Así calificó en su momento, de modo visionario, el hoy preso político Luis D'Elía, al Grupo Clarín: una pistola puesta en la cabeza de la democracia.
La prueba ácida: así llamó, también visionariamente, Cristina a la ley de medios, cuando anunció el envío del proyecto al Congreso durante su primer mandato.
Ambos tuvieron razón: la democracia argentina, en su conjunto, fue incapaz de demostrar que podía imponerse a los intereses y la lógica de un grupo empresario cuyo poder atravesó indemne las décadas, y los gobiernos. La pistola en forma de emporio multimedios surtió su efecto amedrentador.
No bastaron las amplias mayorías conseguidas en el Congreso para votar la ley que afectaba sus intereses, ni la también vasta coalición social que sustentaba el apoyo al proyecto, que fue quizás el más ampliamente discutido desde la recuperación democrática en 1983: Clarín logró impedir su aplicación, con sus largos tentáculos en la justicia, durante cuatro años.
Y cuando finalmente la Corte Suprema declaró su constitucionalidad, obstaculizó cuanto pudo y quiso su aplicación, y adecuarse a las pautas anti monopólicas que fijó el Congreso argentino, y que fueron declaradas constitucionales por el máximo tribunal judicial del país.
No solo eso: denunció en la justicia (esa misma justicia que hoy sigue controlando con mano más firme que cualquier gobierno, cuando de sus intereses se trata) al funcionario público que intentó, simplemente, hacer cumplir la ley.
Y de aquella denuncia viene esta condena a Sabatella del impresentable (uno más de tantos) juez Lijo, que horas antes de firmar ese fallo también decidió no investigar la compra del testimonio judicial del "arrepentido" Vanderbroele contra otro preso político, Amado Boudou, también blanco de la furia de Clarín, por cruzarse en sus negocios: así de poderoso es el hólding que aun encabeza Héctor Magnetto.
Tanto que consiguió que Macri, apenas asumido, derogara de un plumazo mediante el DNU 267/15 los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522 que le molestaban y que la Corte había declarado constitucionales. Poco después, el ENACOM comandado entonces por Aguad archivó los planes de adecuación, que el multimedios jamás estuvo dispuesto a cumplir.
Hoy el presidente es Alberto Fernández, que transitó el gobierno de Néstor y parte del de Cristina como Jefe de Gabinete en lo tiempos de paz entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín, y ya no estaba en el gobierno cuando comenzó la disputa por la ley de medios. Una disputa a la cual le dio el valor de servir para demostrar el rol político de los medios en general, y el de Clarín en particular; pero no más que eso.
Y un presidente que, ya como candidato, expresó que no tenía intenciones de "reincidir" en la pelea por eliminar la concentración mediática, al menos bajo la forma de una ley promovida por el Estado con regulaciones en contra de las posiciones dominantes en el mercado de las comunicaciones audiovisuales; para lo cual hubiera bastado con tumbar el DNU 267, y reponer los artículos originales de la ley SCA que éste amputó.
También sobrevive incólumne a la ida del macrismo del poder, la fusión de Cablevisión y Telecom que no hizo sino aumentar el predominio del pulpo clarinista en todos los ámbitos del mercado en que desarrolla sus negocios, y no hay muestra de voluntad del gobierno de avanzar para que eso cambie, en algún momento.
El tiempo dirá si la decisión de no hacerlo fue correcta (desde acá pensamos que no, porque deja intacto el poder de fuego de un grupo enemigo de la democracia), pero que le quede en claro a Alberto que el fallo de ayer no fue solo contra Sabatella: es también contra él, por si en algún momento -como les pasó a Cristina y a Néstor a partir del conflicto con el campo- se le ocurre cambiar de idea.
me gustaria ver la sentencia para ver si fue bien o mal condenado.
ResponderEliminarClaro, eso cambiaría todo.
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