EL EXPERIMENTO PORTEÑO III

Por Raúl Degrossi

La conferencia de prensa de Macri rechazando el traspaso de los subtes aprobado por una ley del Congreso no es solamente un bochorno institucional, o la exhibición de un patetismo político (expresión de la escasa envergadura del personaje) tan evidente, que no escapa aun a miradas contemplativas para el hombre del PRO; como lo comprueba esta columna de Eduardo Fidanza en La Política On Line.

Es una muestra más de la necesidad de abordar en serio -en una futura reforma constitucional- uno de los mamarrachos más grandes de la reforma del 94': la autonomía porteña; un verdadero ornitorrinco institucional (una especie de animal inclasificable) que analizáramos acá y acá; al que le abrió la puerta el artículo 129 de la Constitución reformada, y que la Ley Cafiero (24.588, de 1995) intentó morigerar poniéndole algo de sensatez, para preservar los intereses del gobierno nacional mientras la ciudad fuera la capital del país. 

Y hablando de la ley Cafiero: con sólo leerla resulta clarísimo que los servicios públicos que hoy son motivo de controversia (el subte y los colectivos que agotan su recorrido en la CABA) no pueden ser gestionados por otro que no sea el gobierno de la ciudad, al punto que la ley reserva a la Nación la facultad de fiscalizar los servicios que exceden el ámbito territorial del distrito porteño; lo que obviamente alcanza a los ferrocarriles y al agua potable, las cloacas y la electricidad, en éste caso más por su particular organización (fruto de viejas concesiones del Estado nacional) que por su naturaleza y despliegue.

Y otro tanto cabe decir del remanido tema de la seguridad: la reforma pedida por Macri a la ley en el 2007 le posibilitó crear la Metropolitana, pero el ensayo quedó atrapado en la lógica macrista del quiero y no puedo, o las devoluciones; y pretender que el Estado nacional solvente el tema es un absurdo: los efectivos de la Federal en los 200 kilómetros cuadrados de la ciudad son la misma cantidad con que cuenta la policía de Santa Fe para cubrir más de 133.000 kilómetros cuadrados.

Seamos serios entonces: o Buenos Aires es un municipio como cualquiera de la Argentina (que no tienen policía de seguridad a su cargo), o por su envergadura y recursos crea su propia policía, la sostiene y asume hacerse cargo de garantizar la seguridad de sus ciudadanos; se ve claro ahí como el experimento autonómico constitucional permite las comedias de enredos en que está el asunto desde que Macri es Jefe de Gobierno.

Jefe de Gobierno (lo dije una vez y lo repito: el título es una concesión constitucional al ego porteño) que -más allá de Macri- tiene resueltos de antemano la mayor parte de los problemas de gestión que son de escala municipal -y en el mejor de los casos provincial- por inversiones nacionales (asfalto, agua, luz, gas, subtes); fruto de años de unitarismo económico que desmintió al federalismo proclamado en la Constitución.

El experimento de la autonomía porteña (desentendido en su praxis de esas rispideces que desvelan a cualquier intendente de otro lugar del país) pudo dedicarse -ya en tiempos de gobiernos identificados como progresistas- a desarrollar en el Estatuto Organizativo de la ciudad exquisiteces constitucionales rayanas en el delirio.

Sobre todo si se las mide desde el escaso sustento real que les da la interminable fragmentación política que se reproduce y amplía en el distrito, o desde la absoluta incapacidad para desarrollar niveles de gestión pública mínimamente acordes con los enormes recursos per cápita de que dispone el Estado porteño; tanto antes como después de la llegada del PRO al gobierno.

Por eso es imprescindible revisar en el futuro la idea de la autonomía porteña, en un contexto más amplio (como por ejemplo la creciente conurbanización de la CABA en términos sociales, algo que viene planteando hace un tiempo Artemio López) para reducirla institucionalmente a escala municipal, y acorde con eso fijar su régimen de relaciones con el Estado federal; preservando el principio de elección popular de sus autoridades.

Porque además está en entredicho la viabilidad del supuesto político sobre el cual la autonomía porteña fue concebida en el 94': la "isla ilustrada" que refulgía como un faro de civilización opuesta a las rusticidades del interior, mayoritariamente en poder de los peronismos de distinto signo, la cabecera de playa para la reconquista de la Argentina por las supuestas alternativas superadoras (por derecha o por presunta centroizquierda) del movimiento fundado por Perón.

La saga de los subtes pone un interrogante -mayor aún que las vacilaciones y la abulia de Macri- a la demorada proyección nacional del PRO, enzarzado ahora en una pelea con la UCR (única estructura política con desarrollo territorial sobre la que montar su expansión hacia el interior); lo que demuestra rotundamente la maestría de la jugada de Cristina al remitir el tema al Congreso.

Pensar desde la plataforma que brinda la autonomía porteña (como se viene haciendo desde 1994) una alternativa opositora al gobierno nacional -entonces el menemismo, hoy el kirchnerismo- y pretender rodearla del discurso "federal", es un delirio cuya pervivencia sólo se puede explicar desde la ceguera que genera en algunos sectores su atátiva hostilidad a la persistencia del peronismo como dato central de la cultura política argentina.

Los pucheritos rebeldes de Macri (quizás inconciente de sus repercusiones institucionales, como una probable intervención si se niega a cumplir con una ley del Congreso) llegan al extremo de banalizar precedentes históricos de las luchas civiles argentinas, como cuando reclama a su modo bananesco que le transfieran el puerto.

Y la autonomía consagrada por los constituyentes del 94' es una concesión parecida a los senadores nacionales otorgados a la Capital por Gorostiaga en el texto original de 1853 (algo que no estaba en el proyecto de Alberdi, acorde a lo que sucede en cualquier país federal, como EEUU o Brasil) para seducir a los autores de la secesión porteña de 1852; como años después -tras el Pacto de San José de Flores y pese a que los porteños fueron derrotados en Cepeda- les permitirían analizar la Constitución sancionada en Santa Fe y proponerle reformas, que luego fueron casi todas aprobadas.

Insistir en la vigencia del experimento de la autonomía porteña es como si el mitrismo hubiera vuelto a ganar la batalla de Pavón (e igual que entonces: por abandono provinciano) un siglo y medio después.