TODO MUY LINDO, PERO...

Resulta que la feria judicial termina en febrero, pero en marzo tenemos el inicio del año judicial, que se ve que dura dos o tres meses menos que el año del común de los mortales.

Pero no nos metamos con la duración de las vacaciones de nadie, que tenemos amigos que trabajan en el Poder Judicial (pero son buena gente, eh, no vayan a creer), y porque ya bastante problemas tuvimos con los docentes.

Se largó el año judicial decíamos, y se hizo con una modalidad que también se da acá en la provincia: un discurso del presidente de la Corte (en el caso de la Nación, Lorenzetti) en el que discurre sobre temas varios, y al que algunos pretenden poner como contrapunto del discurso que da anualmente el presidente ante el Congreso (como Cristina la semana pasada); que es una exigencia de la Constitución.

La importancia mediática del discurso se potencia cuando el presidente de turno (como sucede con Lorenzetti) es afecto a la exposición pública, y también a transitar todos los tópicos recorridos y lugares comunes de la agenda de los medios: ver si no en sus palabras del martes las alusiones a la publicidad oficial, los trenes, el equilibrio entre los poderes, la censura y la mar en coche.

Como para garantizarse una amplia cabida en las páginas de Clarín, sin ir más lejos; aun corriendo el riesgo de que sus expresiones sean tergiversadas, tanto por el título catástrofe de Clarín que vemos en la imagen, como por la columna de Ventura en La Nación de ayer; como lo marca acá el Ingeniero: son los riesgos que se corren con la exposición mediática.  

Cosa que no estaría mal si en el discurso diera algunos lineamientos sobre los criterios de la Corte en esos temas, expresados en fallos; dado que no podría anticipar los que podría reflejar en eventuales fallos a dictar en eventuales causas, en las que esos temas se ventilen.

El propósito es evidentemente otro: una curiosa clase de educación cívica por parte de la cabeza del único poder del Estado que no es democrático en su conformación (no votamos a los jueces), que no depende de la voluntad popular (porque tienen garantía de inamovilidad) y hasta escapa a reglas que juegan para el hombre común de la calle (ése que le preocupa a Lorenzetti cuando sube a un tren); como por ejemplo pagar impuestos.

Clase en la que interpela desde un púlpito (que bien podría remedar la función que en otros tiempos cumplían los de las iglesias en los Te Déums) a los poderes que sí son elegidos por el pueblo, y que deben revalidar periódicamente ante ese mismo pueblo sus pergaminos.

La renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (por la metodología con que se hizo, por las personas que llegaron a ella, por haber barrido con la impresentable Corte menemista) fue, sin dudas, uno de los mayores logros del kirchnerismo, y una de sus mejores contribuciones a la tan remanida calidad institucional.

Pero eso no quita que se señalen estas cuestiones, porque sin llegar al extremo de sostener que "los jueces deben hablar por sus fallos" (lo que es incuestionablemente cierto: lo primero que deben hacer es resolver las causas que tienen a su cargo), y celebrando la apertura de la justicia al debate y participación (como las audiencias públicas que esta misma Corte ha impulsado en muchas causas); hay zonas vedadas al Poder Judicial, y que permanecen iguales aun con una Corte renovada.

No se puede desconocer el impulso que ésta Corte les ha dado a las causas por violación a los derechos humanos en la dictadura, como tampoco que ha tenido fallos relevantes en materia de garantías individuales y derechos de los ciudadanos.

Pero no se puede decir lo mismo en cambio de aquéllas causas que rozan los intereses del poder que resiste a todos los cambios de gobierno, y que es inmune (o pretende serlo) a los resultados electorales: el poder económico.

Y no nos estamos refiriendo exclusivamente a la causa promovida por Clarín para que no se le aplique la cláusula de desinversión de la ley de medios (que duerme hace meses en la Corte, con un contundente dictamen del Procurador Righi para dejar sin efecto la impresentable cautelar ordenada por el juez Carbone).

Resulta que, si uno repasa la trayectoria de ésta misma Corte en ese punto, se encuentra por ejemplo con que falló a favor de Shell en las multas aplicadas por Moreno por violar la ley de abastecimiento;  a favor de Telefónica para pagar menos Impuesto a las Ganancias; de Cablevisión para permitirle aumentar las tarifas o (lo que es más preocupante) de las empresas que reclaman ajustar sus balances por inflación para pagar menos Impuesto a las Ganancias, o directamente no pagar nada.  

Supongamos por un momento que en todas esas causas (y otras que se podrían agregar) los fallos son justos e irreprochables, y preguntémonos entonces: ¿conoce alguno alguna causa trascendente en la que, estando involucrados los intereses de algún grupo económico importante, la Corte haya fallado en su contra?

¿O tendremos que creer que esos grupos siempre se mueven en forma intachable, con absoluto respeto por las normas, sin vulnerar ninguna con tal de hacer negocios y el ogro es siempre el Estado, que los quiere regular o cobrarles impuestos?

En ese marco, es destacable la preocupación de la Corte por los derechos de los pueblos originarios o la contaminación del Riachuelo; pero estaría bueno verla dar algún paso contundente en esa otra dirección. 

O dicho de otro modo: no molestan las audiencias públicas con los quom o Greenpeace: lo que molestan son las reuniones privadas con Magnetto. 

Si ese paso (poner límites al poder económico en cuanto esté a su alcance) lo diera la Corte, podríamos terminar de creerle a Lorenzetti cuando dice que es necesario "un modelo que juzgue a quien tiene enfrente con imparcialidad, cualquiera sea el poder que ostente: económico, político o de otra naturaleza, ya que la justicia es igual para todos...".