sábado, 26 de diciembre de 2020

EL ABSURDO PORTEÑO

 


Varias veces hemos analizado acá la autonomía porteña, concluyendo en que es uno de los disparates más grandes de los muchos que consagró la reforma constitucional de 1994. En la etiqueta respectiva a la derecha del blog pueden ver todos los posteos al respecto. 

Esta semana el "artificio porteño" (en palabras del vendedor de humo Jorge Asís, que suele olvidar que fue creado durante su amado menemato) sumó un nuevo bochorno, con el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad (su "Corte Suprema") que establece que solo pueden demandarle al gobierno de la CABA bancos o lugares en las escuelas públicas, quienes demuestren que no pueden pagar una escuela privada para sus hijos.

El fallo en sí bien merecería figurar en una antología de disparates perpetrados por la benemérita justicia argentina, si no fuera que además es una pintura de como funcionan en realidad las cosas cuando la derecha gobierna, en especial en la "ciudad vidriera" (para lo cual fue justamente pensada la autonomía), de la que salen los Jefes de Gobierno que se proyectan como presidenciables para terminar destrozando al país (como De La Rúa y Macri), y que ya está desplegando los cañones mediáticos para intentar vendernos el tercer buzón presidenciable: Horacio Rodríguez Larreta.

Primero, con un férreo control de la justicia (del aparato judicial, para ser más precisos) completamente opuesto al discurso republicano de la "división de poderes" y la "justicia independiente". Segundo, otorgándole un bill de indemnidad judicial a políticas públicas de deliberado retroceso y abandono del Estado en áreas críticas, como la salud o la educación. Y tercero, cagándose en la Constitución Nacional y las leyes sancionadas por el Congreso, como fue costumbre de los porteños por otra parte, al menos entre 1853 y 1880. 

El gobierno porteño en manos del PRO (desde 2007, recordamos, para los que hablan de "alternancia" en Formosa o alguna otra provincia del interior) viene desinvirtiendo en la educación pública desde siempre, violando además el mandato establecido en el artículo 24 de la propia Constitución porteña, sancionada en 1996, durante el mandato de De La Rúa como Jefe de Gobierno.

Lo cual amerita una disgresión: así como decimos que la reforma nacional de 1994 fue -en líneas generales- un desastre, la Constitución porteña de 1996 fue un placebo progresista cuyas previsiones la derecha jamás estuvo dispuesta a cumplir; placebo pensado para contener en el proyecto autonómico a las almas sensibles de la CABA que en realidad, han demostrado con los años ser completamente impotentes en términos políticos, e incapaces de generar una alternativa a la derecha que estaba predestinada a gobernar allí, en la cuna del antiperonismo y la repulsa a la tradición política nacional-popular. La conclusión alcanza al peronismo porteño, hoy hegemónico en el gabinete nacional, como insólito premio a tantos fracasos.

Pero volvamos al fallo, y a los hechos sobre los que se construyó: en las escuelas públicas porteñas faltaban bancos desde mucho antes del recorte por el Estado nacional de los fondos que Macri le había regalado a Larreta por decreto. Recordemos las famosas "escuelas contáiner", por ejemplo; o el hecho de que Larreta al reclamar por el recorte menciona como argumento la cantidad de escuelas que podría haber construido con esos fondos, pero que nunca pensó siquiera en empezar a construir, mientras los recibía: algo así como los 3000 jardines de infantes que el macrismo iba a hacer con la plata del "Fútbol Para Todos", digamos. 

Sucede que en el contexto actual, en el que Larreta intenta victimizarse como perseguido por el gobierno nacional para darle así otro envión de votos antiperonistas a su candidatura presidencial, el fallo es funcional a la estrategia política de la derecha, tanto como a sus políticas públicas en materia de educación, que es precisamente para lo que esa misma derecha buscó (en la CABA y allí donde gobernó) colonizar la justicia.

El fallo es un explícito subsidio judicial a la educación privada, y una indignante consagración en los tribunales de un mecanismo de "declaratoria de pobreza" que además violenta las opciones de las familias: alguien puede tener recursos para pagar una escuela privada para sus hijos, pero preferir -con todo derecho- mandarlos a la escuela pública.

Y si esos solos elementos bastan para descalificar el fallo y para promover la destitución por juicio político de sus autores, es necesario recordar que el Superior Tribunal porteño violó la cláusula federal de garantía consagrada en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias (y la CABA pretende ser tratada como tal, por ejemplo para acudir ante la Corte nacional en sus reclamos) el goce de sus propias instituciones, con tal de que aseguren la administración de justicia, y la instrucción primaria.

Al mismo tiempo, vulnera groseramente la Ley 26206 de Educación Nacional en cuanto establece los niveles obligatorios de la enseñanza, entre ellos obviamente la educación primaria, que lo es en el país desde la Ley 1420. Irónico -o no-, la "nueva derecha moderna y democrática" abjura de las ideas de Sarmiento.

En otro contexto, este hecho bastaría para que el Estado nacional intervenga el distrito porteño, para asegurar la vigencia de la Constitución y las leyes de la nación, como manda el artículo 31 de la primera. Bien sabemos que eso no sucederá, pero sin embargo nos preguntamos que hará al respecto el gobierno nacional (al fin y al cabo, los pibes y pibas porteñas que ven peligrar su acceso a la educación, también son argentinos), además de indignarse.

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