En el Boletín Oficial de ayer salieron publicados los decretos con los que el gobierno de Milei pretende transformar el sistema nacional de inteligencia, entre ellos el DNU 614 por el cual se disuelve la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y se vuelve a crear la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), no obstante señalarse en los considerandos que hace más de tres décadas que el sistema no funciona correctamente: dos de esas tres décadas (hasta 2015) estaba encabezado justamente por la SIDE.
En el DNU se modifican además artículos de la Ley 25520 de inteligencia nacional, sorteando el debate en el Congreso, y eliminando el requisito del acuerdo del Senado para la designación de quienes encabecen el organismo. Como dato de color, el propio decreto de Milei recuerda en uno de sus considerandos que "...la muerte del ex-Titular de la Unidad para la Investigación de la Causa AMIA del Ministerio Público Fiscal, Fiscal General Natalio Alberto NISMAN, constituyó un hecho de suma gravedad institucional que generó un debate social y político acerca del funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional que contribuyó a la sanción de la citada Ley Nº 27.126.": efectivamente fue entonces -durante el segundo mandato de Cristina- la última vez que la regulación del funcionamiento de los servicios de inteligencia se discutió en el Congreso nacional, hoy nuevamente soslayado por un DNU.
Los argumentos que da Milei para volver a apelar en éste caso a la herramienta del decreto de necesidad y urgencia son como mínimo curiosos: así se señala "Que postergar la adopción de medidas tendientes a la mejora del Sistema de Inteligencia Nacional impedirá garantizar la seguridad, defensa e integridad, haciendo a la República Argentina vulnerable frente a las amenazas internas y externas." para acto seguido concluir en que "...esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida,...".
Pasando en limpio: el gobierno que denunció intentos de golpes de Estado cuando las movilizaciones al Congreso mientras se discutía la ley bases, y más recientemente, cuando un banco de los más importantes de plaza ejecutó los puts de sus bonos del BCRA, está diciendo que no puede perder tiempo discutiendo una reforma del sistema de inteligencia en el Congreso y debe hacerla por DNU, para enfrentar con premura graves amenazas internas y externas. Muy tranquilizador todo.
Como el hecho de que se diga en el decreto "Que ante una configuración internacional difusa, fragmentada y compleja, que implica la redefinición del escenario geopolítico, se impone profundizar las capacidades en materia de cooperación internacional para la producción de información de calidad y el abordaje mancomunado de problemáticas." cuando el gobierno está siguiendo una política exterior incondicionalmente alineada con Estados Unidos, sus socios de la OTAN e Israel, tanto que en el siguiente considerando del mismo decreto se advierte: "Que el protagonismo asumido por la República Argentina en el escenario global como defensor de los valores republicanos de las democracias occidentales genera la urgente necesidad de contar con los medios adecuados para enfrentar las amenazas que provengan de organizaciones terroristas internacionales.", entre las cuales el gobierno termina de incluir a Hamas.
O sea: el gobierno está diciendo que su alineamiento internacional nos convierte en posibles blancos para nuevos atentados terroristas sin aportar el más mínimo dato al respecto, sin discutirlo en el Congreso y sin explicar -al soslayar todo debate- que beneficios obtenemos a cambio de tamaños riesgos que según el propio gobierno, podríamos correr. Todo después de recordar -en el mismo decreto, en otro considerando- "Que nuestro país fue objeto de ataques terroristas en los años 1992 y 1994 a la Embajada del Estado de Israel y a la Asociación Mutual Israelita Argentina, respectivamente, cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos.", precisamente por la ineficiencia de la ex SIDE (que ahora Milei restablece) en prever los ataques, y su promiscua concupiscencia con servicios secretos extranjeros como la CIA y el MOSSAD apenas ocurridos, para encubrirlos.
También destaca el decreto el atentado contra Cristina: "Que la tentativa de magnicidio a la ex-Presidente de la Nación, Dra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, ocurrida en el año 2022, constituyó un hecho sin precedentes que puso de manifiesto una vez más las dificultades que atraviesa el Sistema de Inteligencia Nacional, por haber sido completamente inadvertida.". Es tan cierto que los servicios de inteligencia fracasaron entonces en preverlo, como que la justicia desde entonces ha hecho todo lo posible por encubrir a sus verdaderos autores intelectuales y financistas, que hoy son funcionarios de éste gobierno, como Caputo.
Por el DNU se amplían las funciones del sistema nacional de inteligencia y la AFI (ahora será la SIDE) contempladas en la Ley 25520: el inciso 1. del artículo 2 de la ley definía como "Inteligencia Nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación.", y la reforma que introduce Milei agrega "así como las oportunidades para la consecución de los intereses estratégicos de la Nación.", y al definir la contrainteligencia a la que la ley vigente precisa en el inciso 2. del mismo artículo como "...la actividad propia del campo de la inteligencia que se realiza con el propósito de evitar actividades de inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado Nacional." agrega las amenazas para "...los intereses estratégicos de la Nación, la sociedad y representantes de gobiernos extranjeros.".
También hace un agregado al mismo inciso 2. que amplía los alcances de la contrainteligencia hasta prácticamente lo que se les ocurra a los espías: "Dicha actividad incluye evitar acciones de interferencia, influencia o injerencia indebida de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Asimismo, incluye la Contrainteligencia Militar destinada a prevenir, detectar y contrarrestar acciones de inteligencia de actores que intenten afectar el propio poder militar”.". Otra vez: no tranquiliza mucho semejante visión en un gobierno presidido por alguien que cree -y lo acaba de decir- que el atentado contra Trump fue parte de una conspiración del comunismo y la izquierda internacional para terminar con el capitalismo y el mundo libre, como si estuviéramos en los tiempos de la Guerra Fría.
Y finalmente mientras se dice que podría volver Stiusso, el decreto alienta el cuentapropismo de los espías: en el texto vigente del artículo 5 bis de la Ley 25520, la violación del principio introducido en 2015 por la Ley 27126 según el cual las actividades de inteligencia serán ordenadas por las autoridades máximas del organismo entrañaba responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal, sin que se pudiera alegar obediencia debida para exculparse. La reforma de Milei eliminó esta salvedad, con lo cual cualquier espía que haga tareas de inteligencia por la suya podrá alegar que alguien se lo ordenó.
Tuits relacionados:
Cualquier lector avispado descubrirá que los nuevos decretos que reponen la vieja SIDE no fueron redactados en el país, ni por expertos en inteligencia nacionales.
— La Corriente K (@lacorrientek) July 16, 2024
Coherentes con quien los firma, ninguno de los decretos de Milei supera un test mínimo de razonabilidad. Y si no lo creen, prueben leer los considerandos de alguno.
— La Corriente K (@lacorrientek) July 16, 2024
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