Basta leer las
tapas de los principales diarios para advertir como están llenas de los
escándalos judiciales que le interesa promover al gobierno, y los que son
“vueltos” por la denuncia de Verbitsky contra Stornelli como se advirtió acá;
para tapar los espantosos resultados económicos y sociales de las políticas de
macri, que de todos modos cualquiera puede palpar a diario.
Pero al mientras te
aturden con denuncias sobre “la corrupción K” y sacan cuentas estrambóticas
sobre el dinero robado o su posible destino, también buscan -como el tero- que
pase inadvertido la que se están llevando ellos ahora, delante de tus narices;
o como concienzudamente se dedican a saquear el Estado, extrayéndole hasta el
último centavo, como lo vienen haciendo desde décadas y cuando no estaban de
los dos lados del mostrador.
La imagen de
apertura está armada con dos noticias de esta semana, relacionadas con eso: la
denuncia judicial por el escandaloso proceso de venta de las centrales térmicas
de Ensenada y Sauce Viejo (del que hablamos acá y acá), y el bono por 40.000
millones de pesos que el gobierno le obligó a suscribir al Banco Nación para
fondearse, y asegurarse recursos para seguir pagando deuda.
Sobre la denuncia
por la privatización de las centrales, leemos en La Política Online: “Según
la denuncia, la construcción de ambas centrales costó alrededor de 1.000
millones de dólares, y su precio de venta fue establecido casi en la mitad de
ese valor, sin que se haya explicado de manera consistente las razones para
ello. Además, el contrato con Iecsa e Isolux, encargadas de las obras, fue
rescindido a fines de 2016, y el gobierno del presidente Mauricio Macri le
entregó a Iecsa (empresa que el primo de Macri Angelo Calcaterra le vendió al
empresario Marcelo Midlin) 1.600 millones de pesos en carácter de
indemnización, es decir el equivalente en ese momento a 100 millones de
dólares.
La
denuncia agrega que dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo
Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su
construcción, inmediatamente después de la rescisión en 2016 pasaron a trabajar
como integrantes del comité directivo de Enarsa, organismo encargado de llevar
adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que estuvieron "de
los dos lados del mostrador", asegurando que el proceso concluya en las
manos adecuadas.”.
Para que se
entienda: en tiempos del kirchnerismo y con Julio De Vido en el Ministerio de
Planificación (es decir, mientras “se robaban todo”), se construyeron en todo
el país X centrales térmicas, entre ellas las dos que se venderían ahora; cuya
construcción se financió en parte con un préstamo del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) de ANSES; esa “pesada herencia” que le dejó Cristina a
Macri, y que este viene licuando en su valor en dólares, desde que asumió;
además de buscar rematarla.
En el caso de la
central de Sauce Viejo y ya con Macri en el gobierno, le rescindieron el
contrato a la empresa que la construyó (una UTE entre Isolux e IECSA), y le
pagaron una indemnización por la rescisión de más de 1600 millones, que fueron
a parar en parte a los bolsillos de Angelo Calcaterra, o sea del propio
Mauricio Macri; puesto que su primo jamás le pagó por la empresa que dice que
le compró y luego dice que le vendió a Marcelo Mindlin, o sea a Macri.
Luego de
rescindido el contrato, dos gerentes de IECSA pasaron a ENARSA (la empresa
estatal dueña de las centrales) para diseñar los pliegos de las licitaciones
para venderlas que autorizaron Macri y Aranguren por el Decreto 882/17 (más
info, acá); en las que se presentaron luego una sola empresa en cada caso, pero
con una protagonista en común: Central Puerto, entre cuyos accionistas está
“Niky” Caputo; o sea, Macri. Y por supuesto la
venderían a la mitad del valor en dólares que costó construirla, para que luego
las operen como proveedores de energía al mercado mayorista y el SIN (Sistema
Interconectado Nacional) a través de CAMMESA, y en consecuencia se queden con
las ganancias resultantes de los tarifazos autorizados...por Macri. Win win,
como dicen.
Por otro lado y
esta misma semana, continúa el proceso de vaciamiento del Banco Nación, que es
de tal magnitud que ni siquiera un impresentable como Melconián quiso seguir
siendo parte: arrancó con la obligación impuesta por las leyes de presupuesto
del año pasado y de éste (votadas con la complicidad de la “oposición
responsable”) de transferirle al tesoro 35.000 millones de pesos de sus
utilidades, y siguió el lunes con la emisión de un bono de 40.000 millones de
pesos que le obligaron a suscribir, con vencimiento en el 2021 (es decir, otro
muerto que le dejan al próximo gobierno); para asegurarse guita para el pago de
otras deudas.
En el medio,
comprometieron la solvencia patrimonial del banco con una abundante cartera de
préstamos UVA que pueden ir creciendo en incobrabilidad, y lo obligaron también
a aportar 500 millones de dólares (en violación de su carta orgánica) al fideicomiso de los contratos de participación pública privada (PPP) para la concesión de los corredores viales (loteados entre las
principales empresas contratistas del país y algunas extranjeras, incluyendo
“encuadernadas”); en los que no quiso poner plata ningún banco privado por el
alto riesgo país.
Al igual que el
menemismo con el que guarda tantas semejanzas, lo más pernicioso del macrismo
son sus políticas, que estragan el tejido social y el entramado productivo del
país, mucho más que los circunstanciales episodios de corrupción que van
perpetrando mientras tanto. Sin embargo, ambos aspectos son indisociables entre
sí; circunstancia que no debemos perder de vista cuando nos sermonean con
discursos contra la corrupción, mientras se dan aires de refundadores del país,
sobre bases más sólidas, firmes y verdaderas.
En el fondo, no son
más que pungas VIP, que te señalan con el dedo el futuro, allá a lo lejos, al
final del túnel; mientras te bolsiquean la billetera y salen corriendo antes de
que los agarre la cana. O antes de perder las elecciones.
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