miércoles, 17 de abril de 2024

VOLVIERON LOS 90'

 

Hemos dicho un par de veces que Pullaro debe celebrar las salvajadas del gobierno de Milei un poco (bastante) porque las comparte, y otro poco porque le arrastran marcas: estamos todos pendientes de lo que hace el orate y no le prestamos atención a sus turradas.

Así pasó con el desconocimiento de los acuerdos paritarios firmados en el último tramo del gobierno de Perotti (en esto Pullaro fue precursor) y los despidos de personal contratado que había pasado a planta permanente en ese marco, y otro tanto con los tarifazos de aguas, luz, transporte y peajes provinciales.

Estuvo por la provincia el ministro del Interior Francos para asegurarse el apoyo de Pullaro y los diputados nacionales de "Unidos Para Cambiar Santa Fe" tanto al  DNU como a la nueva ley ómnibus, y el gobernador lo esperaba con el presentismo docente reinstaurado unilateralmente por decreto, pocas horas después de que el gobierno lograra cerrar trabajosamente la paritaria del sector, que terminó aceptando un magro aumento en una votación dividida cuya transparencia fue cuestionada por sectores internos de AMSAFE.

En línea con el intento nacional (consagrado en el DNU) de reglamentar el derecho de huelga hasta hacerlo casi desaparecer y declarar en ese contexto a determinadas actividades (entre ellas la docencia y la educación) como esenciales para impedirlo, Pullaro acaba de decirles a los docentes santafesinos (muchos de los cuales lo votaron) que no esperen mejoras salariales significativas en el resto del año: ése y no otro es el sentido del decretazo del "premio" a los docentes que no falten por ningún motivo.

Al mismo tiempo propicia un debate legislativo por la reforma del régimen previsional de la provincia que, a cuento del déficit de la Caja de Jubilaciones, plantea -no tan abiertamente, pero lo hace- la suba de la edad jubilatoria, el aumento de los aportes personales de los trabajadores, la eliminación del 82 % móvil o un mix de todo:

En el colmo del absurdo, el ministro de Economía de la provincia dice que el presentismo no es sueldo y por eso no se discute en paritarias, sino que es "una decisión de gobierno". Lo que no dice es que fue su propio gobierno el que arrancó la gestión diciendo que el ausentismo docente era muy elevado, y que era un tema que debía ser parte necesaria de la discusión en paritarias.

Como tampoco dice que el sueldo del gobernador y sus funcionarios políticos tampoco se discute en paritarias, pero aprovechan para aumentarlo cada vez que se disponen aumentos para los empleados, como veíamos acá, y como volvió a suceder ahora, con la paritaria cerrada con los gremios de la Administración Central: 


Y por si toda esta revisitación de los 90' en línea con Milei fuera poco, empiezan a hablar de la privatización de las principales empresas públicas (la EPE y ASSA), menos de una semana después de que el gobernador presentaba como novedoso el repelente para mosquitos fabricado por el LIF en la gestión de Perotti, diciendo en la ocasión que en Santa Fe se seguía confiando en la capacidad del Estado como empresario.

Para sondear el terreno privatizador, apelan a todo tipo de estrategias: o lo hacen a través del periodismo amigazo como el de Rosario 3 en el caso de la EPE; al que usan para blanquear una supuesta oferta de un fondo inversor árabe para comprar la empresa, y de paso echarles la culpa de tener que venderla a los empleados, que serían los culpables de todos sus males, cuando los sueldos representan apenas el 21,14 % del total de los gastos de la distribuidora, casi la mitad de la incidencia que el gasto en personal tiene en general en el Estado provincial; y mucho menos de la mitad de lo que gasta la distribuidora provincial en comprar energía en el mercado mayorista, más con los tarifazos nacionales en la generación.      

O directamente los funcionarios responsables del área como Boscarol en el caso de ASSA, que salen a plantear la privatización como una salida con argumentos mitad falsos y mitad delirantes, como hacer de la empresa (hoy una SA) una SRL, como si fuera una ferretería de barrio. Dice Boscarol que Aguas Santafesina se financiaba en el último año del gobierno de Lifchitz en un 80 % con las tarifas y el 20 % restante con aportes del Tesoro, y esa proporción se habría invertido al 8 % y 92 % en el último año de Perotti, lo cual además de desmentir la imagen "ajustadora" del anterior gobernador (si eso fuera cierto significaría que prefirió subsidiar a aumentar las tarifas), es falso.

Según los datos de las Cuentas de Inversión disponibles en la página oficial del gobierno, en el año 2019 (último del gobierno de Lifschitz) ASSA se financió en un 38,05 % con recursos propios (tarifas) y el 61,95 % restante con aportes del Tesoro (subsidios), y en el 2022 (último dato disponible del gobierno de Perotti) esas proporciones fueron del 37,53 % y 62,47 %, respectivamente: es decir, casi iguales. Incluso para éste año las proporciones para éste año son un 43,63 % de recursos propios (tarifas) y un 56,37 % de aportes del Tesoro (subsidios).

Boscarol propone como si fuera novedoso un esquema en el cual el Estado haga las obras, y el operador privado preste los servicios operando la concesión, cuando eso se viene haciendo desde que en 2006 fue creada ASSA, solo que ésta cumple el rol que antes tenía el privado. De hecho, el presupuesto para éste año aprobado por la Legislatura a pedido de Pullaro contempla que el 100 % de los gastos de capital (obras y equipamiento) sean financiados con aportes del Tesoro.

Claro que -como dice Boscarol- si uno mira el Estatuto de ASSA aprobado por el Decreto 193/06 de Obeid fijaba la duración de la sociedad en 20 años que se cumplirían el año que viene, pero no es menos cierto que el artículo 3 del mismo dice lo siguiente : "El término de duración de la sociedad será de veinte (20) años contados de la fecha de inscripción registral de la sociedad pero debe extenderse, mediante modificación estatutaria, hasta que expiren la totalidad de las obligaciones emergentes del contrato de concesión que celebre con la Provincia de Santa Fe. Igual extensión se producirá en caso que se prorrogue el término del Contrato de Concesión.".

Es decir que no es como dice Boscarol que hay que ver que se hace con ASSA, sino al revés: primero definir si los servicios de agua potable y cloacas en Santa Fe los va a seguir prestando el Estado o los concederá para su explotación a grupos privados, y una vez definido eso, resolver que se hará con Aguas Santafesinas. Y esa definición le corresponde a la Legislatura, porque no sea cosa que los ex Frente Progresista (y hoy Unión Democrática con el PRO adentro) quieran hacer con el agua y las cloacas lo mismo que hicieron en el gobierno de Binner con la autopista Santa Fe-Rosario: interpretar la Ley 11157 de Reutemann como que los autorizaba permanentemente a privatizarla por decreto, y así lo hicieron.

Cuando era inminente la caída de la concesión otorgada por el gobierno de Reutemann al Grupo Suez (porque recordemos por si hiciera falta que esos servicios ya estuvieron en manos privadas en Santa Fe, y la experiencia terminó en un rotundo fracaso), la Legislatura provincial sancionó la Ley 12516, cuyo artículo 3 dice lo siguiente: "A los efectos del Artículo anterior, facúltase al Poder ejecutivo a constituir sociedades, fideicomisos, ejecutar obras y, en general, celebrar contratos, dictar todas las normas reglamentarias y realizar todos los actos vinculados que fueran necesarios para el cumplimiento de los fines de una adecuada prestación de los servicios sanitarios.".

Y el artículo 2 al cual se remite decía "Ante el supuesto que, por cualquier circunstancia, se produjera la ruptura de la relación contractual con la empresa concesionaria Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., autorízase al Poder Ejecutivo a instrumentar y poner en ejecución un procedimiento de transición que garantice la efectiva prestación del servicio.".

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