lunes, 12 de marzo de 2018

DE ESTO HABLÁBAMOS


La semana pasada en ésta entrada comentábamos el "plan de ajuste" supuesta encarado por el gobierno de Macri para reducir -prometieron- en un 25 % la planta política, suprimiendo 1000 cargos y generando un ahorro anual de 1500 millones de pesos.

Dijimos entonces: "...si consideramos que en realidad en los niveles superiores están dando de baja solo 69 cargos (de una planta política abultada en más del 30 % al iniciarse el gobierno de "Cambiemos"), para llegar a los 1000 prometidos por Macri en enero (“uno de cada cuatro cargos de la planta política") tendrían que suprimir 931 Directores o Directoras Nacionales, o de los demás cargos de los llamados "Funcionarios Fuera de Nivel" (asesores, coordinadores, personal de gabinete), algunos de los cuales son expresamente dejados a salvo de la poda por el decreto. Estos últimos solo en los ministerios, la Presidencia y la Jefatura de Gabinete (es decir, sin contar organismos descentralizados y desconcentrados, empresas del Estado, entes reguladores, instituciones de la seguridad social y otros entes públicos) suman 430 cargos.".

Pues bien, analizando la totalidad de la estructura de la Administración Nacional (es decir, Administración  Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social, sin incluir Empresas, Sociedades y Otros Entes Públicos) aprobada por el presupuesto, en la misma aparecen en total 501 cargos de Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo (presidente, jefe de gabinete, ministros, subsecretarios, titulares de organismos descentralizados) y 632 cargos de Funcionarios Fuera de Nivel (asesores, personal de gabinete, directores y sub directores nacionales, coordinadores, etc); es decir una planta política de 1133 componentes.

En el decreto 174 de éste año que comentamos en la entrada anterior aprobaron un nuevo organigrama de resultas del cual ese plantel se habría reducido en 69 cargos, y según la noticia a la que corresponde la imagen de apertura, en una segunda etapa la guadaña quedaría en manos del Jefe de Gabinete Marcos Peña y haría caer otros 974 cargos más.

Lo que supone que (si no sacamos mal la cuenta) a esa planta de 1133 cargos le mutilarían en total 1043 y quedaría con apenas 90, lo cual es un absurdo, o en todo caso tiene una sola explicación: el gobierno de Macri metió por la ventana desde diciembre del 2015 para acá más de 3000 funcionarios políticos (mínimo) disfrazados en cargos correspondientes a la planta de personal permanente; comprendidos dentro del llamado "Sistema Nacional de la Profesión Administrativa" (SINAPA), y en el convenio colectivo de trabajo del sector público, utilizando con ese fin cargos vacantes disponibles en el presupuesto de las distintas área; en muchos casos vacantes luego de despedir a "la grasa militante" del kirchnerismo.

Y es sabido que no solo ha sido así, sino que en muchos los postulados fueron exceptuados de alguno de los requisitos generales exigidos por el convenio para el ingreso, porque no los cumplían. De modo que el anuncio del ajuste aun de cumplirse, lo único que haría es reparar apenas en una ínfima parte el asalto por parte de "Cambiemos" a lugares en el Estado reservados para el personal de planta, a los que se debe acceder por concurso, según el convenio. Y cuidado con éste último requisito, porque también se han anunciado concursos, no sea cosa que terminen blanqueando esas designaciones "por la ventana".

También como se señala en ésta nota de El Destape, el mismo día que salía el decreto "ajustado", se conoció la Decisión Administrativa 267 de la Jefatura de Gabinete, que le permite a los ministros disponer discrecionalmente de las llamadas "Unidades Retributivas" para beneficiar a la planta política en sus salarios, en perjuicio de los empleados de planta permanente. Y acá en Infobae en la nota a la que corresponde la imagen de apertura, señalan las dudas que plantean los anuncios del gobierno.

También decíamos en la entrada anterior que el propio decreto que comenzaba con el presunto ajuste fue acompañado por otro (el 167), publicado el mismo día en el Boletín Oficial, que faculta a los ministros a "...crear unidades ejecutoras especiales temporarias y/o para gestionar planes, programas y proyectos de carácter transitorio y excepcional, pudiendo determinar la estructura, el funcionamiento y asignación de recursos humanos que correspondan, estableciendo que dichas unidades tendrán una duración que no podrá exceder de dos (2) años, salvo autorización en la ley de presupuesto del año correspondiente al vencimiento del plazo...” (las negritas son nuestras). Las mencionadas Unidades Ejecutoras (según el decreto) “estarán a cargo de un funcionario cuyo nivel no podrá exceder el correspondiente a Secretario de Estado”, o sea que los ministros quedan facultados para crear secretarías o subsecretarías, o cargos equivalentes en su retribución.".

Justamente el viernes pasado (es decir, apenas cuatro días después de dictados los decretos) aparecieron publicadas en el Boletín Oficial las Resoluciones 138 y 139 del Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne creando dos "Unidades Ejecutoras Especiales", a cargo de un funcionario con rango de Secretario (en el caso de la creada para la reunión del G20) y de Subsecretario (en el de la creada para el ingreso de Argentina a la OCDE), respectivamente.

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