EL FMI FINANCIARÁ LA CAMPAÑA DE MACRI

La imagen de apertura es una captura de pantalla del artículo 8 de la ley de presupuesto 2019 enviada por Macri al Congreso, que fue una de las normas más discutidas en el tratamiento en comisiones.

Lo que dispone es que el Jefe de Gabinete (o el presidente, según otro artículo) pueden aumentar el nivel de gastos establecido en la ley de presupuesto, si aumentan los recursos como consecuencia del financiamiento proveniente de organismos internacionales de los que el país sea parte, o de préstamos de Estados extranjeros; y además -y esto es lo más importante- puede distribuir esos mayores recursos como le plazca o en los gastos que crea oportuno, sin volver a pasar por el Congreso.

Se trata de una atribución excepcional, que va incluso más allá de los “superpoderes” que le otorga al mismo Jefe de Gabinete la Ley 24.156 de administración financiera para modificar partidas en forma compensada, o sea sacando de unas para reforzar otras; a punto tal que en la práctica cuando se aumentan los gastos votados por el Congreso como contrapartida de mayores recursos, lo suele hacer el Poder Ejecutivo por DNU.

Esa norma le permitiría al gobierno disponer por ejemplo de los recursos provenientes del endeudamiento con el FMI para todo tipo de gastos, dado que el mismo acuerdo inicial contemplaba que se podrían destinar para cubrir “insuficiencias presupuestarias”; pero parecía puesto ex profeso para instrumentar el segundo acuerdo (cuyas cláusulas aun permanecen secretas), por el cual se anticipaban remesas de fondos originariamente previstas para el 2020.

Y decimos parecía, porque en una primera fase de la discusión con la “oposición responsable” el gobierno había acordado eliminarlo, pero según cuentan acá en La Política Online finalmente quedará en el articulado, con otra redacción que es la que pueden ver en la imagen de abajo:

Como ven, desaparecen los “Estados extranjeros” como posibles prestatarios contemplados en la norma (acaso porque se cayó el préstamo del Tesoro de Estados Unidos, o ya no es necesario por el nuevo acuerdo con el FMI), y ahora los mayores recursos provenientes del endeudamiento solo podrían utilizarse para financiar gastos de capital; por ejemplo obras públicas.

La solución arribada (sin dudas propuesta por la “oposición responsable”) no resuelve el problema de fondo, y dice bastante sobre la fragilidad de la política de “mejorar” las iniciativas del gobierno. Y el problema de fondo es que el gobierno seguirá pudiendo disponer de recursos adicionales provenientes del endeudamiento, sin pasar por el Congreso; en el marco de un presupuesto que aumenta los ya exorbitantes niveles de toma de deuda, y en el marco también de acuerdos con el FMI que jamás fueron remitidos a la discusión legislativa, tanto que el segundo -aun no aprobado por el board del Fondo- ni siquiera es conocido en detalle en sus cláusulas.

Si el texto queda finalmente como lo muestra la segunda imagen, lo que va a ocurrir muy probablemente es que el gobierno utilice los mayores recursos provenientes del financiamiento anticipado por el FMI para financiar obras, casi con toda certeza las comprendidas bajo el sistema PPP (Participación Pública Privada) que se ratifica en el presupuesto, para los cuáles los privados que se comprometieron a aportar el financiamiento no lo consiguen, por la suba de las tasas de interés y los coletazos de la llamada “causa de los cuadernos”. Esa es prácticamente toda la obra pública que el gobierno de Macri puede llegar a ejecutar en un año electoral como será el 2019, y corre serio riesgo de paralizarse, de no aparecer recursos del Estado.

Por otro lado, afectar recursos del endeudamiento a esos fines le permitirá al gobierno liberar partidas del presupuesto originariamente previstas para hacer obras, a otras finalidades, como por ejemplo pagar los crecientes servicios de la deuda; algo que con certeza ya pensaba hacer, como hizo este año en la ejecución del presupuesto.

Con lo cual la “oposición responsable” le habrá dado a Macri una herramienta para financiar su campaña por la reelección, a costa de un mayor endeudamiento del país, y una pesada herencia para el próximo gobierno; sin contar con que el artículo supone una implícita convalidación de los acuerdos con el FMI, firmados en violación de la Constitución Nacional.