¿Se acuerdan que días atrás se conoció un decreto por el cual Macri -por consejo de la Oficina Anticorrupción- se "excusaba" de intervenir en el trámite de renegociación del contrato de concesión del Acceso Norte a la Capital Federal entre el Estado nacional y Autopista del Sol (AUSOL), consorcio integrado entre otras empresas por la española Abertis y otras empresas, entre ellas y hasta abril del año pasado SIDECO, una de las empresas controladas de SOCMA; el hólding controlante del clan familiar.
Cabría preguntarse por qué razón Macri se excusaría, si su familia se desprendió el año pasado del 7 % de Autopistas del Sol que detentaba a través de SIDECO, y acaso la respuesta esté en el Decreto 607 publicado en el Boletín Oficial de hoy (completo acá), firmado por Michetti en su reemplazo; y que aprueba el acuerdo de renegociación contractual, sin pasar por el Congreso nacional pese a encontrarse vencida la Ley de Emergencia Pública 25.561, que el propio Macri optó por no prorrogar.
Por el acuerdo, AUSOL (la española Abertis, accionista principal) "modera" sus pretensiones de resarcimiento ante el Estado argentino por la presunta "ruptura económica financiera" de la concesión, que la había llevado a instaurar una demanda contra el país en el CIADI por 1135 millones de dólares, y el gobierno acepta incluso apartarse del mecanismo de renegociación que el propio Macri -sin excusarse entonces- había aprobado para todos los corredores viales con peaje por el Decreto 367/16, dictado cuando la ley de emergencia aun estaba vigente.
Según dice el acuerdo, AUSOL "limita sus pretensiones" a la recuperación de lo invertido y no amortizado en la concesión, que calculó en unos 995 millones de dólares (cálculo hecho en el año 2000, durante el gobierno de la Alianza, que lo "rebajó" a 927 millones de dólares en diciembre del 2001) a "sólo" algo más de 540 millones de la misma moneda; y acepta además "reducir" la tasa de retorno de la inversión garantizada en el contrato original (firmado en 1994, en plena convertibilidad) de 15,83 % en dólares, a "sólo" un 8 % en dólares.
Recordemos que el contrato original fijaba las tarifas en dólares (a los fines del contrato entre las partes, no para el usuario), ajustables por la inflación de los Estados Unidos; pero con una paridad cambiaria de 1 a 1 que rigió hasta enero del 2002; salvedad que hacemos para poner las cosas en contexto actual: esa inversión no amortizada a recuperar por la concesionaria (algo más de 540 millones de dólares) y esa tasa de retorno de la inversión garantizada por el Estado (del 8 %) se pactan hoy, con un dólar por encima de los 29 pesos, y en disparada.
Y a cambio de su "generosidad", AUSOL se compromete a realizar inversiones por 7312 millones de pesos (estas sí pesificadas, al tipo de cambio de ayer, unos 251 millones de dólares, y licuándose en pesos al compás de la corrida); y se le extiende la concesión (que terminaba en el 2020) hasta el año 2030, es decir por 10 años más.
En el acuerdo también se le perdonan a la concesionaria las penalidades por incumplimientos en las inversiones previstas en el contrato que le aplicaran los gobiernos kirchneristas, dándole la razón el Estado (ahora, en tiempos macristas) en cuanto a que no las hizo porque con la salida de la convertibilidad "se rompió la ecuación económica de la concesión", cuyos extremos estaban dolarizados como se dijo.
De acuerdo con el nuevo contrato y por los 12 años que ahora faltarán para que termine la concesión que se prorroga, la concesionaria tendrá derecho a un aumento anual de las tarifas de los peajes, ajustables por el Indice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) en un 30 %, y el índice de Mano de Obra de la Construcción (ICC), en el otro 70 %.
Eso sin perjuicio de su derecho a pedir una actualización semestral de las tarifas por el CER (Coeficiente de Estabilización y Referencia), y en cualquier momento cuando entre una redeterminación y otra la variación de los costos supere el 10 %.
Demás está decir que aunque SIDECO ya no forme parte de AUSOL (o al menos eso se dijo), todo lo que la concesionaria cobre del Estado nacional por compensación de las inversiones no amortizadas le debe ser repartido por sus socios en proporción a sus tenencias accionarias entre 1994 (fecha del contrato original) y 2017, cuando cedió su 7 % en el consorcio.
¿Se entiende ahora por qué Macri se excusó de firmar el decreto?
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