BASADO

Abordar el fenómeno Milei desde las categorías tradicionales del análisis político puede resultar insuficiente, si bien es cierto que hay constantes que no le son ajenas, aun cuando él pretenda que sí, o que hay reglas que no se le aplican.

Hasta cierto punto es lógico que un presidente que llega a su cargo como un "outsider" a los partidos tradicionales y con un discurso rupturista (y gaseoso) contra la "casta" entienda que sus apoyos están en otro lado, y no en las instituciones sociales formales de la democracia como el Congreso, los partidos políticos o las provincias. Para él son más importantes los respaldos de Trump o Ellon Musk, que tender puentes para lograr acuerdos políticos, como lo comprueba el impasse en que entraron las negociaciones con el macrismo para formalizar una coalición.

Está claro que el presidente avanza con la motosierra porque intuye o cree que sigue gozando del apoyo social inicial, medido como él lo mide: los "likes" a sus posteos en las redes sociales o expresiones similares de un determinado sector de la inasible opinión pública. Desde esa mirada, lo que digan o puedan decir los medios le importa poco -solo en tanto perciba presuntas "operaciones" en su contra-, y lo que se exprese desde las instituciones u organizaciones sociales, nada.

De allí que para un tipo como Milei un paro general de la CGT represente poco, o no lo mueva a moverse un milímetro de su hoja de ruta. Lo mismo los reclamos de los gobernadores, o los planteos de los legisladores opositores en el Congreso. De hecho, cree que esas cosas lo fortalecen ante su base social y electoral.

Por otro lado será loco pero no come vidrio: advierte que la propia pelea con los gobernadores tiene límites concretos en las propias necesidades de las provincias de no romper definitivamente lanzas con su gobierno por una cuestión de supervivencia, y que si se la remite a los terrenos de la justicia allí juegan otros tiempos, que no son los de las urgencias de la política.  

Y advierte también que pese a lo que muchos cacarearon en contrario, el DNU 70 sigue vigente, y nada indica que en lo inmediato y en el esquema de revisión planteado por la Ley 26122 (en la que basta la aprobación de al menos una de las Cámaras del Congreso para validarlo) se lo vayan a tumbar,

Un DNU que sigue siendo la viga maestra del plan motosierra del ajuste, más aun luego de la caída de la ley ómnibus: no muchos parecen reparar en que su artículo 1º (plenamente vigente) declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.", y el Poder Ejecutivo lo ha interpretado como una patente de corso para repartir hachazos donde le plazca, como se demostró recientemente recortando el FISU, o podándoles fondos a la provincia de Buenos Aires.

La pregunta que nos hacemos todos -ante éste panorama- es cuáles son los límites de la tolerancia social al ajuste, no solo apelando a la memoria social de experiencias pasadas similares, sino precisamente cuando la propia base social del gobierno está compuesta en buena medida por víctimas de ese ajuste, con lealtades políticas diluidas que pueden desilusionarse del experimento libertario con la misma intensidad emocional con la que se entusiasmaron. Y en ese caso, no necesariamente están acostumbrados a canalizar su descontento por vías organizativas que no sienten que los contengan o expresen, como los sindicatos, los movimientos sociales o los partidos políticos.  

Y un dato no menor a tener en cuenta: lo que para unos puede ser una catástrofe (un estallido social que se traduzca en conmociones y hasta violencia), para alguien como Milei puede ser un efecto deseado para su idea mesiánica de refundar la sociedad argentina, sobre nuevas (o viejas, según se mire) bases. De allí que el presidente se vanaglorie de la licuadora (de salarios, jubilaciones y ahorros), y sostenga frente a quien quiera oírlo que no hay otro plan que la motosierra, y no es negociable.

Claro que lo él crea no condiciona (o al menos no debería hacerlo), lo que hagan los demás: acá contaba Mariano Martín en Ámbito como parte de la dirigencia de la CGT estaría evaluando posponer otro paro general porque el decreto desregulador de las obras sociales no fue tan pernicioso para los sindicatos como podía esperarse, y remitiendo a cada gremio adherido pelear en las paritarias por sus salarios o empleos en riesgo. No parece una estrategia que tome cabal cuenta no ya del nivel de la amenaza que enfrentan los trabajadores -registrados o no-, sino del hecho de que el paro del 24 de enero concitó adhesiones que exceden en mucho al universo de representación de la central obrera.

Otro tanto parece ocurrir en los dominios de la política: desde comportamientos patológicos como los de la UCR (cuyos legisladores cuestionan públicamente decisiones del gobierno que luego terminan avalando) hasta los de aquellos que no se deciden a avanzar en la búsqueda de acuerdos para intentar mecanismos institucionales como el pedido de juicio político al presidente -para lo que sobran los motivos- por miedo a que les pongan el sayo de golpistas; o a decidirse a intentar de una buena vez tumbar el DNU, algo que a esta altura de los acontecimientos parece una mínima y elemental medida de defensa de la democracia y la paz social de los argentinos.