AL FINAL, MACRI SÍ TRAICIONÓ A SU CLASE

Si hay un sector que se ha visto favorecido con sus vínculos con el Estado en los diferentes gobiernos cualquiera sea su signo político, ha sido la patria constructora. Y el kirchnerismo, lejos de ser la regla, fue acaso el proceso político en el cual más se vieron favorecidos, salvo el primer peronismo; con una enorme inversión en obra pública en todas las ramas de la industria de la construcción.

A punto tal que la leyenda negra de “la corrupción k” y el famoso “se robaron todo” se construyeron con eje en la obra pública en el período del 2003 al 2015, y especialmente en la gestión de Julio De Vido. Alguien llenó los bolsos de Julio López, y no fueron las monjas del convento; quizás ahora que la causa ha llegado al juicio oral finalmente lo sepamos.

Sin embargo y por aquello de que el capital no tiene patria ni bandera, los muchachos constructores pusieron huevos en ambas canastas, pero apostaron más fuerte a la candidatura de Macri, al fin y al cabo uno de los suyos: a través de SIDECO (una de las naves insignia del holding SOCMA) o IECSA (luego “vendida” sucesivamente al primo Calcaterra y al amigo Mindlin) el clan familiar participó activamente desde sus orígenes de la actividad de la construcción, vinculada a la obra pública.

Y una vez instalado el constructor Macri en el gobierno, redoblaron la apuesta y en principio, mal no les estaba yendo, porque en el segundo semestre del año pasado el gobierno apostó fuerte a la obra pública, en un envión “keynesiano” que le permitiera ganar las elecciones de medio término inyectando actividad a la economía.

Antes de eso, en el 2016, el gobierno logró hacer aprobar en el Congreso (con la colaboración de la “oposición responsable”) el régimen de los contratos de “participación pública privada” para las obras de infraestructura; con el que esperaba no solo atraer la “lluvia de inversiones” del exterior, sino generar otro nicho de negocios para los contratistas locales.

Sin embargo, pasada la necesidad electoral, las cosas volvieron al cauce natural de la economía neoliberal monetarista: los pagos de los certificados de obra pendientes se fueron espaciando, la inversión interanual en obra pública (incluyendo las transferencias de capital a las provincias para obras financiadas por la nación) cayó drásticamente este año respecto al anterior; y aun antes del acuerdo con el FMI Dujovne había anunciado un recorte de 30.000 millones de pesos en la obra pública nacional.

Con el acuerdo del Fondo cerrado y aun antes de que se conozca su letra chica, ya se sabe que las metas de reducción del gasto que involucra para alcanzar los objetivos planteados de reducción del déficit fiscal suponen una merma del 81 % en los gastos de capital, respecto a un año como éste en el que ya vienen mermando, conforme a lo expuesto.

Tal compromiso disparó -como era previsible- la queja de las cámaras del sector, como la que expresa el presidente de la CAC Guillermo Weiss en esta nota de La Política Online a la que corresponde la imagen de apertura, alertando sobre la posible pérdida de puestos de trabajo que significaría un frenazo tan fuerte de la actividad. Curioso: otro afectado por el recorte sería el gremio de la UOCRA, cuyo conductor Gerardo Martínez es uno de los “gordos” que siguen apostando a rosquear con el gobierno, y frenar toda posible convocatoria a un paro: Roma no paga traidores, versión un millón.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción también expresó sus dudas respecto a que el sistema PPP (participación pública privada) pueda contrarrestar la brusca caída en la inversión en obra pública del Estado nacional y las provincias (a las que el acuerdo con el FMI también mete en el baile del ajuste), en especial por los exhorbitantes costos del financiamiento, en un contexto de crecientes turbulencias financieras y cambiarias en el país y en todo el mundo.

Nada que no se supiera -en mano de consecuencias indeseadas- si se analizaba atentamente como funcionan los modelos económicos del tipo del que se está ejecutando en el país, y cuáles son sus debilidades estructurales, pero la “solidaridad de clase” por un lado, y la tentación de conseguir aun mayores niveles de flexibilización de una fuerza de trabajo que es de las más precarizadas (cosa que consiguieron), llevaron a nuestra patria contratista a atar su suerte a un modelo que ahora los expulsa; o al menos no lo tiene entre sus prioridades.

A menos que el enojo de Weiss se base exclusivamente en que el gobierno los remite a pescar en el mar de los contratos PPP donde tallan otros tiburones de mayor porte (nacionales y extranjeros), y ahí tienen pocas chances de enganchar algún contrato, aunque en el caso de los corredores viales no le fue nada mal, porque se quedó con dos de los seis licitados bajo esas premisas.