UN HOMBRE DE IDEAS GENIALES

Un tiempo atrás se le había ocurrido que el gobierno de la provincia inyectara capital en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. propiedad de Eskenazy y se convirtiera en accionista del mismo, con lo cual (como decíamos acá) no se conseguiría sino "...inyectarle capital público a un banco que seguiría siendo privado, y permitirle al Grupo Petersen (tal la denominación del hólding) seguir siendo el agente financiero de la provincia para siempre; sin necesidad de volver a licitar esa condición.".

Ahora se mete con el tema  de las TIC'S (tecnologías de la información y la comunicación: Internet, telefonía móvil, transmisión de datos) para proponer la creación de una empresa estatal, en realidad una SAPEM (Sociedad con Participación Estatal Mayoritaria) para que  "...logre una complementación y una sinergia con el sector privado que permita un desarrollo territorial de las TICs a costos razonables. Antes, habrá que generar una etapa de inversión en infraestructura que es vital para una mejor y más eficiente conectividad."

Según nos cuenta, "...este proyecto surge de la necesidad de llegar con TICs a localidades que no cuentan con este tipo de servicios o son deficientes. “En vastos rincones de la provincia no existe la inversión privada (en ese rubro) porque la tasa de recupero es muy baja”, explicó el legislador y agregó: “Por eso es fundamental que el estado participe para lograr una distribución más equitativa de estas tecnologías”."

La sociedad contaría con una participación del Estado provincial del 51 % del paquete accionario, y dentro del 49 % restante, un 15 % sería integrado por operadores privados, quedando el resto para las municipalidades y comunas y las cooperativas que prestan ese tipo de servicios.

Dado que este cráneo propone declarar a este tipo de servicios "de interés público", convendría recordarle que eso ya se hizo en el país en el 2014 durante el gobierno de Cristina; por el artículo 1º de la Ley 27.078 de "Argentina Digital"; y que toda la regulación en ésta materia es de exclusiva competencia federal (es decir, del Estado nacional), conforme al artículo 4 de la misma ley; así como que este tipo de servicios se operan bajo licencia y en régimen de competencia, licencia justamente otorgada en cada caso por el gobierno federal atento a la materia (artículo 8 de la misma ley). 

Por cierto: los diputados socialistas y todos los del Frente Progresista Cívico y Social (que entonces incluía a la UCR y la Coalición Cívica pues no se había formado "Cambiemos") votaron en contra de la ley, entre ellos Binner y Alicia Ciciliani. 

¿Tendrá la certeza de que a la SAPEM que propone crear le otorgarán las licencias de explotación, o ése es el fin que cumplirían los "socios privados": facilitar el otorgamiento de las licencias con sus "vínculos privilegiados" con el gobierno nacional?

¿Quiénes serían esos socios privados, y como y quién los elegiría, el directorio de la sociedad? ¿Están pensando en Telmex, Fibertel, Telefónica, Cablevisión-Telecom o en promover una competencia entre ellos para dejarlos entrar a la SAPEM? ¿Cablevisión y Telecom corren con ventaja por ser los proveedores del servicio de telefonía celular para el propio Estado provincial y sus funcionarios, acaso capitalizarán sus acreencias por ese rubro en el que acaban de recibir un aumento del 45 % como aportes de capital a la nueva sociedad? 

Como el propio Galassi cuenta en la nota, la provincia ha invertido en infraestructura de las TIC´s para uso propio del gobierno, y para facilitar el acceso al 4 G (incluyendo Internet y telefonía móvil y servicio de transmisión de datos, audio y video) en zonas donde los privados no invertirían, por falta de interés.

Más concretamente, veíamos acá como allá por el 2015 el gobierno de Bonfatti gastó 38 millones de dólares en infraestructura y equipamiento con ese fin, en toda la provincia. ¿Los privados que aportarían el 15 % de las acciones de la sociedad a crearse usufructuarán esa previa inversión del Estado, para sumarse al negocio y en tal caso, el capital que inyecten será igual, más o menos que lo que ya puso el Estado?

No se trata de renegar -justamente nosotros- de la participación del Estado en alguna actividad, sino de advertir que no se lo convierta en el socio bobo de negocios privados; y en todo caso de permitirnos sospechar de la eficacia del Estado manejado por el socialismo en particular.

Recordemos que en ya en 2011 en el gobierno de Binner habían sancionado la Ley 13.242 creando EFESA (Empresa Mixta Ferrocarriles de Santa Fe), que también incorporaría capitales privados para prestar servicios ferroviarios de pasajeros y de carga en todo el territorio provincial, y que aun hoy sigue siendo solo un papel. Otro tanto ocurrió con Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM, creada en marzo del 2016 por la Ley 13.527.

Y ni hablemos de como gestionan las empresas estatales que ya existían antes de que llegaran ellos al gobierno, como la EPE (Empresa Provincial de la Energía) y Aguas Santafesinas (ASSA).