Tercera entrega del tema de la petrolera estatal: descripto en las dos anteriores el panorama jurídico y económico en que se desenvuelve el asunto, corresponde seguir analizando las alternativas de creación de una empresa estatal de hidrocarburos.
Decíamos en la primera entrega que al pensar en el tema se apuntaba de inmediato a YPF no sólo por su largo pasado bajo administración estatal, sino por su posición dominante en el mercado de hidrocarburos y combustibles: para poder tener ingerencia allí, es necesario tener el control de YPF, o del volumen de negocios que ella representa.
La estatización de una empresa (sea que se la recupere para el Estado, o que siempre haya estado en manos privadas) presupone una compleja ingeniería jurídica y financiera: allí está el caso de Aerolíneas Argentinas (cuya expropiación al Grupo Marsans no está todavía saldada) para demostrarlo.
Además de la decisión política de llevar adelante la estatización (si ése fuera el caso, y no crear una nueva compañía, sea o no sobre la base de ENAR S.A.), hacen falta recursos, logistica organizativa para reemplazar a los dueños actuales en la gestión de la empresa y un negocio para desarrollar.
En el caso del petróleo e YPF -claramente más complejo que el de Aerolíneas, por muchos motivos- hay que computar otro factor necesario de la ecuación, que son las provincias que -como se dijo antes- son las dueñas de la mayoría del recurso con el que opera la empresa: los yacimientos de petróleo.
Supongamos que el Estado nacional toma la decisión de estatizar YPF, sea comprando el número de acciones que le permitan controlar su voluntad social (para lo que hay que tener en cuenta además que la empresa cotiza en las Bolsas, del país y del extranjero, y por ende parte de sus acciones están en oferta pública); y que para eso obtiene la autorización legal del Congreso (el kirchnerismo controla ambas Cámaras y parte de la oposición aprobaría la iniciativa, es decir que allí no habría problemas).
Aun quedaría por delante el problema del precio a pagar (sea una tasación hecha por el propio Estado a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, o calculada en base a su valor de libros y la cotización en bolsa de la empresa), que obviamente no es un problema menor y sería motivo de controversias.
Una inversión seguramente importante, en momentos en que las cuentas públicas exhiben dificultades; pero que debe contrapesarse con el peso que tiene la importación de combustibles en la balanza de pagos.
Claro que esta última aclaración es a futuro, porque no es que mágicamente y de un día para otro (con sólo volver el Estado nacional a tomar control de la compañía) la producción de petróleo aumentaría sustancialmente, y el país debería dejar de importar combustibles.
A menos que el Estado (una vez adquirida la empresa) decidiera no sólo incrementar la producción sino restringir o cerrar las exportaciones de petróleo y combustibles: en ese caso resignaría los ingresos por retenciones (en todo o en parte), pero aumentaría la oferta en el país y por ende disminuiría las importaciones de combustibles (más de 7500 millones de dólares el año pasado, como dijo Cristina); y a su vez se apropiaría de los ingresos por la venta del petróleo a otras compañías, o el combustible, ambos en el mercado interno; claro que a precios de éste. Es cuestión de sacar cuentas.
Si el Estado nacional adquiriese YPF, se haría también con los derechos que la empresa tiene hoy en los contratos vigentes para explorar y explotar yacimientos en las provincias; pero tendría que pagarles a éstas las regalías, a menos que acepten compensarlas como aportes a la sociedad, para participar de sus ganancias.
Si bien sería algo sensato, habrá que ver si los apremios de los fisco provinciales (más urgidos que el nacional) les permitirían prescindir de esos recursos, esperando captar las ganancias de la nueva petrolera estatal: no olvidemos que todo esto comenzó con las quejas de Cristina por la caída de la producción petrolera que obligó a aumentar sustancialmente las importaciones de combustible, pero al mismo tiempo privó a las provincias productoras de muchos recursos porque a menor producción, menores regalías perciben.
Además las regalías se liquidan en base al precio del petróleo en boca de pozo, y las retenciones por un valor de corte de acuerdo al precio internacional: más allá de los 42 dólares, el Estado se queda con la diferencia de lo exportado por las petroleras (como la famosa "curva" que planteaba la 125 original por arriba de los 600 dólares por quintal de soja).
Por esa razón muchas veces las provincias terminaron siendo todos estos años aliadas de las petroleras: cuando les reclamaban aumentar las regalías (que están en los contratos y concesiones que les fueron transferidas por la Nación en la mayoría de los casos) o calcularlas sobre el precio internacional del petróleo, las petroleras les pedían que intercedan ante la Nación para bajar las retenciones, y así compensar por un lado lo que perdían por el otro.
Queda por analizar brevemente la alternativa de conformar una petrolera estatal, pero no ya sobre la base de re estatizar YPF, sino creando una nueva empresa, o capitalizando ENAR S.A., y un par de temitas más, pero eso será en la cuarta (y prometemos que última) entrada.
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