratizadores desaparecieron, porque al gobierno ya no le convenían: con cúpulas sindicales claudicantes e integradas (por acción u omisión) al dispositivo político oficial, en un proceso democratizador de los gremios en medio de un contexto de pérdida de empleo y recorte del salario real, el gobierno tiene mucho más para perder que para ganar; pues se entronizarían direcciones sindicales más combativos, incluso no provinientes necesariamente de la izquierda clasista.

Por eso en ese contexto (que en lo referente a la relación del gobierno con la cúpula de la CGT no ha cambiado en absoluto) “defender el modelo sindical” parece un punto de contacto entre el sindicalismo tradicional y el gobierno de Macri, en tanto implica sostener en sus cargos a la actual conducción de la central.

De allí que los experimentos “democratizadores” (como limitar las reelecciones, o establecer con carácter obligatorio la participación de las minorías en los cuerpos de conducción de las organizaciones) ni siquiera están hoy en el tapete; por el contrario la consigna de la hora -compartida por la CGT y el gobierno- parece ser reducir drásticamente el número de sindicatos que existen.

Habrá que ver si el acuerdo se sostiene ahora, cuando se conocen los términos concretos de la reforma laboral, o si por el contrario tienen más eficacia que los reparos que suscita, los aprietes indisimulados a los sindicalistas que no se avengan a aceptarla, con carpetazos judiciales incluidos. Por lo pronto el triunvirato duda, y la Corriente Federal la ha rechazado de plano, en durísimos términos. 

Como digresión final: en tiempos del kirchnerismo, mucha progresía bienpensante les reprochaba a Néstor y Cristina no haberle concedido la personería gremial a la CTA (hoy fracturada), cuando no tenía efectos prácticos, ni su carencia le impidió ser convocada a participar en todos los ámbitos institucionales en los que se discuten políticas que tienen que ver con los trabajadores; desde el Consejo del Salario hasta el cuerpo asesor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Ambitos todos de los que han sido prolijamente excluidos hoy por el gobierno de Macri, que se apresta a introducir modificaciones de fondo en la legislación laboral y previsional, privilegiando exclusivamente el diálogo con la CGT.