Leemos en La Capital declaraciones del candidato a gobernador del Frente Progresista, Antonio Bonfatti, sobre las perspectivas de los candidatos que competirán en las elecciones del 24 de julio.
Bonfatti afirma contar con encuestas que lo posicionan en el primer lugar, segundo a Agustín Rossi y tercero lejos, a Miguel Del Sel. Lo mismo dice su compañero de fórmula Jorge Henn.
No es frecuente que los candidatos hagan este tipo de declaraciones, más allá de las genéricas afirmaciones habituales al estilo de "a nosotros los números nos dan muy bien", o cosas por el estilo; si bien el propio Bonfatti deja a salvo que las cosas pueden cambiar.
Siempre es bueno abrir el paraguas, para que después no lo maten a uno con el archivo, ¿no?.
Los socialistas dicen ser extremadamente cuidadosos de las formas, y han hecho del respeto por la calidad institucional uno de sus latiguillos favoritos.
Hace pocos días transitaron todos los medios de comunicación a su alcance para cuestionar la presunta partidización del acto del Día de la Bandera en Rosario, y se sumaron al coro de indignados por el uso de la cadena nacional por Cristina para anunciar que competiría por la reelección.
Pero en esto como en todo tienen doble vara para medir las cosas, y se pasan a nado -cuando les parece- las normas que rigen la competencia electoral.
La Ley 12.080, que regula las campañas electorales en la provincia de Santa Fe, establece en su artículo 7 que "Toda encuesta electoral y su difusión, deberá indicar expresamente la identificación de la persona física o jurídica que la realizó, la fuente de financiación y la persona que la encomendó, metodología empleada, tipo y tamaño de la muestra, tema concreto al que refiere, las preguntas específicas que se formularon, los candidatos por los que se indagó, área territorial o geográfica, fecha o período de tiempo en que se realizó y margen de error aceptado.".
Es claro que Bonfatti y Henn no han cumplido con esa obligación pese a que de sus dichos se desprende claramente que han tenido a la vista resultados de una encuesta; a menos que conversen personalmente con todos los electores con los que se crucen, les pregunten por quien van a votar (y la gente se lo cuente), y lo vayan anotando en un cuadernito.
Quizás no pueda cumplir con la ley y difundir quien hizo la encuesta, quien la contrató y cuanto la pagó, porque probablemente de ese modo nos enteraríamos que la encuestas la encargó en realidad el gobierno provincial, y en consecuencia la pagamos entre todos.
Lo que no sería la primera vez que ocurriría: ya pasó cuando las internas, como podemos ver acá en el mismo diario rosarino.
Y lo que dice el decano de la prensa argentina -al menos por esta vez- es estrictamente cierto: Nora Ventroni es funcionaria del gobierno provincial; designada justamente...para hacer encuestas.
La Ley 12.080 que Bonfatti y Henn han violado con sus declaraciones establece "multas de hasta pesos cien mil ($ 100.000) a toda persona física o jurídica, y a los actores políticos que violaren lo dispuesto en el presente artículo, según lo disponga la autoridad de aplicación."
Será interesante ver como la Secretaria Electoral de la provincia -que es, justamente, la autoridad de aplicación- lo sanciona a su jefe por la transgresión.
Si lo hiciera figuraría seguramente en el podio, no ya de las encuestas, sino de la calidad institucional.
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