Como sabemos, las tarifas del gas (al igual
que las de la luz) están dolarizadas desde 2016, cuando en la gestión de
Aranguren en el entonces Ministerio de Energía se les reconoció a las
petroleras un “sendero” de precios en dólares por el millón de BTU, la unidad
de medida utilizada para medir la producción gasífera.
Se fijó un
cronograma de sucesivos aumentos del precio en dólares, muy por encima del
promedio internacional, y de sus costos reales de producción en el país, aun
medidos en la misma moneda.
Eso generó los descomunales tarifazos que venimos padeciendo desde entonces, olas de amparos en todo el país y hasta un fallo de la Corte Suprema mandando realizar audiencias públicas, y fijar las tarifas con criterios de razonabilidad. Lo primero lo cumplieron, lo segundo sabemos que no.
Todos sabemos
también lo que pasó con el dólar: el año pasado estaba a un promedio de 17
pesos, y éste se disparó hasta los 42, para orbitar hoy en torno a los 39.
Lo cual
-obviamente- aumenta el costo de las facturas que las transportistas y distribuidoras de gas de
todo el país les tienen que pagar a las productoras (las petroleras), y por
carácter transitivo, de las que tienen pagar los usuarios reales, sean domiciliarios,
comerciales o industriales.
Y el modo que
encontró el gobierno para resolver el problema no fue desdolarizar las tarifas,
lo cual recortaría las descomunales ganancias de las petroleras; ni hacer que los mayores costos fruto de la devaluación que pulverizó salarios y jubilaciones, los absorban las transportistas o distribudoras.
La solución del macrismo fue la que siempre se le ocurre: trasladárselo a los
usuarios, pero eso sí, dándoles la "oportunidad" de pagar la diferencia acumulada por las variaciones en el tipo de cambio entre abril y septiembre de éste año (que puede seguir
creciendo si sigue subiendo el dólar), en 24 cuotas, a partir de enero del año
que viene.
Pero las cuotas no son fijas, no señor: se actualizarán esos 24 meses, mese a mes, por la tasa que pague el Banco Nación por sus depósitos a plazo fijo, justo ahora, que vuelan las tasas. O sea: les trasladan a los usuarios el eventual financiamiento que les hagan las petroleras a las transportistas y distribuidoras, de la diferencia de cambio acumulada a su favor. Así lo dispone la
Resolución 20 de la hoy Secretaría de Energía, publicada ayer en el Boletín
Oficial (completa acá), de la que habla la imagen de apertura.
O sea que cuando
asuma el próximo gobierno, vamos a estar pagando facturas de gas generadas en
éste, y así sucesivamente; sin descartar nuevos aumentos como el del 35 % que
empezó a regir este mes; y teniendo además en cuenta que hace unos días redujeron la tarifa social, y eliminaron la bonificación en las facturas por bajar el consumo, con lo cual ya ni sostienen la mentira de que el objeto de los tarifas era promover un uso racional de la energía.
Aumentos retroactivos sobre facturas ya emitidas y pagadas, sin audiencia pública ni nada que se le parezca, solo atendiendo a la variación del tipo de cambio (consecuencia de los desaguisados del propio gobierno), y a cuidar la rentabilidad de las petroleras en primer lugar, y de las transportistas y distribuidoras en segundo término.
Para ponerles nombre a los beneficiarios: Transportadora de Gas del Norte (TGN) es controlada por Gasinvest S.A., una sociedad conformada por Tecpetrol (la petrolera del grupo Techint) y Compañía General de Combustibles (CGC), la petrolera de Corporación América, o sea el grupo Eurnekián. Transportadora de Gas del Sur (TGS) es controlada por CIESA, cuyo accionista mayoritario es a su vez Pampa Energía, el hólding de Marcelo Mindlin.
Por el lado de las distribuidoras, que son muchas en todo el país, Litoral Gas (la que presta el servicio en Santa Fe y norte de Buenos Aires) es controlada por Tibsa Inversora, en la que participa con un 30 % de las acciones Tecpetrol, como dijimos, la petrolera de Techint; y Metrogas (distribuidora del área metropolitana) es un 70 % propiedad de YPF, pero el gobierno quiere obligar a la petrolera estatal a vender sus acciones, lo mismo que quiere desprenderse de las que son propiedad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES; que tiene participación en otras distribuidoras:Gas Natural Ban S.A., Distribuidora de Gas Cuyana S.A. y Camuzzi Gas Pampeana S.A..
Por si todo eso fuera poco, en el mismo Boletín Oficial de ayer salieron otras dos resoluciones de la Secretaría de Energía (las números 21 y 22) que subieron los precios a pagar por las petroleras por el biodiésel y el bioetanol producido con caña de azúcar, para incorporar a los cortes obligatorios de los combustibles. Ni falta hacer decir quiénes pagarán esos mayores precios: los consumidores, cuando carguen el tanque de nafta, porque ni por asomo las petroleras los absorberán, en un mercado desregulado por el Estado.
Aumentos retroactivos sobre facturas ya emitidas y pagadas, sin audiencia pública ni nada que se le parezca, solo atendiendo a la variación del tipo de cambio (consecuencia de los desaguisados del propio gobierno), y a cuidar la rentabilidad de las petroleras en primer lugar, y de las transportistas y distribuidoras en segundo término.
Para ponerles nombre a los beneficiarios: Transportadora de Gas del Norte (TGN) es controlada por Gasinvest S.A., una sociedad conformada por Tecpetrol (la petrolera del grupo Techint) y Compañía General de Combustibles (CGC), la petrolera de Corporación América, o sea el grupo Eurnekián. Transportadora de Gas del Sur (TGS) es controlada por CIESA, cuyo accionista mayoritario es a su vez Pampa Energía, el hólding de Marcelo Mindlin.
Por el lado de las distribuidoras, que son muchas en todo el país, Litoral Gas (la que presta el servicio en Santa Fe y norte de Buenos Aires) es controlada por Tibsa Inversora, en la que participa con un 30 % de las acciones Tecpetrol, como dijimos, la petrolera de Techint; y Metrogas (distribuidora del área metropolitana) es un 70 % propiedad de YPF, pero el gobierno quiere obligar a la petrolera estatal a vender sus acciones, lo mismo que quiere desprenderse de las que son propiedad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES; que tiene participación en otras distribuidoras:Gas Natural Ban S.A., Distribuidora de Gas Cuyana S.A. y Camuzzi Gas Pampeana S.A..
Por si todo eso fuera poco, en el mismo Boletín Oficial de ayer salieron otras dos resoluciones de la Secretaría de Energía (las números 21 y 22) que subieron los precios a pagar por las petroleras por el biodiésel y el bioetanol producido con caña de azúcar, para incorporar a los cortes obligatorios de los combustibles. Ni falta hacer decir quiénes pagarán esos mayores precios: los consumidores, cuando carguen el tanque de nafta, porque ni por asomo las petroleras los absorberán, en un mercado desregulado por el Estado.
Cuando alguien les
pregunte como definir el macrismo en pocas palabras, apelen a estos ejemplos, que son muy demostrativos de cómo funciona, y quiénes son los ganadores y perdedores
bajo su modelo. Tuits relacionados:
Pocas cosas definen mejor la naturaleza profundamente hija de puta de este gobierno como la decisión de trasladarles a los usuarios el costo de la compensación de los precios del gas a las petroleras, por el alza del dólar— La Corriente K (@lacorrientek) 5 de octubre de 2018
Podían haber vuelto a pesificar las tarifas del gas y que se caguen las petroleras, distribuidoras y transportistas, pero les daba paja— La Corriente K (@lacorrientek) 5 de octubre de 2018
Nunca vi nada igual en toda mi vida. Estos tipos no tienen límites. Ya es demasiado. Acabo de presentar un proyecto de ley para derogar esa resolución. https://t.co/gDpr1z6vMV— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 5 de octubre de 2018
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