RECALCULANDO

 

Con la salvedad que la prórroga del presupuesto no es un DNU porque está prevista en el artículo 27 de la Ley 24156 de Administración Financier, esto no está muy lejos de lo que dijimos, @andy_tow: https://t.co/ZuNxZtRz1q

— La Corriente K (@lacorrientek) December 13, 2021

Como manda la Ley 24156 de Administración Financiera, el presupuesto nacional para el año que viene ingresó al Congreso el 15 de septiembre pasado, y prácticamente no tuvo análisis ni discusión, ni siquiera en comisiones. Y según se cuenta acá en La Política Online, esta semana tampoco alcanzaría dictamen ni tratamiento porque la oposición no daría quórum a esos fines, y al gobierno no le dan los números para conseguirlo. 

Según cuentan en la misma nota, la hipótesis más probable en este momento es que el Poder Ejecutivo apele a la herramienta de prorrogar el presupuesto 2021, medida que no requiere de un DNU como allí se señala, porque está contemplada en el artículo 27 de la misma ley de Administración Financiera; norma que a su vez establece las pautas para prorrogar el presupuesto del año en curso al siguiente. 

Así dispone que en relación a los recursos corresponde  eliminar los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente (como el impuesto a las grandes fortunas), suprimir los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas, en la cuantía en que fueron utilizadas, excluir los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización, estimar cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio (lo que supone un cálculo de la inflación, el tipo de cambio y el nivel de actividad económica) e incluir los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio.

En cuanto a los gastos, la misma norma contempla que deben eliminarse los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos, incluir los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales (aquí cobra interés lo que se resuelva en relación al acuerdo con el FMI) y los indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios; adaptando los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores.

En general, tanto por el lado de los recursos como por el de los gastos, la prórroga del presupuesto vigente al siguiente ejercicio le otorga mayores márgenes de maniobra al Poder Ejecutivo, por lo cual podría no ser negocio para la oposición trabar la sanción del presupuesto del año próximo, como no lo fue en el 2010 cuando hicieron eso con Cristina.

Como telón de fondo (nunca tan bien dicho) de la cuestión subyace el acuerdo con el FMI: si no se aprueba el presupuesto, el gobierno podría ahorrarse una discusión sobre la economía en general: es un clásico que la disputa por las estimaciones de inflación, tipo de cambio y evolución del PBI se consuman la discusión, por encima del cálculo de recursos y la distribución de los gastos, es decir lo específicamente presupuestario de la ley. 

Lo que no puede evadir, en cambio, son las posibles consecuencias de un acuerdo con el FMI, que se reflejen en el presupuesto, incluso si éste es el del 2021 prorrogado con los ajuste que antes señalamos: allí por ejemplo en "Servicios de la Deuda" quedará blanqueado si el acuerdo con el Fondo supone pagos el año que viene (tal cual estaba planteado en el acuerdo original que firmó el gobierno de Macri), o los "pedalea" para más adelante como se está diciendo, en el marco de la renegociación.

Y sobre todo, se sabrá no tanto si hay o no ajuste (sobre lo que no parecen haber dudas, más allá de las afirmaciones voluntaristas de algunos funcionarios), sino en que partidas recae, y por ende en que sectores sociales o económicos. Por ejemplo que pasará con los subsidios a las tarifas de los servicios públicos (luz, gas, transporte) y en consecuencia cual será el nivel de éstas, o los subsidios a distintos sectores económicos; como el Plan Gas que beneficia a las petroleras. Lo mismo con el plan de inversión pública, es decir las obras, y su distribución geográfica (cuanto le toca a cada provincia); que suele ser una de las llaves de la aprobación de la ley.

O por el lado de los ingresos, cuanto espera recaudar el Estado nacional y por qué conceptos, porque los proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso sobre cuestiones económicas (industria automotriz, hidrocarburos, complejo agroindustrial exportador, entre otros) contemplan en todos los casas rebajas o exenciones de impuestos, es decir, recursos que el Estado resigna, y deberán compensarse con una correlativa baja en los gastos si la idea es "converger hacia el equilibrio fiscal" porque así lo exige el FMI como condición para cerrar el acuerdo. Tuits relacionados:  

No dan los números, no hay ganas de discutirlo o un mix de ambas cosas.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 12, 2021