jueves, 30 de enero de 2020

UNA MUY BUENA NOTICIA


Tal como da cuenta el tuit de apertura, se oficializó ayer la designación de Ricardo Nissen como el nuevo Inspector General de Justicia de la nación, mediante el Decreto 106 firmado por Alberto Fernández (completo acá en el Boletín Oficial). 

Lo cual es una excelente noticia, en primer lugar por las calidades personales y profesionales de Nissen, quien desempeñara ese mismo cargo durante el gobierno de Néstor Kirchner, y posiblemente sea la persona que más conoce en la Argentina de derecho societario.

Pero además Nissen tiene otro punto a su favor: es un férreo opositor a todo lo que tenga que ver con paraísos fiscales, sociedades off shore y empresas pantalla; que solo sirven para evadir impuestos, fugar capitales u ocultar negocios turbios. De hecho, en su anterior paso por la función público se ocupó de reglamentar el funcionamiento de las sociedades extranjeras que operan en el país de modo accidental u ocasional, una de las "cáscaras jurídicas" preferidas para ese tipo de maniobras.

Justamente cuando llegó el macrismo al gobierno, se encargó concienzudamente de tumbar todo el arsenal jurídico defensivo de los intereses públicos que había designado Nissen en su gestión: veíamos en ésta entrada como en 2018 quien lo sucediera en el cargo derogó la Resolución 7/15, por la que se reglamentaba el funcionamiento de las sociedades extranjeras en el país, y su contralor por la IGJ: ver más detalles al respecto, acá; sobre el engendro macrista en la materia.

El plan Macri-Garavano  tendía a convertir a la Argentina en general, y a la ciudad de Buenos Aires en particular, en un paraíso fiscal de baja tributación, mínimos controles legales y registración rápida de sociedades "desmontables", que sirven para diluir responsabilidades, ocultar patrimonios, y lavar dinero. Como el mismo Nissen sostuvo siempre, esos engendros jurídicos nunca pueden tener un fin lícito.  

No consiguieron su objetivo de máxima, que era, lisa y llanamente, suprimir la Inspección General de Justicia (IGJ), o transferir el registro de sociedades por acciones de la nación a la CABA: la repercusión mediática de la movidad hacia el final del gobierno de Macri abortó la maniobra.

Cuenta también el artículo de Infobraden que Nissen incorporaría como asesora de su gestión a la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien tuviera que renunciar al cargo para el que había obtenido un amplio respaldo en el acuerdo del Senado de la nación en tiempos de Cristina, por las presiones del macrismo.

Esas presiones provinieron, en parte, del Grupo Clarín porque Gils Carbó, en su paso como fiscal por la justicia civil y comercial, había objetado el acuerdo preventivo extrajudicial que abría paso a la fusión entre Cablevisión y Multicanal; con la que el Grupo sentó su predominio en el mercado del cable.

Pero por sobre todas las cosas, venían del propio Macri, porque Gils Carbó se opuso a la ley de la Legislatura porteña que, allá por el 2008 y siendo Macri Jefe de Gobierno, declaró en forma unilateral la competencia de la CABA para tener su propio registro de sociedades por acciones: ya de entonces venía el plan macrista de convertir a Buenos Aires, en una especie de Panamá.

En tiempos macristas, Ricardo Nissen tuvo también notoriedad porque se opuso con argumentos durísimos al ruinoso acuerdo del gobierno nacional con el Correo de los Macri para licuar su deuda por la concesión fallida; y a la habilitación del financiamiento empresario a las campañas de los partidos políticos: en ésta nota de 2018 de "El cohete a la luna" explicaba en detalle porque permitir eso no solo alteraba las reglas de juego electorales, sino que violaba el propio objeto contractual de las sociedades. 

Con todo esto a la vista, la decisión de Alberto Fernández de reponerlo en funciones, y la de sumar a su equipo a Alejandra Gils Carbó son, sin dudas, una excelente noticia.

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