domingo, 23 de febrero de 2020

POSIBLE QUIEN SABE, NECESARIA SEGURO


Mientras sigue preparando una  reforma de la organización de la justicia federal (en especial de los tribunales con asiento en la CABA), Alberto Fernández envió al Congreso un muy sensato proyecto de reforma del régimen de jubilaciones de privilegio de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial de la nación.

La reforma planteada tiende a morigerar algunas de las aristas más polémicas del régimen vigente, como la edad para acceder al beneficio, el sistema de movilidad o el modo de calcular el haber inicial de jubilación sobre el que se practican los ajustes; y ya ha despertado las reacciones airadas de todos los privilegiados que gozan del actual régimen, o aspiran a gozarlos cuando se jubilen.

Privilegiados que además, y con una interpretación amañada de la Constitución Nacional (tarea en la cual tienen el monopolio, y la última palabra), resisten tenazmente pagar impuesto a las Ganancias, pese a que hay una ley que así lo dispone desde 1996. 

Y en esa defensa no tienen empacho en decir idioteces de grueso calibre (como que la jubilación que los jueces cobran cuando ya no son jueces, es una garantía de independencia cuando todavía lo son), ni en amenazar veladamente al gobierno con fallos adversos de toda índole, para hacerlo retroceder.

Como hasta acá no lo han conseguido (por el contrario, el presidente instruyó a los legisladores del oficialismo a el proyecto rápidamente y sin cambios), al parecer estarían generando una ola de renuncias para poder acogerse al régimen jubilatorio de privilegio, antes de que lo cambien.

Con lo cual si la idea del gobierno al impulsar el proyecto era esa, a los fines de empezar a sanear el Poder Judicial, podría funcionar; aun cuando mientras subsista ese engendro derivado del Pacto de Olivos llamado Consejo de la Magistratura, hay pocas esperanzas de que jueces con espíritu de casta privilegiada e intocable no dejen sus cargos, para ser reemplazados por otros iguales, o peores. 

Disgresión: aunque el presidente no quiere ni oír hablar de reformar la Constitución, pocas cosas como la gangrena moral que se expande por el Poder Judicial la hacen  necesaria, aunque más no sea para reformar el sistema de constitucionalidad de leyes, o hacer más clara y contundente la exigencia de que los jueces paguen impuestos, para garantizar la igualdad ante la ley.

La tarea que se ha propuesto en esto Alberto Fernández tiende a saldar una de las principales asignaturas pendientes de nuestra democracia, juntamente con el saneamiento y la democratización de las fuerzas de seguridad, federales y provinciales.

Por supuesto que no será fácil: recordemos que allá por el 2013 lo intentó Cristina con un paquete de leyes que aprobó el Congreso, y que la Corte Suprema declaró "inaplicables" de un plumazo, en una bochornosa acordada.

Entonces no quisieron (aun hoy no quieren) publicar sus fallos y audiencias, ni ser controlados por la AGN, ni exhibir sus declaraciones juradas de bienes, y hoy se niegan a sacrificar sus jubilaciones de privilegio, así como desde siempre se niegan a pagar Ganancias; en un comportamiento de casta incompatible con la idea misma de democracia.

Habrá que ver si la persistencia de Alberto Fernández en esta idea necesaria para la consolidación de la democracia rinde frutos, y la reforma resulta posible. Porque que es necesaria, no caben dudas

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