OJO CON LAS TRAMPAS CAZABOBOS

Da la impresión que buena parte del paquete tributario (impuestos al vino, 0% electrónica) son señuelos, "errores" para que pase lo esencial

— Andy Tow (@andy_tow) 1 de noviembre de 2017

El atinadísimo señalamiento de Andy Tow en el tuit de apertura nos pone frente a la evidencia de que con la reformas laboral, previsional e impositiva propuestas, el gobierno repite su modus operandi habitual para colar iniciativas que de por sí son intragables.

En efecto, como apunta Andy el macrismo tiene siempre la astucia de colar temas “cazabobos” en medio de las discusiones para que todos nos prendamos de allí, y luego los elimina para dar una muestra de apertura al diálogo para la búsqueda de consensos, mientras sigue adelante con lo central de sus proyectos, o lo que más le interesa obtener en cada caso.

El cazabobos funciona en un doble sentido: proponiendo temas que se sabe de antemano generarán fuertes polémicas, o metiendo otros que operan como anzuelo o gancho para captar voluntades, y vencer su resistencia a los cambios más perniciosos, incluso para sus propios intereses.

En el caso de la reforma tributaria que es el que plantea Tow, efectivamente los impuestos al vino y demás bebidas alcohólicas como la cerveza y la eliminación del gravamen para los productos electrónicos parecen cumplir ese rol: abroquelan en su contra a los gobernadores (incluso algunos de provincias gobernadas por el oficialismo) y le dan al gobierno la oportunidad de generar una instancia de negociación en la que aparezca cediendo eso, para conservar lo principal.

El “anzuelo” seductor en éste caso sería el gravamen “a la renta financiera” que aun sin siquiera aterrizar en el Congreso, ya generó la suba de las tasas de las LEBAC´s en el mercado secundario: ya cumplió buena parte de su propósito, engordando las ganancias de los bancos y otros jugadores del mercado.

Sumando voluntades con esos “cazabobos” (en el caso del gravamen a la renta financiera al gobierno le conviene más hacer como que lo entrega, que sostenerlo) se aseguran apoyos a los puntos centrales de la propuesta: baja generalizada de las cargas patronales, disminución de la alícuota de Ganancias a las empresas con la excusa de la “reinversión de utilidades”, revalúo o ajuste por inflación de los balances, posibilidad de tomar lo pagado en concepto de impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias.

La metodología fue estrenada con el blanqueo de capitales, que Macri presentó en sociedad como la “reparación histórica” a los jubilados, y la “pensión universal al adulto mayor”, dejándole al entonces ministro Prat Gay el anuncio del indulto para los fugadores seriales de capitales.

Ya con el proyecto en el Congreso, la posibilidad de que blanquearan los funcionarios y sus parientes y de que los periodistas que divulgaran información sobre quienes blanqueaban fueran presos funcionaron como “cazabobos”: cediendo en esos puntos a los pedidos de los “opositores responsables” e incluso algunos aliados (como Carrió ) el gobierno logró lo que más le interesaba: generosa amnistía, sin obligación de traer lo declarado al país, y cambios en Bienes Personales y Ganancias, desgravando en éste caso la distribución de dividendos empresariales que había introducido en el impuesto el gobierno de Cristina en 2014.

Claro que después buscó la forma de lograr lo mismo por otra vía, con el blanqueo ya aprobado: decreto de Macri modificando la ley para que pudieran blanquear los padres y los hijos de los funcionarios (los hermanos ya podían con la ley, como el suyo) en un caso, denuncia penal de la AFIP por "violación del secreto fiscal" en el otro, cuando Verbitsky publicó los millones blanqueados por los Macri.  

En el mismo paquetazo (misma modalidad utilizada ahora: esconder un elefante dentro de la manada) también obtuvo la autorización para desguazar el fondo de la ANSES, y el guiño para la reforma previsional que ahora está ensayando.

Precisamente ésta última fue presentada por Macri con un “cazabobos” infalible: la existencia de supuestas “jubilaciones de privilegio”, cuando en rigor fueron derogadas ya en el 2002 por la Ley 25.668, salvo la de los diplomáticos, obispos, jueces de la Corte y la asignación vitalicia a los ex presidentes, salvadas por el veto parcial de Duhalde.

Mientras los hámsters giran en la rueda de discusión en los medios y las redes sociales sobre cuanto es la jubilación de Zaffaroni, el gobierno naturaliza ahora como propuesta explícita el cambio (regresivo y perjudicial) en la fórmula de movilidad de los haberes jubilatorios, que fue rechazado hace unos meses cuando quisieron “retocarla” de contrabando por una resolución de la ANSES, inspirada en los pedidos del FMI.

En términos de reducción del gasto público (el objetivo buscado por el gobierno) y de “sustentabilidad del sistema previsional” (en palabras del propio Macri) que es lo mismo pero dicho con eufemismos, la cuestión no es dudosa: las “jubilaciones de privilegio” (de existir) no mueven el amperímetro, cosa que sí sucede si se aprueba el ajuste de los haberes por inflación, y no por el sistema aprobado durante el gobierno de Cristina por la Ley 26.417.

Para tomar un ejemplo cercano, acá en Santa Fe las más horribles de las jubilaciones de privilegio (las aprobadas por la Ley 9214 de la dictadura para sus funcionarios) representan apenas el 0,09 % del presupuesto total de la Caja de Jubilaciones y Pensiones: poco más de 19 millones (incluyendo la contribución patronal y el aporte al IAPOS), en un presupuesto de más de 20.823 millones de pesos, antes de los aumentos pactados para este año en las paritarias.

La conclusión no cambia si agregamos los “regímenes especiales” de los que también habló Macri: docentes universitarios, investigadores del CONICET, obreros de la construcción.

En el caso de la reforma laboral, los “ganchos” están puestos en el aumento a 15 días de la licencia por paternidad, la creación de la “Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Médicas” (AGNET) pactada con la CGT y las prepagas, y el generoso blanqueo por los aportes evadidos a la seguridad social, manteniendo empleados en negro.

No está muy claro en éste caso cuáles de los aspectos “intragables” del proyecto (que son casi todos) estaría dispuesto a ceder el gobierno, para conservar lo principal de la propuesta: la rebaja sustancial en la base de cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa, la ampliación de los límites del “ius variandi” del empleador, la redefinición del concepto de “trabajo” (este punto pareciera ser “lo horrible a entregar”), el “banco de horas” (virtual eliminación de las horas extras), el fondo de despido financiado con los aportes de los propios trabajadores de sus salarios, la reducción del plazo de prescripción de las acciones para demandar en la justicia laboral (otro posible “cazabobos”), la eliminación de la solidaridad empresarial en caso de tercerización o subcontratación, o la figura del "trabajador independiente".