Retomamos con esta entrada un clásico de Nestornautas: la sección destinada a exponer la incoherencia política de muchos opositores, entre su discurso público y la forma en que votan en el Congreso de la Nación; o a desmitificar a los medios que dicen que algunos de esos opositores (por caso los del Frente Amplio Progresista) terminan acompañando las iniciativas del gobierno.
Y en este caso elegimos para el retorno lo que pasó con la Ley 26.733, que introdujo modificaciones en el Código Penal en el capítulo de los llamados delitos contra el orden económico y financiero; un proyecto que pasó prácticamente desapercibido por la polémica que se suscitó con la llamada ley antiterrorista, que también modificó el Código Penal.
La ley incorporó incorporó varios artículos al Código, penalizando diferentes fraudes que se cometen en las operaciones financieras de la Bolsa y el mercado de valores, punto álgido si los hay en el actual contexto internacional de crisis, y en lo que pasó en el país en las últimas semanas, con los movimientos especulativos en torno al dólar y la recurrente fuga de capitales,
La reforma penaliza por ejemplo al que "suministrare o utilizare información privilegiada a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la negociación, cotización, compra, venta o liquidación de valores negociables", o "realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio".
También quedan alcanzados por el Código Penal quien "ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas"; o "el representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, (que) informare a los socios o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos de contabilidad, consignare datos falsos o incompletos.".
También quedan alcanzados por el Código Penal quien "ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas"; o "el representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, (que) informare a los socios o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos de contabilidad, consignare datos falsos o incompletos.".
Y lo mismo quien "por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente" (o) "captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente".
También alcanza la reforma a "los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente una operación crediticia activa o pasiva o de negociación de valores negociables, con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio, para sí o para terceros", o "reciban indebidamente dinero o algún otro beneficio económico, como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles".
Es decir un conjunto de normas pensadas contra las bicicletas y curros varios de la City porteña y sus "cuevitas": mesas de dinero, especulaciones con títulos públicos o acciones, corridas cambiarias.
En contra de esa reforma (o lo que es lo mismo: a favor de la impunidad penal de los bicileteros financieros), y como pueden ver en la imagen que corresponde al acta de la sesion de Diputados, votaron todos los diputados del Frente Amplio Progresista: los socialistas de Binner (Alicia Ciciliani, Roy Cortina, Elida Rasino y Juan Carlos Zabalza), el tremendamente preocupado por la ley antiterrorista Antonio "Tony" Riestra (¿vieron que era mejor no cortar boleta?: vota todo en contra, ya van a ver) y todos los diputados del GEN (con la híper progresista Margarita Stolbizer a la cabeza, incluyendo a Gerardo Millman que hace cáscara con un proyecto de ley de entidades financieras sospechosamente parecido al que presentó Pinedo del PRO.
También votaron en contra Victoria Donda, Víctor De Gennaro y Claudio Lozano: ¿cuántas veces los habrán escuchado plantear que había gravar la renta financiera, o modificar la ley de Martínez De Hoz, o formar comisiones investigadores por colosales y gigantescos negociados de todo tipo, en palabras del propio Lozano?
Dentro del radicalismo (que votó en bloque en contra de casi todos los proyectos enviados por Cristina), votaron a favor de la impunidad de la timba financiera el ex fiscal Garrido (tan celoso él de todos los movimientos non sanctos de dinero) y los agrodiputados de Federación Agraria (siempre atentos ellos a las maniobras de los pooles de siembra) Ulises Forte y Pablo Orsolini; o la ex Proyecto Sur Graciela Iturraspe.
Y también votó en contra la novel diputada piquetera Ramona Pucheta, la que pugnaba por su banca con el mismísimo Raúl Castells: ¿manejará el MJD una mesa de dinero en la City?.
Todos ellos eligieron acompañar el voto de notorios gorilas como Ricardo Buryaile de CRA (por la UCR), Carlos Favario (del PDP de acá) o Jorge Chemes, aquel radical entrerriano que proponía matar a todos los del gobierno, poniéndolos en fila; durante el conflicto de la 125.
Para destacar en cambio, Alfonso Prat Gay de la Coalición Cívica (ex ejecutivo de JP Morgan) votó a favor.
También alcanza la reforma a "los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente una operación crediticia activa o pasiva o de negociación de valores negociables, con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio, para sí o para terceros", o "reciban indebidamente dinero o algún otro beneficio económico, como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles".
Es decir un conjunto de normas pensadas contra las bicicletas y curros varios de la City porteña y sus "cuevitas": mesas de dinero, especulaciones con títulos públicos o acciones, corridas cambiarias.
En contra de esa reforma (o lo que es lo mismo: a favor de la impunidad penal de los bicileteros financieros), y como pueden ver en la imagen que corresponde al acta de la sesion de Diputados, votaron todos los diputados del Frente Amplio Progresista: los socialistas de Binner (Alicia Ciciliani, Roy Cortina, Elida Rasino y Juan Carlos Zabalza), el tremendamente preocupado por la ley antiterrorista Antonio "Tony" Riestra (¿vieron que era mejor no cortar boleta?: vota todo en contra, ya van a ver) y todos los diputados del GEN (con la híper progresista Margarita Stolbizer a la cabeza, incluyendo a Gerardo Millman que hace cáscara con un proyecto de ley de entidades financieras sospechosamente parecido al que presentó Pinedo del PRO.
También votaron en contra Victoria Donda, Víctor De Gennaro y Claudio Lozano: ¿cuántas veces los habrán escuchado plantear que había gravar la renta financiera, o modificar la ley de Martínez De Hoz, o formar comisiones investigadores por colosales y gigantescos negociados de todo tipo, en palabras del propio Lozano?
Dentro del radicalismo (que votó en bloque en contra de casi todos los proyectos enviados por Cristina), votaron a favor de la impunidad de la timba financiera el ex fiscal Garrido (tan celoso él de todos los movimientos non sanctos de dinero) y los agrodiputados de Federación Agraria (siempre atentos ellos a las maniobras de los pooles de siembra) Ulises Forte y Pablo Orsolini; o la ex Proyecto Sur Graciela Iturraspe.
Y también votó en contra la novel diputada piquetera Ramona Pucheta, la que pugnaba por su banca con el mismísimo Raúl Castells: ¿manejará el MJD una mesa de dinero en la City?.
Todos ellos eligieron acompañar el voto de notorios gorilas como Ricardo Buryaile de CRA (por la UCR), Carlos Favario (del PDP de acá) o Jorge Chemes, aquel radical entrerriano que proponía matar a todos los del gobierno, poniéndolos en fila; durante el conflicto de la 125.
Para destacar en cambio, Alfonso Prat Gay de la Coalición Cívica (ex ejecutivo de JP Morgan) votó a favor.
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