UN ESTADO LIBRE ASOCIADO. A VECES

 

Tal como da cuenta la crónica de La Capital a la cual corresponde la imagen de apertura, en las sesiones de ayer de la Legislatura las dos Cámaras le dieron tratamiento express  y sin ningún debate previo a dos leyes: una que reglamenta la rendición de cuentas de los llamados fondos reservados (que se usaban por la Policía y en el caso de los testigos protegidos), y otra que modifica el régimen de incompatibilidades de los fiscales y demás funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Es decir el mismo modus operandi que habían usado hace un tiempo (en el gobierno socialista, allá por 2018) para modificar el sistema de enjuiciamiento y remoción de los fiscales; un mamarracho que se reveló en toda su inoperancia éste año cuando hubo que suspender a algunos fiscales implicados en causas judiciales, de los incluso hubo quienes terminaron presos.

Desde el punto de vista institucional, un bochorno que es moneda corriente en Santa Fe desde el 2007 (cuando llegó al gobierno el Frente Progresista), justo cuando muchos votaron esperando asistir a una regeneración de las instituciones. Desde entonces la Legislatura funciona como un "Estado libre asociado" donde no rigen las leyes que aplican para el resto de los santafesinos, sino los pactos oscuros trazados entre radicales, socialistas y un sector del PJ provincial, expresado en los Senadores.

Como dijo en la semana Perotti cuando le preguntaron por un posible cambio en el sistema electoral, las preocupaciones de la gente pasan por otro lado: como salimos de la pandemia, como disminuimos los contagios, como llegar a fin de mes, o como recuperar la actividad normal. Parte de la política juega a otra cosa, con códigos y reglas mafiosas, y no por casualidad incursionan obsesivamente en ciertas cuestiones: aunque les disguste que se los digan, están defendiendo quioscos y negocios que consolidaron por años.

Se puede estar de acuerdo o no con Marcelo Saín, con su estilo personal, o con las acciones concretas que despliega desde el Ministerio de Seguridad, área compleja si las hay. Pero cuando los legisladores toman éstas actitudes, no hacen más que confirmar la veracidad de sus dichos cuando denuncia complicidades de sectores de la política con el delito organizado, en sus diferentes formas, incluyendo la policía corrupta.

El sistema acusatorio planteado en la reforma procesal penal de 2006 está fracasando en Santa Fe no por sus propias limitaciones, sino porque nació contaminado desde el principio: a los legisladores que ayer votaron una ley para que Saín no pueda volver a ocupar el cargo que ganó por concurso en el órgano de investigaciones del MPA el día que deje de ser ministro (porque basta leer el proyecto para darse cuenta que esa es la única y exclusiva finalidad), nunca les preocupó que en los 12 años de gestiones del Frente Progresista una avalancha de funcionarios políticos y militantes de la UCR y el socialismo colonizaran los cargos del MPA, algunos incluso presentándose a los concursos que ellos mismos convocaban.

Al mismo tiempo, pasan cosas: hay ex funcionarios del ex ministro y hoy diputado Pullaro (muy preocupado porque Perotti habilitó el juego online) detenidos por vínculos con el juego clandestino, fiscales designados durante el gobierno anterior presos por haber recibido sobornos, y una larga lista de altos jefes policiales del socialismo con causas en la justicia: Tognoli nunca estuvo solo, digamos.

En ese marco, parece que el problema de la inseguridad y el delito en Santa Fe es Marcelo Saín, y el modo como conduce su ministerio. Mientras tanto, ahí están en la Legislatura, durmiendo en la Cámara de Diputados, los tres proyectos de leyes de seguridad remitidos por el ministro y el gobernador Perotti, sin visos de tratamiento y sin que siquiera Lifschitz o las comisiones de la Cámara se hayan dignado a convocarlo para explicarlos; aunque sea para decirle que los consideran una bazofia y no los piensan votar.

Por el contrario tienen tiempo para dedicarse a legislar sobre los fondos reservados (que Perotti se los sacó a la Policía para dárselos al ministro) y su rendición de cuentas, y dicen que les preocupa su uso justo -pero justo vea- cuando Saín denunció que en la gestión de Pullaro se pagaron desde el Ministerio de Seguridad y con esos fondos los honorarios de los abogados que defendieron a los policías acusados de la desaparición y muerte de Franco Casco. 

Y hasta ahí con las derivaciones institucionales de lo aprobado ayer, porque queda por referir al impacto de éstas cosas al interior del peronismo santafesino. Hace poco decíamos acá que "Lo que hay que preguntarse es si el peronismo santafesino-o al menos parte de él, con importantes responsabilidades institucionales- quiere ser conducido, o se siente más cómodo "siendo líbero", es decir haciendo cada uno lo que se le canta; en lugar de siendo parte de un gobierno a cuyo triunfo electoral contribuyeron todos, en mayo o menor medida. Y del que tampoco se sabe hasta acá -al menos no hay quejas en público- que algún sector en particular haya sido marginado por Perotti, no integrándolo a sus equipos.".

Ayer los diputados dieron la talla, oponiéndose a la maniobra, mientras que los senadores -en cambio- prefirieron seguir haciendo la suya, como vienen haciendo desde hace años, sobre todo desde que se aprobó la boleta única: tienen su propia agenda, a la que se atienen, si de casualidad coincide con la del gobierno, lo bancan; y si no, alpiste: hacen lo que se les canta. Eso sí: sin dejar nunca de celebrar la unidad.