EL TURNO DE LA POLÍTICA

Elegimos como imagen de apertura una captura de pantalla de la tapa de Ambito del jueves, que condensaba las noticias que nos parecieron más relevantes: como el FMI concederá el “waiver” solicitado por el gobierno de Macri y desembolsará otro tramo del stand by pero ya piensa en el futuro gobierno, y los detalles que se van conociendo del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que ingresó al Congreso, enviado por el gobierno precisamente a pedido del Fondo.

Sobre lo primero, en esta nota Burgueño nos cuenta que el staff del FMI ofrecería al próximo gobierno negociar las condiciones del préstamo otorgado en cuanto a los vencimientos, a cambio de que la futura administración encare urgentemente las reformas estructurales pendientes, básicamente la previsional y la laboral. Es decir, la idea trillada de “voten como quieran y que gane el que sea, pero lo que tiene que hacer es esto”.

La reforma a la Carta Orgánica del Central según cuenta acá Guarino incluye la eliminación del requisito de la nacionalidad argentina para los miembros del directorio y del “comité de política monetaria”, lo que supone la obvia intención de que algunos de esos lugares sean ocupados por extranjeros; como si estuviéramos en la primera Década Infame allá por los años 30’, y el proyecto hubiera sido redactado por Sir Otto Niemeyer y los expertos del Banco de Inglaterra que con la ayuda de auxiliares locales (como Raúl Prebisch) gestaran nuestro Banco Central original. Los demás aspectos del proyecto de reforma fueron analizados en esta otra entrada.

Es poco probable que la iniciativa prospere en el actual gobierno, y nada indica que lo vaya a hacer en el próximo, pero el solo hecho de plantearla es indicativa de varias cosas, a saber: desde el propio FMI son concientes del estado comatoso en el que quedará la economía argentina al final del gobierno de Macri, al punto que suponen que un eventual default de la deuda externa no es un evento extraordinario, ni mucho menos. De modo que la Argentina volvería a ser (para los acreedores externos) un “Estado fallido”, incapaz de administrarse por sí mismo, y que debe dejar en manos de otros el comando de resortes claves de su economía, como la política monetaria.

Una idea que ya se les había ocurrido en 2002 a Anne Kruegger y Rudi Dornsbuch, que proponían más o menos lo mismo para salir de la crisis que provocó la implosión de la convertibilidad. Que la política monetaria sea -de acuerdo con la Constitución- una atribución del Congreso delegada en el Poder Ejecutivo a través del Banco Central, no es algo que les preocupe demasiado, tanto que el proyecto contempla también la aprobación ficta (por el mero transcurso del tiempo) de los pliegos de los miembros del directorio del BCRA, si no son aprobados por el Senado.

Decíamos que la situación guarda muchas semejanzas con la del 2002, y no es casual: estamos, una vez más, ante el escenario del fracaso estrepitoso de un programa económico que responde al bagaje tradicional del FMI como entonces. Y si algo denotan los tiempos presentes es que todo lo que implica el Fondo ha fracasado –una vez más. en toda la línea: su marco conceptual, sus medidas concretas, sus pronósticos, todo es un fracaso estrepitoso tan grande como el del gobierno, como que son lo mismo, y no se los puede diferenciar.

Por eso y porque el FMI apostó decididamente a la reelección de Macri y a la continuidad de “Cambiemos” hemos dicho ya que votar contra Macri y el oficialismo es también votar contra el FMI, aunque en el Fondo hagan como que no lo quieren entender. Incluso como se dijo antes acá, ese involucramiento abierto del FMI en la disputa electoral violando incluso su propio acuerdo constitutivo debe ser una herramienta de negociación política del próximo gobierno.

Política, dijimos, porque al fin y al cabo de eso se trata: las reformas que pediría el FMI para “suavizar” los vencimientos del préstamo que deberá afrontar el futuro gobierno (mientras Macri disfrutó y disfrutará de los desembolsos) son perniciosas en términos económicos, porque no harán sino profundizar la recesión y el destrozo social y productivo que ha causado hasta acá el programa económico, sostenido y elogiado por el Fondo. Del mismo modo que ahora “descubren” que la recesión y las políticas de ajuste derrumban la recaudación, y en consecuencia ponen en riesgo la meta fiscal del “déficit cero”.

Pero antes que todo, esas reformas (la previsional y la laboral flexibilizadora) son inviables en términos políticos; tanto que Macri marcha directo a perder las elecciones por haber aprobado una parcialmente (la previsional), y por haber “aprobado de hecho” la otra (la laboral), generalizando los despidos y licuando el valor de los salarios en dólares, junto con su poder adquisitivo. De hecho, el rechazo a la reforma previsional de diciembre de 2017 marcó el punto inicial del fin del sueño de la hegemonía macrista.

Mucho se ha hablado sobre la pesada herencia que dejará Macri para el futuro gobierno, medida en términos de indicadores económicos negativos, acaso no tanto en términos de condicionantes estructurales, como el acuerdo con el FMI. Del mismo modo, sobran por estos días las disquisiciones políticas en el sentido estrictamente rosqueril de la palabra: quien mide y quien no, quien es funcional al gobierno y quien no, quien debe sumarse y quien se tiene que correr, quien puede ganar un balotaje, o quien seguro lo pierde.

De lo que se habla poco, casi nada, es de lo que cada uno piensa hacer el 10 de diciembre, en caso de llegar al gobierno. Tanto dar por sentado (así, de golpe, tras los anuncios de imbatilidad electoral del oficialismo) que Macri pierde, que no se detienen mucho a pensar por que pierde, y cual es el sentido de ganarle, para terminar haciendo más o menos lo mismo que él, por convicciones o por imperio de la necesidad.

Las certezas que da Cristina (sobre todo de lo que no va a hacer) contrasta con las dudas que genera el resto, desde Massa que pretende ahora que lo indultemos por su comportamiento funcional (este sí) a éste gobierno, hasta Lavagna que -en sintonía con el FMI, vea señora como son las cosas) elogia ejemplos puntuales de flexibilización laboral, como los de las aerolíneas “low cost”, o las petroleras en Vaca Muerta; ambos fracasados además en el alegado propósito de generar empleo: en un caso hay despidos y procedimientos preventivos de crisis, en el otro suspensiones y merma en la producción, o crecimiento casi irrelevante, comparado con los beneficios fiscales y laborales obtenidos.

Si alguno supone que esas dudas y esa certeza determinan el lugar que cada uno ocupa en las preferencias electorales de los argentinos (más allá de encuestas operadas), no le erra ni medio: es que el momento no es entonces para los economistas por más solvencia técnica que puedan tener, sino para la política y los políticos; y frente a este panorama es la política la que tiene que tener la última palabra, sin desconocer los condicionantes que impone la economía. 

Porque este año los argentinos elegimos presidente y no ministro de Economía. Ese distingo que hoy parece de Perogrullo, pero que justamente puso en agenda el kirchnerismo desde el 25 de mayo del 2003, contra la vulgata dominante hasta entonces que sostenía lo contrario.