¿ADIÓS A LOS TESTAFERROS?

Testaferros, prestanombres, socios ocultos, sociedades pantalla off shores en paraísos fiscales, ex empleados que devienen socios: todas herramientas de uso habitual de la familia Macri desde que comenzó en el mundo de los negocios; y que no se detuvo por la llegada de un miembro del clan a la presidencia de la nación.

Por el contrario: el primo presidencial Angelo Calcaterra que les había ¿comprado? A los Macri la constructora IECSA dejando en prenda por 10 años las acciones, la vendió ya con Mauricio en el gobierno a Marcelo Mindlin, otro empresario sospechado de ser testaferro de los Macri. IECSA era una de las integrantes del consorcio adjudicatario del soterramiento del Sarmiento, al que Macri le sacó de encima por DNU la obligación para conseguir financiamiento para la obra, poniéndolA a cargo del Estado por 45.000 millones de pesos.

Obra de la que luego saldrían (al igual que la cuestionada Odebrecht) en beneficio de la italiana Ghella, que según otras malas lenguas, es en realidad y al menos en parte, de Franco Macri. Hubo más: se presentó como una venta a la colombiana Avianca de la empresa de viajes aéreos de los Macri (Mac Air Jet), lo que fue en realidad un cambio de razón social de la empresa y no la conformación de una filial de la compradora, quedando a cargo de la nueva firma ex empleados de SOCMA durante años, como Carlos Colunga.

Cuando el gobierno de Macri comenzó su ofensiva contra los medios críticos terminó forzando la venta de C5N (que Cristóbal López no podía vender por estar inhibido judicialmente) a un ex empleado de SOCMA y Papel Prensa (Rosner), que ni siquiera reside en el país.

Luego vino el negociado de los parques eólicos, por el que los Macri armaron cuatro sociedades nuevas (creadas tras la asunción del gobierno de “Cambiemos”) para explotarlos, cada una de ellas a cargo de un empleado del hólding familiar; y luego de que se valorizaran esas flamantes empresas como consecuencia directa de las medidas tomadas por Macri en materia de energías renovables, las vendieron obteniendo una ganancia de 48 millones de dólares por el pase de manos.

Y además los compradores de las sociedades que explotaban los parques eólicos son los mismos que acaban de comprarle a “Niky” Caputo (el “hermano de la vida” del presidente, ¿acaso otro testaferro?) el 82 % de su constructora en 109 millones de dólares, luego de que la empresa se valorizara en su capitalización bursátil un 681% en los dos años de gobierno de Macri, por sus vínculos políticos que le garantizaron el acceso a contratos de obra pública y negocios conexos.

En medio de todo esto y pocos días antes de esa última venta, se conoció el “mega DNU” de “desburocratización” del Estado (Decreto 27/18), que entre otras cosas, en sus artículos 3 y 4 modificó los artículos 34 y 35 de la Ley 19.550 de sociedades comerciales, que referían al socio aparente o prestanombre (vulgarmente llamado “testaferro”) y al socio oculto.

Precisamente en el artículo 34 con la nueva redacción a partir de ahora queda prohibida la actuación societaria del socio aparente o prestanombre, y del socio oculto (pese a que se mantiene su responsabilidad solidaria e ilimitada); y de acuerdo con el nuevo artículo 35 la violación de la prohibición hace responsables a ese tipo de socios en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones de la sociedad, sin poder oponer a los terceros ningún pacto en contrario por el cual alguno de ellos quede exento.  

Antes de la reforma introducida por el DNU al artículo 34, este regulaba al socio aparente aclarando que "El que prestare su nombre como socio no será reputado como tal respecto de los verdaderos socios, tenga o no parte en las ganancias de la sociedad; pero con relación a terceros, será considerado con las obligaciones y responsabilidades de un socio, salvo su acción contra los socios para ser indemnizado de lo que pagare.” (las negritas son nuestras) 

Y respecto al “socio del socio”, decía el artículo 35 de la ley también modificado por el DNU: “Cualquier socio puede dar participación a terceros en lo que le corresponde en ese carácter. Los partícipes carecerán de la calidad de socio y de toda acción social; y se les aplicarán las reglas sobre sociedades accidentales o en participación.”

A simple vista pareciera que la reforma introducida por el DNU va en sentido contrario a los enjuagues que estos tipos (los Macri) suelen hacer, a menos que en realidad lo que estén haciendo es cubrirse a futuro de cualquier reclamo de los tipos a los que usaron como testaferros (el cambio les quita la posibilidad de reclamar); o de la posibilidad de que estos le hayan dado participación a terceros en las acciones que tenían como “socios aparentes” (recordemos que también quedaría prohibido el “socio del socio”).

Porque más allá de que en los fundamentos del DNU se diga en este punto que los cambios responden a las recomendaciones de la OCDE para prevenir el lavado de dinero (lo que ya existía en todo caso al asumir Macri) y al deseo del gobierno al pertenecer al selecto club, cuesta encontrarle un sentido a la reforma desvinculado de los negocios habituales de estos tipos.

De hecho, los ejemplos que dimos más arriba de los negocios que urdieron desde el poder, suponen previamente decisiones del Estado (con el Sarmiento, con las low cost, con los parques eólicos) que crearon condiciones objetivas para favorecer al grupo Macri, y a los empresarios "vinculados" a él. Condiciones tan sospechosas que -por ejemplo- la Comisión Nacional de Valores tuvo que suspender la cotización de las acciones de la empresa de Caputo, luego de la venta de la semana pasada