LA INTERNA SOCIALISTA CAUSÓ DOS NUEVAS VÍCTIMAS: LA INVESTIGACIÓN Y LA CIENCIA

Antes que nada lo más importante, que como corresponde es el autobombo: del veto de Lifschitz a la ley de fomento de la ciencia, tecnología e innovación se habló primero acá, en este humilde blog.

Dicho esto, nos enteramos ahora en ésta nota del diario en trance de dejar de ser del Loco Lindo, que el proyecto vetado tuvo su origen en los diputados del propio socialismo, comenzando nada más ni nada menos que por Bonfatti, a la sazón presidente de la Cámara; con lo cual el veto de Lifschitz impacta de lleno en la interna partidaria que ya está al rojo vivo, entre el pedido del gobernador de reformar la Constitución para lograr la reelección, y la rosca de Bonfatti con un sector del peronismo para intentar ser él el que vuelva a la Casa Gris.

Y la interna se trasunta a los argumentos del veto, que son como mínimo curiosos.

La ley establecía una asignación mínima de recursos del presupuesto provincial destinados esa finalidad (la ciencia, la tecnología y la investigación; que partía de un 0,16 % en el 2017 para ir creciendo en las alícuotas hasta llegar al 0,50 % en el 2021.

Lifschitz vetó dos artículos (el 2 y el 8) que referían al destino de los fondos, y al compromiso que asumiría el Estado de garantizar una inversión mínima con ese fin. (Las negritas son nuestras)

Al respecto, dicen los considerandos del Decreto 4360: "Que el presupuesto provincial presenta una estructura rígida de su gasto, la cual se compone principalmente de cuestiones vinculadas a los deberes provinciales para la prestación de los servicios de educación, seguridad y salud, siendo éstos indelegables, imprescindibles y con alta sensibilidad social;" (O sea, la ciencia, la tecnología y la investigación no son prioritarias, y si les aumentan los fondos, no habrá gasa en los hospitales, nafta para los patrulleros o tizas en las escuelas. Curioso, como mínimo)

Continúa: "Que en el marco de dicha rigidez, los montos que implican el cumplimiento de las asignaciones plurianuales previstas en el presente proyecto de ley son de alto impacto presupuestario; " (En el 2017 tomando como base el presupuesto oficial, el 0,16 % previsto en la ley eran unos $ 247.129.685, o sea más o menos la tercera parte que la partida asignada en el mismo presupuesto para publicidad oficial, que fue -originariamente- de $ 727.448.000)

Prosigue el decreto: "Que es menester resguardar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para asignar los recursos con una mirada integral del presupuesto en su totalidad;" (O sea, "mirá pelado, ahora el gobernador soy, y por ende soy el que reparte la tarasca, no me quieras armar un gobierno paralelo desde la Legislatura)

Y finaliza así: "Que el artículo 26 de la Ley N° 12.510 establece: "Toda ley que autorice gastos no previstos en la Ley de Presupuesto deberá señalar sus fuentes específicas de financiamiento o la pertinente autorización para la utilización del crédito. La ejecución del gasto autorizado por dicha ley sólo procede desde el momento en que se produzca la efectiva recaudación del recurso";" (La ley en realidad no está "autorizando un nuevo gasto", sino fijando una prioridad para la asignación de los gastos que se vayan a hacer. Con el criterio del veto no se podría haber sancionado la Ley 26.075 de financiamiento educativo, que permitió llegar a la meta del 6 % del PBI invertido en educación, ciencia y tecnología, y sobrepasarla).