miércoles, 11 de agosto de 2021

YA PASÓ, ALBERTO

 

El lunes en el acto donde anunció el lanzamiento del Plan Argentina Programa Alberto hizo el anuncio que marca el tuit de apertura, con el cual no podemos estar más de acuerdo: en los tiempos que corren Internet es (se lo declare así o no) un servicio público, que debe ser regulado por los Estados, para garantizar su accesibilidad universal, o lo más amplia posible.

La pandemia no ha hecho sino agudizar la criticidad de la conectividad digital, y en consecuencia la necesidad de regulaciones estatales al respecto; para promover y garantizar inversiones, disponibilidad y tarifas razonables. El tema es que el presidente ya hizo lo que dijo el lunes que iba a hacer, concretamente en agosto del año pasado, mediante el DNU 690 (completo acá).  

Lo que hizo el decreto fue retomar el texto de la Ley 27078 de "Argentina Digital" aprobado durante el gobierno de Cristina, que fuera mutilado por Macri a poco de asumir por el DNU 267/15, al igual que la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. E incluso avanzar sobre ella, en lo referente precisamente a Internet.

La norma fue analizada en su momento en detalle acá, y decíamos entonces: "Conceptuar una determinada actividad como servicio público supone someterla a una regulación estatal más intensa, dejando librado menos espacio al mercado: por eso el DNU define que las tarifas por esos servicios deberán ser autorizadas por el ENACOM, y que debe establecerse un servicio básico común del que ningún usuario puede ser privado. Hay por supuesto muchas otras consecuencias posibles derivadas de una regulación más intensa, como los planes de inversiones para mejorar los servicios, o la misma propiedad de las empresas prestatarias (por ejemplo las transferencias accionarias de ellas).".

Recordemos que éste mismo gobierno -más precisamente el presidente- anunciaron que no iban a insistir en la ley de medios aprobada durante el gobierno de Cristina (con lo cual, por ejemplo, Clarín sostiene su posición dominante en el mercado de las comunicaciones audiovisuales), así como tampoco ha avanzado en cuestionar la fusión entre Cablevisión y Telecom, que le permitió reforzar esa posición dominante (de la que también goza en materia de provisión de servicios de Internet), e incluso extenderse al campo de la telefonía celular, donde compite con otros jugadores de peso.

El DNU fue incluso ratificado por el Senado de la Nación en el marco del procedimiento establecido por la Ley 26122, con lo cual tiene fuerza de ley. Y sin embargo no se cumple: como no podía ser de otro modo, la justicia en lo contencioso administrativo federal de la Capital hizo lugar a un recurso de Telecom, y la causa escaló hasta la Corte Suprema, donde está prudentemente cajoneada por los chantas supremos, entre ellos el abogado de Clarín, Rosenkratz. También un juez federal de Córdoba (de donde si no) dictó una medida similar.

Es decir entonces que el presidente ya hizo lo que dijo que va a hacer, y ya se produjo lo que vaticina que se podría producir: se enojaron los que se tenían que enojar (los que tienen intereses creados en que no se regule, específicamente Clarín), y lograron su propósito: tumbar el decreto.

De modo que la cuestión ya está planteada como lo que fue desde el principio: una puja de poder, para ver quien manda, si las instituciones de la democracia que vota el pueblo, o los poderes corporativos a los que no elige nadie. Los mismos poderes que -por ejemplo- se han pasado por donde no les da el sol las disposiciones del propio presidente o del ENACOM congelaban tarifas, les ponían un tope a los aumentos que podían fijar las compañías, o las mandaban a devolver lo cobrado de más.

Como dijo alguna vez uno que de esto entendía, "mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar". Tuit relacionado: 

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1 comentario:

  1. profemarcos11 de agosto de 2021, 13:05

    Uno trata de ser fiel a las ideas que votó.
    Otros no son fieles a las ideas que prometieron para que los votaran.

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