2016: Cambiemos (ex Grupo A) aprueba en el Congreso la "reparación histórica" y para pagarla, autoriza a liquidar el Fondo de ANSES— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020
2020: vuelve el peronismo, aprueba la ley de emergencia, suspende la fórmula de Macri y le da los aumentos a los jubilados por decreto. El 87 % cobra más que lo que hubiera cobrado con la fórmula macrista.— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020
O la fórmula de Boudou, a la que se opusieron porque pedían el 82 % móvil. Después se preguntan por qué no llegan al 3 % de los votos— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020
Varias veces dijimos acá que las opciones que se planteaban al kirchnerismo en materia previsional tras la crisis del 2001 y la implosión de la convertibilidad eran limitadas, y optó claramente por la reparatoria: enmendar en parte los estragos que las políticas neoliberales hicieron en el mercado del trabajo, interrumpiendo trayectorias laborales de las personas, impidiéndoles acceder a la jubilación, desfinanciando la seguridad social con la estafa de las AFJP y altos niveles de empleo en negro y deprimiendo los salarios con contratos basura y flexibilización laboral.
En esa primera etapa (que ahora el actual quiere en parte recrear, en otro contexto), se privilegiaron las moratorias previsionales para ampliar la tasa de cobertura del sistema, y la recomposición por decreto (como ahora) para mejorar el poder adquisitivo de los haberes más bajos. De esa decisión (acertadísima en el contexto) viene el hecho de que la enorme mayoría de los jubilados actuales perciban la mínima.
En una etapa posterior y tras fracasar Néstor Kirchner en el intento de poner fin "consensuadamente" al sistema de AFJP (con un año de plazo, solo el 11 % de los trabajadores que habían ingresado optaron por volver al sistema de reparto), y con la crisis financiera internacional de fondo, Cristina -por consejo de Amado Boudou- tuvo la visión estratégica de recuperar para el sistema público de reparto, los recursos aportados por los trabajadores y usufructuados por las AFJP.
También entonces y a partir de los fallos "Badaro" y "Eliff" de la Corte, puso manos a la obra para mejorar la movilidad de los haberes, con la fórmula también diseñada por Boudou, que permitió que -salvo en algún año de caída de la actividad- las jubilaciones le ganaran a la inflación y también (aun cuando no fuera ése el objetivo), mejorara la tasa de sustitución respecto al haber de actividad del trabajador. En ambos períodos, la transferencia de ingresos a sectores que consumen gran parte de ellos (además de un acto de estricta justicia) tuvo efectos positivos para la economía en su conjunto, que ya por sí justificarían el acierto de las medidas.
En esa primera etapa (que ahora el actual quiere en parte recrear, en otro contexto), se privilegiaron las moratorias previsionales para ampliar la tasa de cobertura del sistema, y la recomposición por decreto (como ahora) para mejorar el poder adquisitivo de los haberes más bajos. De esa decisión (acertadísima en el contexto) viene el hecho de que la enorme mayoría de los jubilados actuales perciban la mínima.
En una etapa posterior y tras fracasar Néstor Kirchner en el intento de poner fin "consensuadamente" al sistema de AFJP (con un año de plazo, solo el 11 % de los trabajadores que habían ingresado optaron por volver al sistema de reparto), y con la crisis financiera internacional de fondo, Cristina -por consejo de Amado Boudou- tuvo la visión estratégica de recuperar para el sistema público de reparto, los recursos aportados por los trabajadores y usufructuados por las AFJP.
También entonces y a partir de los fallos "Badaro" y "Eliff" de la Corte, puso manos a la obra para mejorar la movilidad de los haberes, con la fórmula también diseñada por Boudou, que permitió que -salvo en algún año de caída de la actividad- las jubilaciones le ganaran a la inflación y también (aun cuando no fuera ése el objetivo), mejorara la tasa de sustitución respecto al haber de actividad del trabajador. En ambos períodos, la transferencia de ingresos a sectores que consumen gran parte de ellos (además de un acto de estricta justicia) tuvo efectos positivos para la economía en su conjunto, que ya por sí justificarían el acierto de las medidas.
Tal como recuerdan los tuits de apertura, el camino no estuvo exento de escollos: tanto la liquidación del sistema de AFJP, como en su tiempo las moratorias previsionales y luego la ley de movilidad del 2008, tuvieron críticas; algunas insólitas como las de la izquierda reivindicando el 82 % móvil, que no hace sino sacralizar en la etapa de pasividad, la enorme desigualdad del mundo laboral durante los 90 y bastante después, por lo ya expuesto en cuanto a las políticas flexibilizadoras de las relaciones del trabajo.
Esa oposición (toda, incluso algunos actuales oficialistas) sumó fuerzas en el Congreso para aprobar un inviable 82 % móvil, sin financiamiento genuino, y que apostaba a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: cualquier vínculo conceptual con lo que vendría en el macrismo, con la "reparación histórica", la (otra vez) desfinanciación del sistema por la baja de aportes patronales, la licuación del valor del FGS en dólares, la clausura de las moratorias y la implantación (como caramelo para endulzar el blanqueo de capitales) de la "pensión universal del adulto mayor", no son pura casualidad. Invitamos a leer acá, con provecho para entender el tema, los fundamentos del Decreto 1482/10 de Cristina, por el cual vetaba en su momento el 82 % móvil.
La frutilla del postre vino en 2017 con la derogación de la fórmula Boudou y su reemplazo por otra, cuyos efectos llegan hasta hoy, cuando opera el arrastre de la altísima inflación del período macrista, en un contexto de endeudamiento sideral y virtual quiebra del Estado. Es sobre esa realidad sobre la que está operando el gobierno, y en ese contexto surgen los anuncios del viernes; que generaron la insólita reacción de los macristas y aledaños, ahora en la oposición, defendiendo el engendro como si no hubieran hecho nada, o su política de seguridad social hubiera sido una maravilla.
Y cuidado: no son pocos quienes desde la izquierda hacen circular las planillas con lo que hubieran ganado con la fórmula macrista aquellos jubilados que verán sus ingresos rezagados frente a la inflación del período, así como en su momento reclamaban soluciones para los (pocos) jubilados que encuadraban en los fallos "Badaro" y "Eliff", aunque cumplirlos en forma literal (con índices de ajuste inverosímiles diseñados por la Corte de modo pretoriano) significara la quiebra del sistema previsional de reparto, para el conjunto. Extravíos conceptuales difíciles de explicar, desde una perspectiva de izquierda.
Dicho todo esto a modo de introducción, los anuncios del viernes marcan que el gobierno piensa perserverar en la fórmula del primer kirchnerismo (recomponer prioritariamente los haberes más bajos), al mismo tiempo que reintroduce la cobertura integral de los medicamentos más importantes que usan los jubilados, lo que constituye un aumento indirecto de sus haberes, que debe ponerse en la balanza para sopesar las decisiones. Disgresión: si es cierto -como dicen- que la medida tiene un costo fiscal de 30.000 millones de pesos, haber eliminado la cobertura integral de medicamentos de PAMI debe anotarse en las decisiones más nefastas y cuasi criminales del macrismo.
Aun así, no seríamos honestos si no dijéramos que no se termina de entender por qué razón no se comprende a buena parte de ese 13 % (mágico número hablando de jubilaciones, y con Pato Bullrich en escena) del total de los jubilados cuyos haberes ajustarán a la baja; ya que no podrían ser simplemente las restricciones fiscales, o el punto no ha sido debidamente explicado: hay sectores con capacidad contributiva disponible para afectar impositivamente, y contribuir a financiar mejoras más profundas; como los bancos, las privatizadas y el campo privilegiado. O recuperar la coparticipación que Macri le regaló a la CABA por decreto, por ejemplo. Si no explicamos eso, no vale quejarse por las críticas de la izquierda en ese punto (porque en lo de la coparticipación, defienden a Larreta) porque dan en el clavo.
Menos cuando -según se anuncia- la reposición de la cobertura integral de medicamentos por PAMI no distinguirá a los beneficiarios por niveles de ingresos, y al mismo tiempo el gobierno enviará por fin al Congreso el proyecto de ley modificando los bochornosos regímenes jubilatorios de privilegio (en más de un sentido) de jueces y diplomáticos, que si es como cuentan y muestran acá, parece sumamente sensato y justo.
Esa oposición (toda, incluso algunos actuales oficialistas) sumó fuerzas en el Congreso para aprobar un inviable 82 % móvil, sin financiamiento genuino, y que apostaba a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: cualquier vínculo conceptual con lo que vendría en el macrismo, con la "reparación histórica", la (otra vez) desfinanciación del sistema por la baja de aportes patronales, la licuación del valor del FGS en dólares, la clausura de las moratorias y la implantación (como caramelo para endulzar el blanqueo de capitales) de la "pensión universal del adulto mayor", no son pura casualidad. Invitamos a leer acá, con provecho para entender el tema, los fundamentos del Decreto 1482/10 de Cristina, por el cual vetaba en su momento el 82 % móvil.
La frutilla del postre vino en 2017 con la derogación de la fórmula Boudou y su reemplazo por otra, cuyos efectos llegan hasta hoy, cuando opera el arrastre de la altísima inflación del período macrista, en un contexto de endeudamiento sideral y virtual quiebra del Estado. Es sobre esa realidad sobre la que está operando el gobierno, y en ese contexto surgen los anuncios del viernes; que generaron la insólita reacción de los macristas y aledaños, ahora en la oposición, defendiendo el engendro como si no hubieran hecho nada, o su política de seguridad social hubiera sido una maravilla.
Y cuidado: no son pocos quienes desde la izquierda hacen circular las planillas con lo que hubieran ganado con la fórmula macrista aquellos jubilados que verán sus ingresos rezagados frente a la inflación del período, así como en su momento reclamaban soluciones para los (pocos) jubilados que encuadraban en los fallos "Badaro" y "Eliff", aunque cumplirlos en forma literal (con índices de ajuste inverosímiles diseñados por la Corte de modo pretoriano) significara la quiebra del sistema previsional de reparto, para el conjunto. Extravíos conceptuales difíciles de explicar, desde una perspectiva de izquierda.
Dicho todo esto a modo de introducción, los anuncios del viernes marcan que el gobierno piensa perserverar en la fórmula del primer kirchnerismo (recomponer prioritariamente los haberes más bajos), al mismo tiempo que reintroduce la cobertura integral de los medicamentos más importantes que usan los jubilados, lo que constituye un aumento indirecto de sus haberes, que debe ponerse en la balanza para sopesar las decisiones. Disgresión: si es cierto -como dicen- que la medida tiene un costo fiscal de 30.000 millones de pesos, haber eliminado la cobertura integral de medicamentos de PAMI debe anotarse en las decisiones más nefastas y cuasi criminales del macrismo.
Aun así, no seríamos honestos si no dijéramos que no se termina de entender por qué razón no se comprende a buena parte de ese 13 % (mágico número hablando de jubilaciones, y con Pato Bullrich en escena) del total de los jubilados cuyos haberes ajustarán a la baja; ya que no podrían ser simplemente las restricciones fiscales, o el punto no ha sido debidamente explicado: hay sectores con capacidad contributiva disponible para afectar impositivamente, y contribuir a financiar mejoras más profundas; como los bancos, las privatizadas y el campo privilegiado. O recuperar la coparticipación que Macri le regaló a la CABA por decreto, por ejemplo. Si no explicamos eso, no vale quejarse por las críticas de la izquierda en ese punto (porque en lo de la coparticipación, defienden a Larreta) porque dan en el clavo.
Menos cuando -según se anuncia- la reposición de la cobertura integral de medicamentos por PAMI no distinguirá a los beneficiarios por niveles de ingresos, y al mismo tiempo el gobierno enviará por fin al Congreso el proyecto de ley modificando los bochornosos regímenes jubilatorios de privilegio (en más de un sentido) de jueces y diplomáticos, que si es como cuentan y muestran acá, parece sumamente sensato y justo.
La pregunta que nos hacemos no es, ni más ni menos, que la misma que se viene haciendo Cristina desde los tiempos de campaña: quien va a pagar los costos de la fiesta macrista. Y no es técnica, sino profundamente política, porque remite a lo que Artemio López caracteriza con gran acierto en ésta columna suya en Perfil, como los dilemas que enfrenta Alberto. Tuits relacionados:
¿Cuanto costaba pagarles el mismo aumento al 13 % que se quedó afuera, e incluso menos, ponéle excluyendo a los que cobran más de 50.000 pesos de jubilación? ¿Y cuanto era eso en retenciones o alícuota extraordinaria de Ganancias a los bancos? Es para un amigo que pregunta.— La Corriente K (@lacorrientek) February 15, 2020
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