LAS OBRAS TE LAS DEBO

Varias veces hemos explicado acá en que consiste y como funcionan los “contratos de participación pública privada” que el gobierno de Macri viene impulsando desde la sanción en el 2016 de la Ley 27.326, con la colaboración de la “oposición responsable” en ambas Cámaras.

Dijimos también que el sistema tuvo cambios en la reglamentación posterior, y en los pliegos licitatorios de las obras (viales casi todas ellas) que se plantearon bajo sus términos, cambios todos con un mismo sentido y dirección: otorgarle cada vez mayores privilegios y ventajas a los inversores y contratistas privadas, liberándolos de cargas o riesgos que son transferidos al Estado; que garantiza el repago de las inversiones no solo con negocios a futuro (por ejemplo los peajes), sino con bonos de deuda en dólares, ajustables por la inflación.

Es decir que lo que se presentó como un modo de aliviar el peso de la obra pública en las cuentas fiscales, en rigor las agrava por el pago de los servicios de deuda, y la demanda de divisas, agudizando la ya grave restricción externa por el abultado déficit de la cuenta corriente del balance de pagos.

Para peor, las obras y proyectos que se plantean hacer por el controversial sistema responden más a la lógica de crear “nichos de negocios” para la patria contratista nacional y extranjera y los bancos que la financian en la aventura, que en los requerimientos de infraestructura necesarios para un plan de desarrollo nacional.

Demostrando una vez más el escaso timming macrista para leer la coyuntura, el lanzamiento coincidió con las turbulencias financieras internacionales y la corrida cambiaria local, lo que ha comprometido severamente la financiación de los contratos PPP, encareciéndola; a punto tal que Eurnekián (adjudicatario de dos de los seis corredores viales licitados bajo esta modalidad) está planeando seriamente abandonar los contratos que ganó.

En ese marco, el gobierno había comenzado ya a recortar la inversión directa del Estado nacional en obras públicas, y las transferencias de capital a las provincias, para que hicieran obras financiadas con recursos aportados por la nación; aun antes de haber cerrado el acuerdo con el FMI.

Un acuerdo que contempla una poda más drástica aun de las partidas destinadas a la obra pública para generar excedentes presupuestarios destinados a atender el pago de los servicios de la deuda, firmado con FMI que no mira con buenos ojos el sistema PPP, porque entiende que ayuda a “disfrazar” las cuentas fiscales, y disimular el déficit.

Así las cosas y en medio de las negociaciones con los gobernadores peronistas para que sumen votos para la aprobación del presupuesto nacional para el año que viene (año electoral), el gobierno de Macri analiza volcar toda la obra pública nacional a éste sistema, o que la financien las provincias; a las que además les impone reducir impuestos por una doble compromiso: el que asumieron en el pacto fiscal, y el que asumieron sin saberlo cuando el gobierno nacional comprometió con el FMI un ajuste fiscal de 300.000 millones de pesos.

Con dólares cada vez más escasos, una deuda externa creciendo aceleradamente a la misma velocidad que el riesgo de defáult, el riesgo país en alza, los mercados de capitales para el financiamiento cerrados para el Estado nacional, las provincias y las empresas (entre ellas las contratistas bajo el sistema PPP), atrasos considerables en los pagos de las obras en marcha y un torniquete fiscal enorme pactado con el FMI, plantearles a las provincias que toda la obra pública se hará bajo los “contratos de participación pública privada” es el eufemismo que el macrismo ha encontrado para no decirles lisa y llanamente, que no esperen que haya nuevas obras públicas de acá en adelante.

El “Plan Belgrano”, los 3000 jardines de infantes que se iban a hacer con la plata del “Fútbol Para Todos”, el “Plan Patagonia” y el “plan de infraestructura más ambicioso de la historia” quedarán para los spots de “Está pasando”, mientras las obras de verdad se van por la canaleta del pago de la deuda, hasta donde se aguante y pueda. O quedarán en el limbo de los contratos PPP.