NUESTRA REPUTACIÓN NOS PRECEDE

Buenísimo como siempre. Pone el asunto en su lugar: lo que están dispuestos a hacer ellos lo sabemos. El asunto es que está dispuesto a hacer el gobierno.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 10, 2020

Contra el sentido común instalado por los medios, la realidad y nuestra historia marcan que los "populistas irresponsables que sacrifican el bienestar futuro por un provecho a corto plazo" terminan pagando las deudas que asumieron los "republicanos serios y responsables que sientan las bases para un crecimiento sólido, aun a costa de sacrificios presentes".

Y esta etapa que transita el país, con la pandemia como telón de fondo, no es la excepción: se piense lo que se piense al respecto, el gobierno lanzó una oferta de canje de deuda a los acreedores externos, que en su gran mayoría estos rechazaron, y se sigue negociando; y buena parte de esa deuda la contrajo el gobierno de Macri, sobre todo entre 2016 y 2018, sin contar el colosal préstamo del FMI, uno de los más grandes de su historia.

Mientras tanto, siguen corriendo los plazos para una posible oficialización del default que, de hecho, existe desde que en 2018 Macri decidió ir, justamente, al FMI. En ésta nota de El Destape a la que corresponde el intercambio tuitero de apertura Claudio Scaletta analiza con su habitual solvencia los efectos que un default "formal" podría tener sobre la economía, y allí nos remitimos.

Lo concreto es que el alto grado de rechazo de los acreedores a la propuesta del gobierno posiblemente no tenga tanto que ver con sus términos en sí (al final, resultó ser menos agresiva de lo que se pensaba), como con la intención real del gobierno de llegar al default, si no le quedara otro remedio.

En ese sentido el kirchnerismo carga en sus alforjas con el "mal antecedente" de haber sido en sus gobiernos, un pagador responsable de aquello a lo que se comprometió, en los canjes del 2005 y el 2010: precisamente la virtud de los dos estuvo en haber planteado una reestructuración agresiva, pero que permitió que la economía creciera, para poder -entre otras cosas- pagar la deuda.

Bajo esas mismas premisas el gobierno actual armó su propuesta, y sancionó la Ley 27544 de "sostenibilidad del pago de la deuda": como dice Scaletta, "La propuesta argentina es una pequeña quita de capital y regresar a tasas de interés razonables a fin de que los pagos se adapten a la capacidad de generación de divisas de la economía, pero los fondos insisten en profundizar el ajuste hasta “que duela”, como lo reconoció uno de los negociadores, y pagos iniciales con fondos del FMI. A esto se refieren los analistas a sueldo de los acreedores cuando escriben que el país debe mostrar “un plan económico consistente”, nada menos que al disparate de ajustar hasta en tiempos de pandemia.".

Es decir que ahora ya no se trata de un análisis técnico sobre la consistencia o conveniencia de la propuesta, sino de una estricta cuestión política, una lucha de voluntades contrapuestas entre los que quieren (dentro y fuera del país) que todos pongamos nuestra libra de carne en forma de ajuste, en plena pandemia, para que los acreedores cobren más; y la pretensión contraria del gobierno de evitarnos ese trance, y generar una propuesta sustentable económica, social y políticamente.

Pero en ese trance, hay otro antecedente inmediato que dificulta las cosas para que lo consiga, y en el cual también nuestra reputación (como país, no ya como gobierno) nos juega en contra, y es el ruinoso acuerdo (capitulación) firmado por Macri y su gobierno en abril de 2016 con los fondos buitres que representaban a menos del 7 % del total de la deuda no reestructurada en 2005 y 2010 (y los más importantes por su capacidad de presión, mucho menos que eso); por el cual aceptamos pagar incluso lo que no tenía sentencia firme, los honorarios de los abogados y aun hoy, más de cuatro años después, seguimos sin saber a quienes en definitiva les terminamos pagando.

Ese funesto antecedente cuenta como decisivo en los cálculos de los principales fondos inversores, a los que el gobierno les ofrece no cobrar ni capital ni intereses por tres años; más o menos el tiempo que les insumiría litigar con éxito en los tribunales yanquis (en su mayoría), y cobrar más que eso: la totalidad de sus deudas, con más los intereses y costas judiciales.

Lo que en aquel momento sostuvieron como advertencia (desoída) los que se (nos) oponían (mos) al acuerdo, hoy vuelve en forma de "acto propio" que constituyó un verdadero tiro en el pie; no solo porque dio el puntapié inicial a otro proceso de endeudamiento acelerado para financiar la fuga de capitales (un comportamiento estructural de nuestra economía, tanto como la restricción externa, de la cual es una de las fuentes principales), sino porque se estaba rifando el apoyo político cosechado por Cristina en la ONU, para reestructurar deudas soberanas sobre bases más sólidas. 

Y aquel error de entonces se proyecta al presente, convenciendo a los fondos inversores de que, si nos aprietan lo suficiente, terminaremos aflojando y pagando todo cash, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga.

A menos -claro está- que el gobierno demuestre en serio que no descarta la opción del default (para lo cual no puede extender indefinidamente las negociaciones), o que no le preocupan tanto sus efectos en la economía, en el actual contexto. Es la única arma que le (nos) queda para meterles el miedo en el cuerpo, y forzarlos a negociar desde otro lugar, y no deberíamos desperdiciarla.