EL QUE MANEJA LOS FIERROS, MANDA

Leíamos esta excelente nota de Juan Gabriel Toklatián en Página 12 con un minucioso repaso de la situación de los diferentes países de América Latina en orden a la reaparición de las fuerzas armadas como actor político principal, por acción u omisión; como lo comprueba por ejemplo la comparación que hace el autor entre los procesos de Venezuela y Bolivia: en un caso son puntales decisivos del sostenimiento del gobierno de Maduro, y en el otro fueron claves para que la intentona golpista contra Evo prosperara.

Más allá de que uno se siente tentado a traspolar las cosas a la Argentina y ver como andamos por acá en ese rubro, lo que queda claro es que décadas de neoliberalismo casi sobreimpreso al fin de las dictaduras militares abiertas en el continente no han pasado en vano, y las democracias de América Latina se han revelado mucho más frágiles e inestables de lo que se creía, amenazadas como están por el peso específico de factores extra institucionales, y las propias debilidades de los sistema políticos: crisis de los partidos, el fenómeno de la corrupción, la fragmentación de las organizaciones sociales, y la segmentación misma de la sociedad, que produce esta etapa del capitalismo.

Porque es en ese contexto que las FFAA han recuperado protagonismo, y vuelven a convertirse en árbitros de los conflictos políticos y sociales, en tanto se las asocia a los dispositivos represivos cuando estallan rebeliones populares (como está pasando en Chile), o se interpela su rol de guardianes del orden constitucional, cuando la movilización en el espacio público y el desafío a las autoridades elegidas es protagonizado por sectores sociales ganadores del modelo neoliberal, que sienten amenazados sus intereses o privilegios. En cualquier caso lo que hagan terminará inclinando el fiel de la balanza, pero no son el único factor que incide, o sobre el que los gobiernos democráticos de la región deban trabajar, para fortalecer sus bases de sustentación política.

De hecho, en un mismo plano de importancia aparecen en la mayoría de los países las fuerzas de seguridad, en especial en aquellos que, por carecer de una organización federal (como Chile, Ecuador o Bolivia) tienen una fuerza unificada en todo el país, respondiendo al gobierno central y con estructura más vertical o militarizada aun, por esa circunstancia. Así como fueron protagonistas de la rebelión contra Correa en Ecuador en su momento, en Bolivia fueron el germen para que creciera el movimiento golpista, hasta hacerse incontrolable, sin una represión indiscriminada que ni Evo Morales estaba dispuesto a desatar, ni las fuerzas armadas bolivianas a llevar adelante; como queda claro ahora, cuando sí reprimen a los que se levantan en defensa del gobierno depuesto.

Más allá de las disquisiciones teóricas que alguno pueda hacer sobre el origen de clase de sus miembros (en especial de las fuerzas policiales), lo cierto es que en América Latina las fuerzas armadas y de seguridad (instrumentos indispensables de todo Estado moderno, casi sin excepciones, no es esa la discusión), pese a los roles constitucionales que tienen asignados para defender las instituciones democráticas o el orden público, en tiempos en que la doctrina de la seguridad nacional de las dictaduras es revisitada bajo la forma de las “nuevas amenazas” diseñadas por el dispositivo militar de Estados Unidos, terminan siendo en la mayoría de los casos guardianes de un determinado orden político, social y económico, que puede o no coincidir con la orientación política del gobierno al cual en teoría sirven; con roles claves (repetimos, por acción u omisión) en el control de la protesta en el espacio público, la arena en la que se dirimen los conflictos en la región, casi con más frecuencia que en las urnas.

Con dispares avances en los diferentes países no puede decirse que, a la vista de los hechos, se haya avanzado mucho en la efectiva democratización de las fuerzas armadas y de seguridad, si se entiende por tal su pleno acatamiento a las órdenes de las autoridades civiles en cualquier circunstancia, y una aceptación sin fisuras de las doctrinas, objetivos y estrategias definidos para sus instrumentos armados por el poder político, incluso en leyes y constituciones: la penetración ideológica de la agenda de los Estados Unidos por diferentes vías en las fuerzas armadas y de seguridad, introduce una tensión permanente hacia su interior, pues tiende a incrementar su pulsión (que viene de los tiempos de las dictaduras) a operar con agenda propia, desvinculada de la que fijan los gobiernos elegidos por los pueblos. Y cuando ambas agendas entran en conflicto, por regla general atienden sus propias prioridades, más allá de sus obligaciones legales o constitucionales.

Y en circunstancias críticas como las que está viviendo Bolivia, esa “doble dependencia” o “doble comando” (el formal legal por un lado, el real conceptual por el otro) hace crisis, y los resultados son más o menos previsibles: que un gobierno sea ungido por los votos no quita que en determinadas circunstancias deba sostener su legitimidad mediante el uso legítimo de la fuerza monopolizado por el Estado, pero si no tiene un control político efectivo sobre el instrumento que lo debe desplegar (sean las fuerzas armadas o de seguridad), se verá amputado de una parte esencial de sus facultades, y corre el riesgo de ingresar en zona de inestabilidad permanente, o caer.

Lo cual no es poco en un contexto en que los Estado nacionales (más allá de la orientación política de sus circunstanciales gobiernos) ven restringida su capacidad de decisión soberana por el peso del endeudamiento, y adoptan o les son impuestas políticas de desregulación del flujo de inversiones o los movimientos de capitales que los ponen a tiro de los “golpes de mercado”, con eficacia desestabilizadora más poderosa que un regimiento de tanques desplegado en la calle; y en el que los grupos económicos más grandes acumulan un poder efectivo mayor que el de muchos de esos propios Estados.

Sumemos a eso la prédica disolvente, golpista y antidemocrática de conglomerados de medios hegemónicos que representan los intereses de las fracciones más concentradas del capital y obran en consecuencia socavando la legitimidad de los gobiernos electos cuando no les responden, los poderes judiciales reproduciendo comportamientos de casta que los aíslan de la sociedad mientras vehiculizan estrategias de “law fare” para intervenir decisivamente y con un sentido bien definido en las disputas política, y servicios de inteligencia que travesaron indemnes años de democracia operando con agenda y conexiones propias; y tendremos un combo explosivo que mina desde adentro la fortaleza de los Estados democráticos, con tanta mayor velocidad si sus gobiernos deciden imprimirle a su gestión un rumbo hacia la ampliación de derechos de los sectores populares, lo que supone necesariamente avanzar sobre las minorías del privilegio.

He allí un inmenso desafío no solo para la gobernabilidad presente, sino para la subsistencia futura de la propia democracia en América Latina que, más temprano que tarde, sus gobiernos deberán afrontar porque está en riesgo su propia supervivencia. Post relacionado.