ARRANCÓ LA DESDOLARIZACIÓN

Una de las herencias más pesadas que le deja Macri al futuro gobierno es haber dolarizado precios claves de la economía, que quedaron sujetos a la evolución del billete verde, generando así una dinámica que no hizo sino espiralizar aun más el proceso inflacionario.

Partiendo de las tarifas de los servicios públicos esenciales (luz y gas sobre todo), con todo el impacto en la cadena de formación de los precios y la economía de los hogares que eso supone, Macri dolarizó también los precios de los combustibles (otro “precio de precios”) y la comida, desde que los principales artículos de consumo masivo de la canasta familiar (la carne, la leche, la harina, sus derivados, el pan, el maíz) pasaron a estar acoplados a los precios internacionales; vía reducción o eliminación de las retenciones, o supresión de los cupos de exportación.

Sin embargo, a la hora de compensar a los sectores afectados por las consecuencias de esa dolarización, empeoró aun más las cosas: todos recordamos como “compensó” con recursos estatales las distribuidoras de electricidad que debieron pagar más cara la energía como consecuencia de la aceleración del proceso de devaluación, en lugar de que estas absorbieran la pérdida generada (o la reducción de rentabilidad) por el mismo esquema que les procuró pingües ganancias en estos años, dolarizando sus ingresos con prescindencia de la evolución de sus costos reales en materia de salarios o impuestos, por ejemplo.

Es que dolarización y compensaciones son, en el macrismo, dos caras de la misma moneda: el modo en el que el gobierno de Macri eligió repartir los costos y los beneficios de su modelo económico; como hizo por ejemplo con la Resolución 148 del interventor en la Administración General de Puertos (AGP), publicada el martes pasado en el Boletín Oficial (completa acá); y que viene a cuento de lo que acá en El Destape se señala como el nuevo meganegociado macrista: el manejo del puerto de Buenos Aires por el "amigo del alma" Niky Caputo, y los negocios inmobiliarios anexos.

La resolución lo que está haciendo es “bonificar” en un 15 % los cánones que deben pagarle al Estado (a través de la AGP) los permisionarios que operan en el puerto de Buenos Aires y otros puertos de jurisdicción nacional no transferidos a las provincias; cánones que están fijados en dólares en los respectivos permisos o concesiones, y que obviamente se vieron afectados por la devaluación.

Es decir que en éste caso en particular en el que el Estado (cuyo gobierno dice estar tan preocupado por el déficit fiscal) podría verse beneficiado por la suba del dólar obteniendo más ingresos, decide graciosamente “podarse” parte de esos ingresos, en beneficio de sectores cuyos ingresos por operación comercial también son en dólares, en su gran mayoría, y hasta acá no se sabe que hayan sido “pesificados”, o algo por el estilo.

Sería interesante conocer la nómina de los beneficiados con el “regalo”, seguramente nos encontraríamos con alguna sorpresa.