EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA

 El proyecto sobre extranjerización de la tierra o como correr por izquierda a un Gobierno popular cuando previene la evasión fiscal de las corporaciones agrarias

Por Lilian Ferro (*) 

Mientras la Presidenta de la Nación exponía el tradicional mensaje de apertura de sesiones del Congreso el 1 de marzo un agrodiputado a voz en cuello la interrumpió reclamándole que legisle sobre la extranjerización de la tierra, tema que la corporación agraria a la que pertenece instaló en la agenda pública como "el" problema de la tierra en la Argentina, como respuesta a una medida fiscalizadora de la AFIP destinada a erradicar la gran evasión fiscal protagonizada por los asociados de las organizaciones agrarias de lo que se conoce como la Mesa de Enlace.

A partir de eso la agenda mediática nacional se dedicó a repetir la frase que esta corporación agraria volcaba como un problema de magnitud respecto a la propiedad de la tierra rural en el país.Y también partidos polìticos opositores se prestaban a la oportunidad de aparecer con alguna propuesta legislativa sobre el tema.


Nadie se preguntó de que fuentes se extraían los famosos 17.000.000 ha en "manos de extranjeros" como se titulaba al show mediático montado al respecto. Pocas voces explicaban tal falacia, ya que solo las provincias tienen potestad sobre los "recursos naturales", tal como se redujo a llamar al patrimonio natural en la neoliberal reforma constitucional de 1994 que legitimó la quita de potestades del Estado nacional sobre el patrimonio natural de la Argentina que venia dándose desde 1955.


Tambien registrar y catastrar la superficie territorial es competencia de cada una de las provincias, por ello para tener una cifra real sobre la propiedad nacional o extranjera de la tierra alguien debe tener la suma de la voluntad de los 23 catastros provinciales y registros de la propiedad inmobiliaria para que le brinden dichos datos, y aun existiendo tal poder, ejercerlo sobre 23 catastros y registros inmobiliarios de las  instancias provinciales.Por ello el proyecto girado al Congreso establece la necesidad de un Censo catastral nacional y un registro único de propietarios, porque debido al orden legal el Estado Nacional no cuenta con esa información.


No se escuchó a ningun periodista repreguntar sobre la fuente de dichas cifras y sobre todo preguntarse si el problema de la propiedad rural en Argentina se reducía al DNI de quienes compran y venden.


Al respecto cabe repasar algunos íìtems de la visibilización de tales problemas: concentración de la tierra, despojo violento a campesinado y a Pueblos Originarios, volcado de millones de litros de agroquímicos altamente tóxicos, fumigaciones de glifosato sobre poblaciones y sobre viviendas enclavadas entre cultivos sojeros, sojización galopante que sustituye otros cultivos vinculados a la diversificación de la producción alimentaria y que presiona sobre la superficie que se dedicaba a la cria de ganado bovino, la excesiva empresarialidad de la organización de su producción, su uso insostenible ambientalmente, la reducción a servidumbre de la fuerza laboral necesaria para ponerla en producción, desigualdades de acceso a la tierra por parte de los sectores agrarios mas desaventajados como la pequeña producción familiar; quienes ademàs en muchas regiones tienen en su abrumadora mayoria solo titulos imperfectos o derechos posesorios sobre las tierras que trabajan por generaciones, etc, et,c etc, y la lista de situaciones problemáticas sería interminable y en todos los casos los protagonistas en todas estas situaciones abusivas son en la casi totalidad empresarios argentinos.


Como suele ocurrir en actitudes tan cínicas como la que logró instalar la corporación agraria que batalló el tema en la agenda mediàtica para "castigar"  al Gobierno Nacional lo que lograron fue que se envíe un proyecto de ley al Congreso que se basa en la legislación brasileña sobre el tema, es decir si los ingenuos de siempre se horrorizaban sobre el supuesto y mentiroso "10% de la tierra en manos de extranjeros"- mientras los connacionales propietarios de tierras abusan de otros argentinos mas desaventajados de todas las maneras posibles-, ahora el debate se centra en un proyecto que propone un límite de hasta un 20% de la propiedad total de la superficie agrícola argentina y no mas de 1000 ha en cada caso individual y que no tienen efectos sobre las propiedades ya adquiridas a la fecha.


Poco reflejará la agenda mediática sobre lo que ocurra al interior de las comisiones donde se debata la propuesta y donde quedará en claro en el debate técnico y político que el tema "extranjerización de la tierra" apenas es un capítulo mas en una necesaria ley integral sobre la propiedad de la tierra en la Argentina, que tome los temas estructurales que se resumen en una mayor democratización de acceso a este factor productivo, y a la necesaria consideración del incremento de las potestades del Estado Nacional sobre lo que es mucho mas que un "recurso natural": es un patrimonio natural de los argentinos presentes y futuros y un eje geopolitico territorial, condición sine qua non para que exista una Nación.


Y es una excelente oportunidad para retomar los principios de función social de la propiedad de la tierra que asumía la Constitución Nacional de 1949 derogada por los Golpes de Estado, que expresaba las bases legales de una Argentina con un modelo de desarrollo rural basado en ejes distributivos de la renta agraria y de los factores productivos tal como comenzamos a delinear actualmente. 


(*) Especial para este blog