viernes, 2 de agosto de 2019

LA SINUOSA ÉTICA DEL MACRISMO


Los medios hegemónicos conmemoraron ayer el año del lanzamiento público de la operación “Fotocopia de los cuadernos” del chofer Centeno, en medio de la corrida cambiaria del año pasado que llevó el dólar de 18 pesos a 40; y que indudablemente podemos decir hoy, aceleró el lanzamiento de una carta que estaba pensada para ser usada ahora, en pleno proceso electoral.

Hoy la causa languidece y ha mermado la atención de la opinión pública en ella, pero lo cierto es que todavía hay ex funcionarios presos en ese marco por aplicación de la “doctrina Irurzun”, y empresarios que estaban detenidos y fueron liberados, luego de “arrepentirse” y dar testimonio en el sentido buscado por el fiscal prófugo Stornelli y el inefable juez Bonadío.

En esos testimonios la mayoría de los que admitieron haber pagado coimas a funcionarios kirchneristas, dijeron que les habían pedido aportes para las campañas electorales. La dupla judicial no hurgó demasiado en la veracidad de los dichos porque no le interesaba, y porque podía llevar a que se desprendieran de parte de la causa, cuyo objeto procesal era y es bastante difuso.

En efecto, de ser las cosas como las contaron los empresarios, más allá de las exacciones ilegales (coimas) o cohecho (artículos 256 y 266 del Código Penal), existirían violaciones a la Ley 26.215 de financiamiento de las campañas de los partidos políticos. Por supuesto que tampoco se ocuparon de seguir el hilo de las declaraciones para determinar que beneficios obtuvieron a cambio los empresarios que pagaron (por ejemplo contratos del Estado para sus empresas), porque el objetivo era simplemente meter presos a los funcionarios del gobierno anterior.

Un año después, pasaron cosas, y entre ellas una muy importante: como veíamos acá el gobierno impulsó una modificación de la ley de financiamiento de las campañas, para permitir no solo los aportes personales de los empresarios, sino también los de las empresas; cosa que durante el kirchnerismo y de acuerdo con la ley citada, estaba taxativamente prohibida.

En ese contexto, se conocieron los detalles de los primeros aportantes a las campañas de cara a las elecciones de éste año (el listado completo acá, en la página de la Cámara Nacional Electoral); y entre ellos por ejemplo sobresales María Luisa Bárbara Miguens, accionista de la empresa Central Puerto S.A., condición que comparte por ejemplo con “Niky” Caputo, el “hermano de la vida” de Macri.

Tal como cuenta acá Gustavo Castro en “Diario Santa Fe”, la señora Miguens hizo cuatro aportes por un total de $ 1.640.000 a la campaña de “Juntos Para El Cambio”, luego de que -por ejemplo- Central Puerto se quedara con la Central Termoeléctrica Timbúes acá en Santa Fe, construida durante la gestión de Julio De Vido (preso justamente por la causa de las “fotocopias de los cuadernos”, entre otras); en una operación de privatización ruinosa para los intereses del Estado nacional, y denunciada en la justicia por haber sido realizada a precio vil.

Simplemente uniendo los hechos (la venta a precio vil de la central, los aportes de la accionista de la compradora a la campaña electoral de la reelección de Macri) uno podría concluir fácilmente que: a) la señora Miguens está pagando favores indebidos recibidos del gobierno, b) está comprando favores similares en el futuro, en un segundo mandato de Macri, o c) las dos cosas al mismo tiempo. 

 Al fin y al cabo, como bien señala Gustavo Castro en su nota, ese fue el “modus operandi” elegido por Macri para financiar su campaña en el 2015, siendo el recolector oficial de aportes (entonces en negro y por izquierda, hoy legalizados) el propio “Niky” Caputo, socio de la señora Miguens; según reveló el periodista Hugo Alconada Mon.

Justamente en el post anterior al que referíamos, decíamos nosotros: "La habilitación legal sancionada ayer supone el "loteo en cuotas" del gobierno nacional, y del diseño y ejecución de las políticas públicas: la legalización de los aportes no logrará evitar que exista financiamiento en negro (por el contrario, podría agravar el problema) por un lado; y por el otro tiñe de sospechas de parcialidad o defensa de intereses particulares concretos, cualquier medida que tome un gobierno en el futuro, favoreciendo los intereses de sus aportantes de campaña."

Ni Macri, ni Caputo ni la señora Miguens tienen o han tenido causas judiciales derivadas de esa operatoria, que supone que intereses privados cooptan el Estado desde adentro (llenando el gabinete con CEO’s de empresas con “conflictos de intereses”, el presidente el primero entre ellos) y desde afuera, pagando en cuotas negocios y regulaciones beneficiosas para sus intereses: además de quedarse por moneda con activos en los que el Estado invirtió millones de dólares como la central de Timbúes, Central Puerto ha obtenido ganancias siderales en estos años, como consecuencia de los tarifazos ordenados por la política energética del gobierno cuya elección financiaron, y cuya reelección aspiran a seguir financiando.

Un botón de muestra de la sinuosa ética del macrismo, que se vendió en 2015 y aun pretende hacerlo hoy, como encabezando una profunda regeneración moral de la Argentina, para terminar con la corrupción. Y para ser justos, el primero que puso la lupa en el tema (como lo señala Gustavo en su nota) fue el amigo Andy Tow, por lo cual este hilo de tuits suyos es de imprescindible lectura:
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