LA LUPA EN EL "AJUSTE"

 

Ante esta nueva nota de Clarín sobre la revisión de los plus salariales que cobran los empleados de algunas reparticiones públicas nacionales (ordenada por el DNU 324/11), invitamos a releer esta entrada anterior de Nestornautas sobre el tema.

Decíamos nosotros en una de las anteriores entradas (en referencia al menemismo):  "...mientras el Estado era desguazado y muchos trabajadores quedaban en la calle, otros dentro del mismo Estado obtenían regímenes de privilegio o beneficios que en muchos casos son irritativos, o los mantenían; porque estaban en áreas consideradas críticas por parte del gobierno de turno, o eran bolsones de algún que otro gremio, inasequibles para el poder político (algo de esto hay en el prolongado conflicto del INDEC).

Como consecuencia de eso, la dispersión, la disparidad y la inequidad salarial (en algunos casos notoria) dentro del propio Estado es una realidad indiscutible...". 

Si vemos en la noticia capturada de Clarín los organismos estatales marcados con círculos (es probable que se nos haya escapado alguno) fueron todos creados durante el menemismo, de hecho muchos de ellos son los famosos entes reguladores emergentes de las privatizaciones concretadas (como el ENRE, el ENARGAS o la CNT) o fallidas (como la Autoridad Reguladora Nuclear); o como consecuencia de las reformas introducidas a las leyes laborales, como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Vemos también que estamos hablando de las bonificaciones de fin de año (no de los sueldos regulares, normales y habituales que percibe cada trabajador) y que las que se dejaron de pagar alcanzan a 18.800 trabajadores, o sea un 6,26 % de los 300.000 trabajadores estatales de los que hablaba Clarín cuando empezó con el asunto.

Y veámoslo además desde el punto de vista del "ajuste": aunque consideráramos que todos esos trabajadores percibían una bonificación a fin de año de 5000 $ cada uno (la cifra máxima de la que se habla en la nota), el "ahorro" del Estado sería de 94 millones de pesos, en un Presupuesto votado por el Congreso que involucra gastos por más de 505 mil millones de pesos (o sea un "ajuste" del 0,018 % del gasto).

El contexto de la medida parece ser otro: ¿es legítimo que alguien perciba una bonificación de 5000 $ a fin de año (por fuera de su sueldo y aguinaldo) cuando el mismo Estado paga 270 $ a cada beneficiario de la Asignación Universal por Hijo?

Y no se trata de decir que estamos de acuerdo con el DNU porque sí, o no plantear otras alternativas para usar mejor los recursos del Estado, sino simplemente de ponernos de acuerdo en un par de conceptos cuando hablamos de "ajuste" o de "sintonía fina".   

En este sentido la similitud de la medida con los criterios seguidos hasta acá por el gobierno para eliminar subsidios a las tarifas de los servicios públicos es notoria, lo que habla de que si hay "ajuste", está claro que no se está haciendo con un sierra de carnicero; como tantas veces ha pasado en la Argentina.