BAJAR LAS EXPECTATIVAS

¿Es necesaria una reforma judicial en la Argentina? Si, no hay dudas al respecto. Podemos discutir en que aspectos o con qué alcances, pero que el Poder Judicial (para no caer en el error de llamarlo "la justicia") funciona mal y amerita reformas, es algo fuera de toda discusión. ¿Las reformas propuestas ayer por el presidente constituyen un avance en ese sentido? Depende de cuan profundas entienda uno que deben ser las reformas en ese ámbito. 

Porque cuando usualmente se habla de "la justicia" debe entenderse "la justicia federal", más precisamente la que investiga delitos, más concretamente la que investiga delitos cometidos por los funcionarios públicos (ignorando el concurso necesario de partes privadas en esos mismos delitos), y durante los gobiernos del peronismo/kirchnerismo. Esa es la noción que los medios han logrado instalar en la sociedad, y nada indica que vaya a cambiar en lo inmediato: "reforma judicial" será leído siempre como "impunidad para el gobierno/peronismo/Cristina". 

Hace mucho tiempo atrás, casi 8 años, e incluso antes de que la Corte Suprema fallara en la causa de la ley de medios escribimos acá: "Como consecuencia del discurso mediático dominante, para el común de la gente el Poder Judicial está asociado al castigo de los delitos (con la eterna e inconducente polémica entre el garantismo y la mano dura), y la investigación de los hechos de corrupción del poder político: entre las extravagancias de Oyarbide y el socorrido latiguillo de “entran por una puerta y salen por la otra” se puede encerrar la percepción ciudadana de lo que es la justicia.

Y sin embargo es bastante más que eso: una madre separada que espera meses o años para poder cobrar su cuota alimentaria, un trabajador despedido que aguarda en vano el pago de su indemnización, u otros trabajadores que esperan la resolución de una quiebra para saber si se convertirán en sus propios patrones o afrontarán el horror del desempleo, también son la justicia; o en todo caso sus vidas también son atravesadas por las decisiones que toma o dilata el aparato judicial.

Cuando se reflexiona sobre la justicia desde la academia o el mundo político se pone el acento en los mecanismos de selección de los jueces, en la creencia que allí radica el principal problema que hay que resolver; estableciendo procedimientos que disminuyan la ingerencia del poder político o (suprema ilusión) la hagan desaparecer, para preservar una idea que tiene mucho de mito: la independencia del juez. 

Por otro lado y por el contrario, es poco frecuente oír que se discuta -cuando se habla del Poder Judicial- sobre las concretas condiciones de accesibilidad a la justicia de aquellos que buscan la reparación de una injusticia o el reconocimiento de un derecho; accesibilidad que va desde el costo concreto del servicio de justicia (que está en relación directa a los recursos que demanda mantener una estructura corporativa con privilegios de casta en muchos casos), hasta el uso de un lenguaje deliberadamente crítptico e inaccesible para el común de las personas (lo que garantiza el monopolio de la palabra tribunalicia por los operadores calificados del sistema), o el mantenimiento de rutinas y formas de procedimiento que parecen diseñadas para procesar los conflictos sociales en tiempos incompatibles con las urgencias de la gente común, en especial de los sectores más pobres.

A la idea tradicional del rol del Poder Judicial le corresponde una idea también tradicional de lo que es un juez: una especie de autómata aplicador de las leyes, desvinculado de su sociedad y su tiempo, sin intereses personales o sectoriales concretos que lo distraigan de su misión, incapaz de tener ideas propias en política o en asunto alguno y de expresarlas, o que en todo caso mágicamente las pondría al costado al momento de dictar sentencia: un absurdo por donde se lo mire, sin anclaje alguno con la realidad. Idea que además soslaya las concretas condiciones en que ese juez cumple su función, y lo que significa ésta en la práctica: en nuestro sistema constitucional (de control jurisdiccional o judicial difuso: todos los jueces pueden analizar la constitucionalidad de las normas) la ley no es lo que los legisladores (al fin y al cabo, los representantes del pueblo, emergidos del voto ciudadano) escribieron y votaron, sino -dado un conflicto concreto que llega a la justicia- lo que los jueces dicen que es; lo que pone a las claras la trascendencia política (sí: política) de su rol.

La que está en mora por el contrario en asumir en su plenitud estas cuestiones es la clase política, o al menos parte de ella: de hecho visto desde ésta perspectiva la idea matriz del Consejo de la Magistratura es un claro retroceso democrático, en tanto no hace sino entronizar constitucionalmente el rol de los operadores privilegiados del sistema judicial (abogados y jueces) en el proceso de formación y selección de los jueces; que no es asunto exclusivo de los que transitan a diarios por los pasillos de Tribunales, sino del conjunto de la sociedad y de sus representantes. Volviendo a la historia más o menos reciente del Poder Judicial de la Nación,  aun están allí los jueces nombrados por la dictadura, junto con los que surgieron de los pactos entre Alfonsín y Saadi en la restauración democrática, y los de la servilleta de Corach: un complejo caldo que no pareciera haber cambiado mucho (en nombres, en ideas, en prácticas) por la instauración del Consejo de la Magistratura.".

Vistos desde esta óptica los anuncios concretos de ayer (porque muchos temas quedaron abiertos a lo que aconseje la "comisión de expertos") no hay mucho para decir, e incluso aunque las reformas prosperaran, los cambios podrían no ser significativos. Sin embargo, aun aceptando que sean positivos, no se puede soslayar el marco político y social en el que se lanza la iniciativa: con otras urgencias mucho más apremiantes que atender por el gobierno (sin que esto deba interpretarse como que es una cosa u otra), con la frontal oposición de los medios hegemónicos, y con la oposición....oponiéndose de plano, antes incluso de que los proyectos tomaran estado público y se conociera concretamente que plantean.

Todo un dato frente a un gobierno y un presidente "consensualistas", partidarios de ensanchar los límites del respaldo político a sus iniciativas involucrando en él a -al menos- una parte de la oposición. El episodio de la reforma judicial muestra a las claras -una vez más, y por si hiciera falta- los límites reales a esa estrategia, y por el contrario, revela claramente como la reforma judicial planteada ha soldado diferencias (si es que existían) al interior de la oposición mayoritaria o más relevante: ahí estuvo el "amigo" Rodríguez Larreta advirtiendo sobre crisis institucionales o avances hegemónicos sobre la justicia, junto con los "irracionales" promotores de cacerolazos anticuarentena, o banderazos pro Vicentín.

Así planteadas las cosas -como son, sin agregados nuestros- todo el episodio de la reforma judicial parece para el gobierno a pura pérdida, aun si consiguiera que los proyectos prosperen. Porque incluso en ese caso luego de sancionadas las leyes deberían pasar el filtro de la propia justicia (Poder Judicial) para que no las fulmine de inconstitucionalidad como pasó con las reformas aprobadas en el 2013 durante el segundo mandato de Cristina, y superado eso, instrumentar los tortuosos procesos en el Consejo de la Magistratura para -por ejemplo- cubrir juzgados o subrogarlos.

¿Qué queremos decir con todo esto? Que no hay que hacerse demasiadas expectativas al respecto, así como que tampoco hay lugar para reculadas como en el caso Vicentín: si el gobierno está convencido de las reformas y su utilidad debe avanzar con ellas intentando que el Congreso las sancione, sin buscar acuerdos con una oposición que ya ha dicho que se opone en todos los tonos posibles, y sin importarle una coma el contenido. Y mientras tanto e incluso después que la discusión por la reforma pase (para bien o para mal), prestarle atención a otras cuestiones que son mucho más urgentes.