domingo, 3 de enero de 2021

CARPETAZOS

 


Fue una de las noticias de la semana: Vila y Manzano le compraron a Marcelo Mindlin (uno de los empresarios favoritos de Macri) su participación accionaria en Edenor, una de las distribuidoras eléctricas del AMBA. Dicen que además se meterían también en Metrogas, aunque en éste caso no hay precisiones respecto a las acciones de quien adquiriría, pero algunos afirman que sería el 70 % que está en poder de YPF, que había sido obligada a desinvertir desprendiéndose de esas acciones por Aranguren

Todos estos movimientos en empresas reguladas (en teoría) por el Estado porque tienen otorgadas concesiones de servicios públicos deben ser objeto de aprobaciones especiales, y en éste caso la compra debe ser validada por el ENRE (Ente Regulador de la Electricidad).

Pero hay otra arista del caso, no debidamente considerada al menos en la información que hasta acá ha circulado: los nuevos dueños de Edenor (Vila y Manzano) son también dueños de licencias de medios de comunicación audiovisual, y hay normas que impiden que lo sean de ambas cosas, al mismo tiempo: aun tras la mutilación producida en algunas de sus normas por el DNU 267/15 de Macri, así lo dispone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 26522 en sus artículos 24 inciso i) y 25 inciso d), que siguen vigentes y más abajo se transcriben.  

Artículo 24 inciso i)  "...No ser director o administrador de persona jurídica, ni accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones que conforman la voluntad social de una persona jurídica prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal...". Artículo 25 inciso d): "...No ser titular o accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona jurídica titular o accionista de una persona jurídica a quien el estado nacional, provincial o municipal le haya otorgado una licencia, concesión o permiso para la prestación de un servicio público;...".

También sigue vigente el artículo 56 de la ley de medios, que dice textualmente: "Registro de accionistas. El registro de accionistas de las sociedades por acciones deberá permitir verificar en todo momento, el cumplimiento de las disposiciones relativas a la titularidad del capital accionario y las condiciones de los accionistas. El incumplimiento de esta disposición configurará falta grave. ". 

Como sigue vigente el artículo 57, que crea el "Registro Público de Licencias y Autorizaciones". Así dice la norma: "La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual llevará actualizado, con carácter público, el Registro Público de Licencias y Autorizaciones que deberá contener los datos que permitan identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, parámetros técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y prórrogas, infracciones, sanciones y demás datos que resulten de interés para asegurar la transparencia. La autoridad de aplicación deberá establecer un mecanismo de consulta pública vía Internet." (las negritas son nuestras)

Hagan la prueba -como hicimos nosotros- de entrar a la página del ENACOM a ver si encuentran esa información, y nos cuentan. Pero también deberían poder buscarla en las páginas de cada uno de los medios que cuentan con una licencia, porque así lo dispone el artículo 72 de la LSCA, otro que sobrevivió a la poda del DNU de Macri: "Obligaciones. Los titulares de licencias y autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual deberán observar, además de las obligaciones instituidas, las siguientes: e) Cada licenciatario o autorizado debe poner a disposición, como información fácilmente asequible, una carpeta de acceso público a la que deberá sumarse su exhibición sobre soporte digital en internet. En la misma deberán constar: (i) Los titulares de la licencia o autorización, ...(iii) Integrantes del órgano directivo,...".

El sentido de las normas de la ley de medios era claro: por un lado que el Estado y los ciudadanos sepan quienes son sus dueños (dado que son empresas, y funcionan como tales), y por el otro, que el que maneja medios de comunicación no maneje servicios públicos, de modo que no utilice el poder de fuego de éstos para defender sus intereses, sea ocultando las quejas de los usuarios por el mal funcionamiento de los servicios, o abogando por la suba de tarifas, entre otras cuestiones.

Dicho esto y señalado que los artículos de la ley de medios que conciernen a éste caso siguen vigentes, es necesario decir que una cosa es sentar postura respecto a que no se insistirá en la ley de medios -como ha dicho el presidente-, y otra muy distinta es hacerse los boludos, y no garantizar que se cumpla como corresponde, en lo que sigue vigente.

Y por si alguno dijera -como nos pasó en Twitter- que Vila y Manzano se han desprendido de sus medios (a manos de sus hijos, socios o testaferros), cabe recordar que en su célebre y fugaz paso por el Ministerio de Comunicaciones, el "Milico Aguad archivó por "haber devenido abstractos" los planes de adecuación que presentaron distintos grupos de multimedios (entre ellos Vila-Manzano), justamente porque el DNU 267 de Macri había eliminado los artículos 45, 48 y 161 de la Ley 26522 que obligaban a desinvertir a los que tenían licencias de las que permitía la ley. Tuits relacionados:  

1 comentario:

  1. Es inexplicable no haber derogado el decreto de Macri 267/2015.
    Va más de un año del nuevo gobierno y ese engendro jurídico macrista redactado por clarin sigue vigente.
    ¿Espera Fernandez clemencia de los medios manteniendo vigente el decreto?
    Mirando TV y leyendo los diarios, puede verse lo errado de la decisión.
    Hay que derogarlo. Y se puede hacer mañana. LLeva 5 minutos redactar la derogación del decreto Magnetto y reponer la vigencia completa de la Ley de Medios.
    No hay nada que lo impida.
    El Colo.

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